La polémica por el acceso al bono social eléctrico y térmico entre las familias numerosas sigue sin resolverse. La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, y su anterior número dos, Enrique Ossorio, han vuelto a ingresar por tercer año consecutivo la subvención destinada a hogares con pocos recursos para pagar la factura del gas, y continúan disfrutando de un descuento del 65% en el recibo de la luz. Esto ocurre pese a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió hace un año introducir un límite de renta a estas familias numerosas para que no haya barra libre, pero la revisión de la norma sigue pendiente.
Expertos en pobreza energética señalan que esta situación es una total anomalía en una ley ideada para proteger a los hogares con bajos ingresos. Desde que el bono social eléctrico se creó en 2009, la figura de la familia numerosa está recogida en el real decreto, y los analistas creen que ya es el momento de regular ese punto. "Desde 2009 se han realizado varios retoques para enfocar la ayuda a las familias con menos recursos, pero por alguna razón que desconozco nunca se ha tocado el punto de las familias numerosas", afirma Sergio Tirado, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ayudas energéticas. El bono térmico para ayudar a pagar la calefacción llegó después, en 2018, y como se concede de manera automática a quien ya tiene el eléctrico, las familias numerosas también disfrutan de él.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de diciembre de 2023, uno de cada ocho hogares acogidos al bono social eléctrico son familias numerosas: 247.361 hogares sobre 1,57 millones de beneficiarios totales en España. Dentro de estas familias numerosas, habrá unas con mayores ingresos y otras con menos, pero desde luego los expertos inciden en que la renta media de los hogares grandes es superior. "Hay de todo, pero desde luego esa imagen de familia numerosa de la Transición, con seis niños en una infravivienda, ya ha desaparecido", opina Xaquín García, investigador de políticas energéticas del Basque Centre for Climate Change (BC3).
Además, dentro de las familias numerosas, son precisamente las más ricas las que más se suscriben al bono social porque son las mejor informadas y tienen más facilidad para reunir la documentación correctamente y entregarla. El estudio A quién llegan los bonos energéticos, publicado en marzo de 2023 por el centro de estudios Esade, muestra que menos de un tercio de las familias numerosas más pobres (el 20% con menos ingresos) recibe un bono energético, mientras que más de la mitad de las ricas están acogidas a estas ayudas.
Tras conocerse el año pasado que varios políticos con enormes ingresos recibían estos bonos, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió añadir letra pequeña a este punto, y planteó que familias numerosas con ingresos superiores a 26.000 no pudiesen cobrarlos, una cifra que podría incrementarse cuantos más hijos tenga la pareja. Según el estudio de Esade, con ese tope de 26.000 euros se eliminarían dos de cada tres familias numerosas que ahora cobran el bono social eléctrico.
El anuncio tuvo entonces una fuerte contestación desde las organizaciones de familias numerosas, y la llegada de las elecciones autonómicas y nacionales pospuso el cambio normativo, que continúa en un cajón. El pasado enero, la titular de Transición Ecológica anunció en una comparecencia en el Congreso que próximamente elaboraría una nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética, donde introducirá criterios de renta, según dejó caer Ribera. "Sí, tenemos una propuesta trabajada [sobre la modificación del bono social] con las asociaciones de familias numerosas", dijo la vicepresidenta tercera tras ser preguntada por la promesa de corrección de la norma. Siete meses después, desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman que están preparando la nueva Estrategia, pero por ahora no pueden confirmar que en ella se vaya a incluir el esperado tope de renta para las familias numerosas.
Incluso la Comisión Europea ha enviado recientemente un dictamen al Gobierno reclamando que en tres meses reforme el bono social eléctrico y la tarifa regulada de la luz (PVPC) para que llegue exclusivamente a la población vulnerable. "Se anima a España a valorar la adopción de una hoja de ruta para la eliminación gradual del PVPC para las microempresas y los hogares que no se consideren vulnerables o en situación de pobreza energética", reza el texto firmado por Kadri Simson, la comisaria de Energía, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso infoLibre.
Menos de la mitad de las familias vulnerables acceden al bono eléctrico
Más allá de la polémica sobre las familias numerosas, los expertos en justicia energética coinciden en que hay un problema grave de diseño en el bono social eléctrico y térmico, porque no llega a quien realmente lo necesita. En su último informe de junio, Cruz Roja calcula que hay 2,86 millones de hogares en España con temperatura inadecuada en invierno. El Defensor del Pueblo, también recogió en su informe anual del año pasado que a cierre de 2021 el bono social estaba llegando al 55% de las familias vulnerables. En concreto, calculó que llegaba a 1,1 millones de personas sobre un total de 2 millones de hogares en pobreza energética, aunque el porcentaje ha crecido desde entonces porque los beneficiarios han crecido hasta superar los 1,5 millones.
"Si solo reciben esta ayuda el 50% de quien debería, estamos hablando de una política pública fracasada", opina Xaquín García. "Debería repensarse y entregarse de manera automática. O al menos reducirse el exceso de papeleo que se necesita para este tipo de subvenciones. Hay que abandonar esa fórmula de sospecha sobre el ciudadano", añade.
El principal problema es que muchas familias con problemas económicos no conocen estas ayudas o no saben cómo pedirlas. El proceso no es complicado, basta con enviar un formulario a una comercializadora de referencia de electricidad, junto con una fotocopia del DNI de los integrantes de la casa, el libro de familia y el certificado de empadronamiento.
Las familias numerosas con rentas altas tendrán en 2024 las ayudas a la luz y el gas que Ribera prometió limitar
Un mantra repetido entre los expertos en el bono social es que habría que copiar el modelo portugués, que activa de manera automática el descuento en la factura de la luz y el gas sin que el ciudadano vulnerable tenga que pedirlo. Se instauró en 2016 y en su primer año de funcionamiento disparó por ocho los beneficiarios de las ayudas energéticas.
La clave está en la colaboración entre diferentes administraciones. La Agencia Tributaria portuguesa calcula los ingresos de cada unidad familiar a partir de la declaración de la renta. Cuando encuentra un beneficiario, envía sus datos a la Dirección General de la Energía y la Geología para que active la bonificación y avise a la comercializadora eléctrica. La empresa envía luego un comunicado al beneficiario y en menos de 30 días se activa la ayuda.
En España se intentó importar este sistema, pero la idea se descartó en 2021 por la dificultad que suponía cruzar entre ministerios los datos de renta y transmitir la información a las compañías. "La cuestión técnica no es menor y en España hay muchas administraciones involucradas, por eso es posible que sea más complicado que en Portugal", entiende Sergio Tirado, un defensor de la fórmula portuguesa.
La polémica por el acceso al bono social eléctrico y térmico entre las familias numerosas sigue sin resolverse. La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, y su anterior número dos, Enrique Ossorio, han vuelto a ingresar por tercer año consecutivo la subvención destinada a hogares con pocos recursos para pagar la factura del gas, y continúan disfrutando de un descuento del 65% en el recibo de la luz. Esto ocurre pese a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió hace un año introducir un límite de renta a estas familias numerosas para que no haya barra libre, pero la revisión de la norma sigue pendiente.