La crisis económica, los nuevos modelos de gestión y la reforma del mercado de trabajo se han convertido en una mezcla letal para los estándares laborales que hasta ahora se consideraban propios de un país de la Europa rica.
Ya no son sólo las bajadas salariales para asegurar la competitividad exterior de la economía o la supervivencia de empresas en situación crítica. Ni siquiera, aunque también, el aumento de las jornadas laborales. “Hay que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis”, conminó en su día el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde el pasado diciembre por la operación Crucero. “El Estatuto de los Trabajadores se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción”, protestó hace mucho menos el responsable de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada. La conciliación familiar con el trabajo, etiqueta tan en boga en los años del apogeo, va a declinar en un concepto obsoleto. En general, lo que antes se consideraban derechos, y como tales se consagraban, además de en las leyes, en los convenios colectivos, ahora han devenido casi en privilegios o anacronismos que deben desaparecer en beneficio de la eficiencia y la recuperación económicas.
Así que la precariedad de los trabajos y sectores con menor protección se está contagiando a niveles superiores de la escala laboral. El low cost, ese nuevo concepto empresarial que, al igual que el outlet, se confirma como el paradigma de la economía en recesión, ya es también un concepto laboral. La clase media de los trabajadores se ve empujada cada vez más a rozar condiciones propias de otros tiempos, otras profesiones menos cualificadas, otros países.
Azafatas que se pagan el uniforme
Cuando Iberia Express, la división de bajo coste de la aerolínea de bandera española, empezó a volar, hace año y medio, las azafatas tenían que sufragar de su propio bolsillo el abrigo, los zapatos, la maleta e incluso el chaleco de seguridad que exige Aviación Civil. Ahora la empresa dice que sólo pagan los zapatos y la maleta. Pocas profesiones tenían hace años el glamour y las condiciones del sector aéreo. Hoy hay segundos pilotos por 50.000 euros brutos al año y azafatas con sueldos de 12.000. En las aerolíneas de bandera, esos salarios se triplican. En Vueling, el sueldo base de un tripulante de cabina es sólo de 400 euros. Las mujeres cuyos uniformes diseñaron en su día Christian Lacroix, Pertegaz o Elio Berhanyer ahora tienen que limpiar ellas mismas las cabinas. “En paradas de 35 minutos no da tiempo a que lo haga un equipo de limpieza”, explica CCOO.
Claro que en Ryanair, que contrata desde Irlanda, ni siquiera cuentan con sueldo base, el uniforme se lo pagan ellas de arriba abajo y están sometidas al despido libre que se permite en la isla. Como no están dadas de alta en la Seguridad Social española, CCOO asegura que algunas han tenido problemas cuando han necesitado cogerse una baja por enfermedad. En Iberia Express, además, si se marchan antes de completar sus seis meses de contrato, deben abonar a la empresa 3.000 euros, para “compensar proporcionalmente por los meses que han dejado de trabajar para la compañía por la inversión que esta realizó en su formación”, explica la aerolínea.
Ciertamente, estos pactos de permanencia son habituales con los pilotos, por ejemplo, cuyos cursos de habilitación incluyen prácticas en costosos simuladores de vuelo. Sin embargo, el curso que reciben las azafatas de Iberia Express dura sólo cinco días y se reduce a poco menos que la entrega de un CD, según ha relatado una de ellas a infoLibre.
'Alquiler del sillón' en las peluquerías
En el caso de cadenas de peluquería como Marco Aldany, las trabajadoras –la mayoría son mujeres– deben aportar de su bolsillo peines y cepillos. Una práctica común en instrumentos más personales y caros como tijeras y navajas se ha extendido al resto del instrumental. La mayoría de estas cadenas funciona en régimen de franquicia y se han introducido en un sector tradicionalmente integrado por microempresas.
En las primeras, muchas de las peluqueras trabajan con contratos a tiempo parcial, otras ni siquiera están en plantilla: son autónomas. Aunque en España no está tan extendido como, por ejemplo, en Italia lo que se denomina “alquiler del sillón”, explica Jesús Martínez Dorado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Privados de CCOO. La cadena pone la marca y los productos cosméticos, pero no sólo el sillón, sino también cualquier otro servicio de belleza adicional corre a cargo de una profesional sin relación laboral con la empresa. En cualquier caso, y atendiendo a sus convenios sectoriales, una peluquera asalariada no cobra más de 10.000 euros brutos al año a jornada completa, asegura Martínez Dorado.
Además, la apertura de establecimientos por iniciativa de inmigrantes chinos o dominicanos, que no respetan ni los sueldos ni los horarios de los convenios, y la introducción de otros en centros comerciales, que funcionan todos los días del año, suponen una dura competencia por la que es fácil dejarse arrastrar. Ahora es posible peinarse, teñirse o hacerse la manicura a las 11 de la noche de un sábado en cualquier peluquería céntrica, o a las 10 de un domingo en una gran superficie.
Grandes almacenes en precario
Ni siquiera una empresa líder como El Corte Inglés se salva de los vientos de cicatería laboral. El convenio sectorial recién firmado por los sindicatos Fetico y Fasga ha dejado a los 100.000 empleados de la hasta hace poco primera empresa de distribución española sin cobrar el plus por trabajar domingos y festivos, ha aumentado en 28 horas su jornada anual y congelado los sueldos hasta 2016. Ya antes les habían rebajado las comisiones por ventas. Su calendario de trabajo ha pasado de anual a trimestral; es decir, se les puede cambiar el horario cada tres meses. Y el personal de base estará hasta cinco años cobrando el salario inicial de 13.000 euros brutos. Antes promocionaba a partir del primer año.
Así que más de 1.000 trabajadores, revela UGT, han preferido abandonar la empresa antes que aceptar las nuevas condiciones laborales, acogiéndose a la posibilidad que les brinda el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores –20 días de indemnización por año trabajado–. “Es un ERE barato y encubierto”, denuncia el sindicato.
El nuevo convenio afecta también a grandes cadenas como Carrefour, Alcampo, Fnac o Ikea. “Se están aplicando medidas diseñadas para empresas en crisis a empresas que no lo están”, resalta Javier Jiménez, del gabinete jurídico de UGT. Aunque afectados por la caída del consumo, El Corte Inglés ganó 210 millones de euros en 2011 –las cifras de 2012 se conocerán a finales de este mes–, y el resto de las multinacionales citadas siguen en beneficios. Pero prefieren curarse en salud. El Corte Inglés, por ejemplo, lleva años sin contratar personal. Hasta el punto de que en Navidad moviliza al personal de las oficinas de la calle de Hermosilla, la sede de la empresa, para atender a los clientes en los centros repartidos por Madrid, desvela el sindicato UGT. En otras compañías, el rey es el contrato a tiempo parcial, que se ha convertido en la modalidad con la que trabajan más de la mitad de los 230.000 empleados del sector. Incluso en algunas cadenas, como Toys R Us, toda la plantilla tiene este tipo de jornada.
Becarios extranjeros explotados
En Baleares, la hostelería ha descubierto las ventajas de la contratación en origen. El año pasado, 15 jóvenes de República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumanía contaron a la Inspección de Trabajo que habían sido contratados a través de una agencia de Praga para hacer prácticas en un hotel de Mallorca. Pero la experiencia quedó muy lejos de las que acompañan a los chicos Erasmus. En lugar de los 1.200 euros prometidos por 40 horas semanales, lo que dicta el convenio, cobraban 400 a cambio de trabajar 54 horas. “Traen a estudiantes europeos de Dirección de Hoteles y los tienen aquí todo el verano en el comedor quitando mesas”, denuncia el secretario general de la Federación de Hostelería de CCOO, Ginés Díez. El sindicato acaba de denunciar en la Inspección de Trabajo a un hotel que tenía 36 becarios de varias nacionalidades y sólo 22 trabajadores de plantilla.
El año pasado, el grupo Barceló fue denunciado ante la Inspección por emplear como becarios a rumanos sin permiso de trabajo. Esta temporada, explica Antonio Copete, responsable de la Federación de Hostelería de UGT, son las cadenas medianas de hoteles las que continúan sustituyendo empleados españoles por becarios extranjeros. A algunos de ellos, asegura, les cobran la comida, pese a que el convenio del sector obliga al empresario a proporcionársela gratis.
Igualmente ocurre que las camareras que limpian las habitaciones ya no pertenezcan a la plantilla del hotel. Lo mismo está empezando a pasar, alertan CCOO y UGT, incluso con los recepcionistas o los cocineros. Tras despedir a los trabajadores que se encargaban de esas tareas, el hotel contrata a una empresa de servicios de limpieza, por ejemplo, cuyo convenio fija salarios hasta un 20% más bajos que los de hostelería. “Bordea la cesión ilegal de trabajadores”, denuncia César Galiano, del gabinete jurídico de UGT.
La explotación laboral ignora la recuperación y prospera en la agricultura, los servicios y la nueva economía
Un empaste, 24 euros
Tampoco los dentistas son ya lo que eran. El aumento del número de licenciados y la irrupción de las cadenas de franquicias han cambiado el paisaje de una profesión antaño de prestigio y elevadas remuneraciones. “En España hay 30.000 dentistas, uno por cada 1.400 habitantes, cuando la OMS sitúa en uno por cada 3.500 la cifra óptima”, explica Alfonso Villavigil, presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos de España. Además, del ejercicio liberal se ha pasado al asalariado. O incluso al llamado falso autónomo. En 2010 el Tribunal Supremo condenó a Vitaldent por mantener con contratos de arrendamiento de servicios a dos dentistas, cuando su relación con la empresa era estrictamente laboral.
En las cadenas, asegura Villavigil, los odontólogos cobran un 12,5% de los ingresos netos que generan. “Y un empaste sale a 24 euros”, añade, “por lo que para cobrar 10 euros tendrían que hacer tres en una hora”. Así que sospecha que muchas veces estas cadenas terminan dando tratamientos innecesarios para hinchar presupuestos, al tiempo que se resiente la calidad de las prestaciones. “Cuando empecé, hace casi 30 años, teníamos una lista de espera de pacientes de hasta dos meses”, recuerda el presidente de los dentistas españoles, “ahora estamos satisfechos si llegamos a la semana”.
La crisis económica, los nuevos modelos de gestión y la reforma del mercado de trabajo se han convertido en una mezcla letal para los estándares laborales que hasta ahora se consideraban propios de un país de la Europa rica.