El Gobierno acelera la aprobación de tres iniciativas fiscales con las que prevé recaudar 2.900 millones más al año

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendió este miércoles anunciando la aprobación en los “próximos consejos de ministros” de la tasa Google, sobre servicios digitales, la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, y la Ley contra el Fraude Fiscal, todas ellas medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las tres iniciativas fueron aprobadas por el anterior Gobierno entre octubre de 2018 y enero de 2019, pero su tramitación parlamentaria decayó tras disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de marzo.

No obstante, Hacienda va a aprovechar el trabajo realizado para volver a presentar las tres medidas de forma inmediata. Como indicó Montero, han completado ya la fase de audiencia pública y el resto del procedimiento. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2018, incluye una memoria de impacto normativo donde el Gobierno prevé que las principales iniciativas se traducirán en un aumento de la recaudación anual de al menos 828 millones de euros. Con la tasa Google, el cálculo de ingresos de Hacienda se elevaba a 1.200 millones y para la tasa Tobin llegaba a los 850 millones. En total, las tres iniciativas deberían suponer un alza de la recaudación tributaria de 2.878 millones de euros.

Sin embargo, las cifras varían según quien elabore el cálculo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en su día las expectativas de la tasa Google a entre 546 y 968 millones de euros, mientras que dejaba las de la tasa Tobin entre 420 y 850 millones.

Aunque Hacienda elude de momento concretar plazos, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, descarta que los nuevos impuestos y las medidas de lucha contra el fraude puedan entrar en vigor este ejercicio. “Dados los plazos de tramitación es imposible que se empiecen a recaudar este mismo año, no se podrá hasta 2021”, asegura. Además, recuerda que el acuerdo político en la OCDE, el club de los 35 países más desarrollados, sobre la tasa que debe gravar los servicios digitales no está previsto que se adopte hasta finales de este año. Y que Francia ha suspendido la recaudación de su tasa Google –ya había empezado a cobrar el primer plazo– tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no le imponga aranceles. Por lo que se refiere a la ley contra el fraude fiscal, no se notarán sus efectos en la recaudación hasta el medio plazo, apunta. “Imagino”, continúa, “que el Gobierno está pensando más en la legislatura que en este ejercicio en concreto”.

El Ejecutivo ha suavizado sus previsiones de rebaja del déficit público para este año y los próximos, acompasándolo a la ralentización económica –con un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que su anterior estimación– y a un mayor gasto público. De ahí que necesite apuntalar los ingresosnecesite apuntalar los ingresos. Para 2019 la previsión de recaudación tributaria del Gobierno ascendía a 221.692 millones de euros, por lo que puede ser el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos superen los de 2007, el último año de euforia económica. No obstante, Gestha calcula que la recaudación real será 8.734 millones inferior. Aun así, crecerá un 2% por encima de la conseguida en 2018.

A las dos nuevas tasas y a la ley contra el fraude fiscal Carlos Cruzado añade las modificaciones en el impuesto sobre sociedades y en las exenciones a los dividendos de filiales como dos potentes instrumentos para aumentar la recaudación. Ambas iniciativas se encuentran también en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Por una parte, se trata de establecer una tributación mínima efectiva del 15% para las grandes compañías, que sube hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Y por otra, el Gobierno quiere reducir un 5% las exenciones de que gozan ahora las empresas por su participación en filiales.

Morosos, software ilegal, grandes patrimonios

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal tal y como fue aprobado, destaca la ampliación de la lista de morosos a Hacienda: hasta ahora entraban en ella quienes deben un millón de euros; el límite se rebaja hasta los 600.000 euros. Según los cálculos de la Agencia Tributaria, puede suponer un aumento de la recaudación de 110 millones de euros al año.

La prohibición de fabricar, distribuir y utilizar el llamado software de doble uso –se emplea para llevar dobles contabilidades y ocultar facturas– permitiría aflorar hasta 2.000 millones de bases imponibles no declaradas si tan sólo el 1% de los pagos en efectivo realizados por consumidores finales fuera ocultado a Hacienda gracias al uso de este tipo de programas informáticos. En términos de recaudación fiscal, se traduciría en 313,4 millones de euros más en el IVA y en 104,5 millones más en el impuesto sobre sociedades. Un total de 417,9 millones de euros.

Además, la ley prevé la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de contribuyentes con patrimonios revelantes, con una “capacidad operativa equivalente a 200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. Según los cálculos de Hacienda, su trabajo conseguiría unos ingresos adicionales de 110 millones de euros.

También quiere el ministerio mejorar el control sobre los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas para que “cumplan voluntariamente” sus obligaciones fiscales. Mejorando un 1% los resultados de la Agencia Tributaria en este segmento, la recaudación crecería en 120 millones de euros adicionales. La suma de estas tres últimas medidas asciende a 647,9 millones de euros, que la memoria de impacto normativo rebaja a 500 millones porque los efectos de unas pueden solaparse con otras.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se refiere a la prohibición de los pagos en efectivo. El límite pasa de 2.500 a 1.000 euros si los pagos se realizan entre profesionales o empresarios, pero se mantiene en 2.500 euros para los particulares. Entre personas físicas con domicilio fiscal fuera de España el tope se rebaja de 15.000 a 10.000 euros. Gracias a esta ampliación, el fisco debería recaudar 218 millones de euros más al año.

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A Gestha le parece adecuada, pero insuficiente, la rebaja del límite para los pagos en efectivo. “También debería haberse ampliado hasta los 1.000 euros para las operaciones entre particulares”, precisa Carlos Cruzado. Igualmente echa en falta que no se encarguen al Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estudios sobre economía sumergida y fraude fiscal “por impuestos, por sectores y por comunidades autónomas”. Las cifras y estimaciones conocidas han sido elaboradas por instituciones privadas, pero no existe ningún análisis “oficial”, precisa.

El presidente del Gestha también cree necesaria una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las agencias autonómicas. “No existe una base de datos común, por ejemplo, lo que dificulta el trabajo contra el fraude”, destaca. Finalmente, reitera una reivindicación clásica de los técnicos de Hacienda: la falta de medios humanos y materiales: “Hace falta optimizar recursos y dar más responsabilidades a los técnicos para mejorar los resultados”.

En 2018, el último año del que la Agencia Tributaria ha proporcionado datos, la recaudación por su lucha contra el fraude fiscal ascendió a 15.089 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior. Contra la economía sumergida, además, realizó 3.000 actuaciones, que se tradujeron en una regularización de cuotas por importe de 719 millones de euros. Por último, sólo con el envío de avisos de datos fiscales a arrendadores de inmuebles, la Agencia Tributaria afloró 1.346 millones de euros en bases imponibles.