La ‘enmienda Telefónica’ se amplía a las empresas con pérdidas

Alargar la carrera profesional al máximo es el último objetivo de la política laboral del Gobierno, según se deduce del decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros y restringe las jubilaciones anticipadas y parciales, así como aquéllas que afectan a los menores de 61 años.

Para ahorrar al Estado el coste de estas últimas se redactó la enmienda Telefónica, por la que las empresas con beneficios y más de 100 trabajadores tenían que hacer una aportación al Tesoro Público equivalente a las prestaciones y cotizaciones que el Servicio Público de Empleo debe abonar hasta su jubilación a los mayores de 50 años despedidos. El escándalo que suscitó el ERE anunciado por Telefónica en abril de 2011 –6.500 despidos con 10.000 millones de ganancias– creó la norma.

Desde el pasado 1 de enero, por obra del decreto recién aprobado, también las empresas que tengan pérdidas en el momento de los despidos deberán hacer frente a los costes sociales de la medida. De forma que no sólo las que luzcan números negros en sus cuentas de los dos últimos años –tal y como figuraba hasta ahora en la reforma laboral– deberán pasar por caja, sino igualmente aquéllas que durante dos ejercicios económicos consecutivos después de los despidos, en un periodo de cuatro años, vuelvan a los beneficios.

Eso sí, el Gobierno alega que, para impedir que las empresas se deshagan de sus empleados de más edad, sólo deberán ingresar la aportación económica las firmas que despidan a un porcentaje de trabajadores mayores de 50 años superior al porcentaje de la plantilla que exceda de esa edad.

Certificado e infracción

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Es decir, ahora entrarán en el radio de acción de la norma también, por ejemplo, los bancos nacionalizados o que hayan recibido ayudas públicasbancos nacionalizados y presenten planes de prejubilación, una práctica habitual en el sector. También puede tocarle a Iberia. Pero únicamente si abandonan posteriormente los números rojos, momento en que deberán enviar a la autoridad laboral correspondiente un certificado, con las cuentas y el número total de despidos efectuados, incluidos los individuales que hayan ejecutado hasta tres años antes y un año después de la fecha de los colectivos. Sólo entonces tendrán que efectuar el ingreso. En caso de falsear esos datos o no enviar la comunicación exigida, la empresa incurrirá en una infracción muy grave.

El Ministerio de Empleo desvincula los cambios introducidos en la enmienda Telefónica del hecho de que, casi dos años después de su aprobación, las empresas no hayan pagado un euro al erario público por este concepto. Dice no saber si el importe que abonarán las compañías será ahora mayor o menor que antes de estos cambios. Y recalca que su afán no es recaudatorio, sino evitar “la discriminación por edad en los despidos” y el “efecto perverso” de que las empresas no contraten a mayores de 50 años pensando en el sobrecoste que deben pagar por despedirlos. Sólo Telefónica debería haber abonado unos 350 millones de euros por sus despidos.

Entre las empresas que previsiblemente deberán pagar al Tesoro por sus despidos figuran el Banco Santander –que despedirá a un mínimo de 2.500 trabajadores tras absorber Banesto y ganar 2.205 millones en 2012–, Caixabank –3.000 despidos, 230 millones de beneficios–, Acciona –1.142 despidos, ganó 114 millones– o Iberdrola –1.200 despidos, 2.400 millones de ganancias hasta septiembre–, entre otras.