La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en los contratos de suministros de la Armada

La Fiscalía Anticorrupción investiga las adjudicaciones de la Dirección de Abastecimiento y Transporte de la Armada por unas supuestas irregularidades en los contratos de suministro. Según ha confirmado infoLibre en la Fiscalía, la investigación se deriva de la denuncia de un particular sobre los contratos de suministro de vestuario y pertrechos. La Armada ha adjudicado la mayoría de ellos al grupo Iturri, uno de los mayores fabricantes de equipos y material militar de España, cuya presidenta es María Luisa Franco Revilla. Desde 2015, el director de Abastecimiento y Transporte de la Armada es el general Jesús Franco Suanzes, sobrino de la anterior.

De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada– 11 han sido adjudicadas a Iturri, en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Además, ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección.

Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Sólo seis son contratos derivados de un acuerdo marco, una figura que la Administración fomenta para simplificar la gestión y reducir el gasto. Se trata de preestablecer en el acuerdo una serie de condiciones comunes para licitar luego contratos. Sólo dos más fueron contratos por procedimiento abierto, de los cuales uno fue anulado. Todos ellos tienen por objeto suministrar desde ropa de embarque hasta botas de seguridad, trajes ignífugos, gorras o chaquetones de mar.

Fuentes de la Armada han confirmado, a preguntas de infoLibre, que la Fiscalía les ha solicitado el envío de seis expedientes de contratación, pero dicen “no tener constancia” de que se esté investigando al general Jesús Franco o a su segundo, el coronel Javier Bellas, responsables ambos de la Dirección de Abastecimiento. “La Armada está colaborando con la Fiscalía en todo aquello que le está solicitando”, aseguran a este periódico. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, adjudicaciones por al menos 1,33 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016, según los datos obtenidos en la Plataforma de Contratación del Estado.

Familia del dictador

Iturri fue fundado en 1947 en Sevilla, como una fábrica de efectos navales, por Juan Iturri Gisbert, que se casó en 1960 con María Luisa Franco Revilla, hija del entonces teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, tal y como recogió el periódico Abc en sus ecos de sociedad. A su vez, el teniente general era primo del dictador Francisco Franco, además de su ayuda de cámara durante años. Alcanzó notoriedad en 1976, una vez muerto el generalísimo, cuando Planeta publicó sus memorias, Mis conversaciones privadas con Franco, en las que dejaba escapar un “espantoso resentimiento” hacia su primo y su esposa, Carmen Polo, en palabras del historiador Ricardo de la Cierva.

El grupo lo gestiona ahora el hijo de la presidenta, Juan Francisco Iturri Franco. La compañía ha sumado adjudicaciones públicas desde 2009 hasta 2016 por importe de al menos 25,75 millones de euros, según la plataforma de información sobre empresas infocif. Sus dos principales clientes son el Ministerio del Interior, que le ha concedido 24 contratos por valor de 6,5 millones de euros, y el Ministerio de Defensa, que le otorgó 60 contratos por importe de 5,73 millones. El año en que más adjudicaciones públicas consiguió fue 2016, con 7,25 millones de euros.

El general Jesús Franco Suanzes es nieto de Hermenegildo Franco Salgado-Araujo, hermano del ayuda de cámara del dictador. Es decir, su padre y María Luisa Franco Revilla son primos. Las fuentes de la Armada destacaron, a preguntas de este periódico, que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “En este caso, sería el cuarto grado, por lo que es legal”, precisaron.

Recursos administrativos

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Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, llegaron este año un puñado de impugnaciones de empresas suministradoras de Defensa, que denunciaban las adjudicaciones a Iturri. Entre las irregularidades expuestas, citaban que la Armada fracciona los contratos –divide en varios concursos un mismo suministro para reducir su importe y adjudicarlo como contrato menor o negociado sin publicidad, una práctica prohibida por la ley–. También advertían de las múltiples modificaciones que hace en los pliegos de condiciones, para cambiar los requisitos técnicos de las prendas. Y acusaban a la Armada de pedir prendas sólo certificadas por Iturri tanto en España como en el extranjero o, en el caso de otros posibles adjudicatarios, impone para conseguir la certificación unos plazos imposibles de cumplir por la premura de tiempo.

Las fuentes de la Armada responden que todos los recursos interpuestos fueron rechazados por el tribunal y que las empresas no acudieron después a la vía contenciosa como les permite la ley. En efecto, como se puede comprobar en la web del TARC, los recursos fueron desestimados, pero en ninguno de los casos el tribunal entró a estudiar “las cuestiones de fondo” de las adjudicaciones: los rechazó por “extemporáneos” o por haber sido presentados fuera de plazo.

En cualquier caso, en uno de ellos, Iturri alegó que los tejidos utilizados en sus suministros a la Armada “no son de una tecnología especial”, “cualquier fabricante de tejidos militares europeo o de fuera de Europa puede realizarlo” y “no son un producto exclusivo de ninguna empresa”. “La certificación de una prenda como ésta se puede realizar en menos de 30 días”, indicaba también. Las empresas que perdieron la adjudicación aseguraban en sus recursos, por el contrario, que era imposible de obtener antes de 90 días.