Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.
La última y más numerosa está a las puertas de la Audiencia Nacional y la acometen más de un centenar de franquiciados de los supermercados DIA. Aunque en los juzgados también se encuentran o se han encontrado otras enseñas tan familiares para el consumidor como Yves Rocher, Foster's Hollywood Yves Rochero YoigoYoigo. En otras como Llao Llao, Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– sus franquiciados han empezado a constituirse en asociaciones y plataformas para luchar por sus derechos y combatir lo que consideran prácticas abusivas de las marcas.
Independientemente de la enseña, e incluso del sector, las denuncias de los franquiciados son casi calcadas. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha expulsado a Vitaldent de forma cautelar por vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a “una gestión saneada y transparente”. Pero lo cierto es que las prácticas reveladas por los franquiciados despiertan sospechas sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Es la fórmula perfecta si lo que se busca es una expansión rápida de la marca. Grupo Zena –Burger King, La Vaca Argentina, Domino's Pizza, Cañas y Tapas– cuenta con 490 establecimientos; Restalia reparte 500 restaurantes en nueve país; Llao Llao nació en 2009 y dice estar presente en 28 países. En noviembre anunciaba la apertura de 70 tiendas de helados en Japón este año.
Plan de negocio ficticio, imposición de proveedores
En las demandas judiciales contra DIA, Yves Rocher o Foster's Hollywood, por ejemplo, los denunciantes aseguran que el plan de negocio que el franquiciador está obligado a proporcionar al franquiciado es ficticio. Una simulación, a veces un documento tipo, el mismo para todas las tiendas, que contiene previsiones de clientes y de beneficio irreales. En DIA prometen unos márgenes del 13% que jamás se alcanzan, aseguran los afectados.
En el caso de un restaurante de Foster's Hollywood en Ávila, el plan de negocio preveía 36.000 comensales al año, en una ciudad que no supera los 55.000 habitantes. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Ávila consideraron abusivas las condiciones del contrato de Foster's Hollywood con sus franquiciados abulenses, que habían dejado de pagar el canon al que estaban obligados por falta de ingresos. La cadena de hamburgueserías es una más de las enseñas propiedad del Grupo Zena, que en 2014 pasó de las manos del fondo de capital riesgo CVC a los de Alia Capital Partners y el líder latinoamericano de la restauración Alsea.
Ese mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) le abrió expediente por imponer a sus franquiciados todos los proveedores de productos y servicios, además de fijar los precios que éstos debían ofrecer al público. Ambas prácticas infringen la competencia. La CNMC aún no ha resuelto el expediente, abierto por una denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León.
No existe una ley de franquicias
El caso es que el control es escaso. De hecho, en España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.
En DIA e Ives Rocher los franquiciados aseguran que no tienen ningún control sobre los pedidos que adquieren. El sistema informático lo administra la marca, no ellos. Los pedidos se cobran siempre, con independencia de si la tienda vende la mercancía y el franquiciado no puede modularlos en función de sus necesidades. Así pues, el franquiciado, no el consumidor, se convierte en el cliente de la marca, protestan. En ambas empresas, pero también en las marcas del grupo Restalia, la obligación de proporcionar ofertas al consumidor final o precios muy bajos termina por minar los ingresos del franquiciado. “Nos obligan a vender a pérdida”, resumen. Otra práctica prohibida por la ley.
“Algunos no quieren trabajar”
Abrir una clínica de Vitaldent exige una inversión cuantiosa, 280.000 euros. Para estrenarse con 100 Montaditos hacen falta 150.000 euros y pagar un canon de entrada de 30.000 euros más. En Mail Boxes es necesario poner sobre la mesa 55.000 euros. DIA pide un canon de entrada de 12.000 euros, así como un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Pero la mayoría de las franquicias son mucho más modestas: la inversión media es de 68.900 euros, según el informe La franquicia en cifras 2015, elaborado por Mundofranquicia Consulting. Muchos de los denunciantes son despedidos de sectores ajenos al mundo del comercio o de la empresa en general, que han capitalizado su prestación de desempleo, invertido sus ahorros, hipotecado su casa para “emprender”. Y lo han pagado con la ruina, se lamentan.
En general, más del 50% de los emprendedores no consigue superar los dos primeros años de actividad. Es más, según las organizaciones de autónomos, el mayor índice de “mortandad” se produce en el primer año.
Los franquiciadores se defienden asegurando que las “disconformidades”, y por tanto los pleitos judiciales, son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial. Hace sólo unos días, el propietario de las tabernas Lizarrán se ponía “a disposición de sus franquiciados”, tras el cierre de todos sus locales en Galicia y de cinco de ellos sólo en Madrid, según publicó economíadigital.es. “Algunos no quieren trabajar suficientemente, otros tenían una pésima ubicación, aunque algo de culpa tendrá la empresa por no haber sabido seleccionar adecuadamente a los franquiciados”, explicaba.
“El franquiciado apenas tiene beneficios”
Los riesgos de DIA: tres franquiciados por tienda desde 2012
Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores que publicó el pasado mes de febrero. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.
“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe. No gana dinero pese a que “gestiona ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita como ejemplo los costes de personal, de residuos y por robos. Por ejemplo, al tratarse de autónomos o emprendedores, los franquiciados “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas de JP Morgan, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. El 60% de las 7.583 tiendas de la cadena son franquicias.
En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2015 un total de 18.667 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 341.966 trabajadores.
Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.