Los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas entraron en vigor este jueves, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que los crea. En principio, se recaudarán sólo durante los dos próximos años, aunque al acabar 2024 el Gobierno evaluará los resultados de los tres nuevos gravámenes y decidirá si se eliminan o se convierten en permanentes. El preámbulo de la ley recoge una prolija justificación de los tres impuestos, que tiene su eje en “la necesidad de reforzar el pacto de rentas”. Como instrumento fundamental para luchar contra los efectos de la escalada de precios, el pacto de rentas es, explica el Gobierno, “una fórmula de concertación de todos los agentes económicos para el reparto equitativo del coste de la inflación”. Y los poderes públicos, que son uno de esos agentes económicos, deben actuar como “catalizador” de ese pacto de rentas.
El problema es que ese pacto no existe. El Gobierno quiso ponerlo en marcha ya en primavera, pero sin ningún éxito y, como le reprochan los sindicatos y la patronal, sin siquiera una agenda. Sin embargo, la ley lo invoca hasta 21 veces a lo largo de su preámbulo. Las nuevas “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias” que deberán pagar los grandes bancos y energéticas se configuran así como una “aportación obligatoria” que gravará, y reducirá, sus beneficios empresariales para “reforzar la acción pública dotándola de recursos adicionales para el sostenimiento del pacto de rentas respecto de los más desfavorecidos”.
En el mismo pacto de rentas, el Ejecutivo incluye, por ejemplo, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones, las ayudas directas a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, además de a los sectores agrario, pesquero, del transporte y la industria gasintensiva, los más afectados por la subida de los precios energéticos. El Gobierno aduce que el coste de esas medidas públicas es muy superior al aumento de la recaudación, pese al vigoroso impulso que está recibiendo de la inflación. Los ingresos tributarios han superado este año en 10.000 millones los previstos en los Presupuestos Generales. Pero, según explica la ley, el Impuesto sobre Sociedades no es capaz de garantizar por sí solo un pacto de rentas “equilibrado y justo”, debido a los incentivos fiscales, regímenes especiales y créditos fiscales de ejercicios anteriores, que reducen las bases imponibles de las empresas.
Casi 30.000 millones de beneficios en 2021
Para sustentar su análisis, el Gobierno hace acopio de cifras. Los cuatro grandes grupos del sector eléctrico, gasista y petrolero del Íbex 35 –Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa– sumaron 9.000 millones de beneficios en 2021. Su volumen de operaciones en el IVA creció un 70% respecto al año anterior. Y los cinco grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– ganaron 20.000 millones en 2021. Para 2023, Morgan Stanley preveía que las ganancias aumentaran hasta 26.000 millones de euros, en un cáculo anterior a las subidas de tipos de interés del BCE, subraya el Ejecutivo.
El Ejecutivo también se apoya en el Banco de España para asegurar que el alza de los tipos ensancha los márgenes bancarios, que el BCE ha subido a su nivel más alto desde 2008 para controlar la inflación. La ley se extiende en detallar los millones de euros cobrados por los bancos según ha ido aumentado el coste del dinero: 26.512 millones netos anuales entre 2016 a 2019, con un tipo medio del 1,93%, pero 35.037 millones cuando el tipo medio era del 4,25% entre 2005 y 2012. El Gobierno añade incluso los 13.400 millones de euros que los cinco mayores bancos pagaron en dividendos a sus accionistas en 2021, cuando los tipos de interés aún estaban por los suelos. Según el INE, el tipo de interés medio en octubre alcanza ya el 2,66%.
Además, en ambos sectores, el peso de los gastos de personal respecto al valor añadido que generan está por debajo de la media de las grandes empresas, que alcanza el 52,73%. Por el contrario, en las energéticas apenas supera el 25% y en los bancos el 30%.
Batería de argumentos
La prestación impuesta a la banca gravará con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaron más de 800 millones en 2019. Según los cálculos del Gobierno, el coste de ese gravamen para los grandes bancos equivale sólo al 0,06% de sus activos. “El impacto de la prestación es muy reducido”, resalta la ley, si se comparan los 1.500 millones de euros que se pretenden recaudar al año con las cifras de negocio de las mayores entidades: 660.844 millones en préstamos a hogares a más de un año y 396.054 millones a empresas, así como 917.105 millones en depósitos de hogares y 289.728 millones en depósitos de sociedades, aparte de 82.408 millones en hipotecas, de acuerdo con los datos del Banco de España.
Además, el Gobierno no deja de recordar el rescate financiero, los “importantes recursos públicos movilizados” para sanear el sector a partir de 2012. Entonces, “el conjunto de la sociedad” hizo “aportaciones” para el “rescate directo de unos pocos”. Ahora, son “unos pocos” los que deberán contribuir “en favor del conjunto de sociedad”, en nombre del “bien común y un futuro de prosperidad compartida”. El destino de estos recursos adicionales es financiar medidas de apoyo a los hogares vulnerables y a las empresas que más energía consumen, así como al ahorro y la autonomía energéticos, precisa la ley.
Finalmente, el preámbulo descarta que la prestación patrimonial impuesta a la banca se acumule con el Impuesto de Sociedades y resulte “desproporcionado”. El 4,8% del nuevo gravamen, sumado al tipo efectivo que paga la banca, el 23,02%, no alcanza el tipo nominal del 30% en Sociedades que se aplica al sector financiero, destaca el Gobierno, que intenta con todos estos argumentos “poner en perspectiva” el impacto de la nueva figura tributaria. “Como cualquier otra medida que reduce el beneficio empresarial, en este caso para reforzar el pacto de rentas, produce efectos, pero no parece que vayan a ser significativos en relación con las grandes cifras del sector”, concluye.
Cuota de mercado
Tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas han recibido fuertes críticas, desde los propios afectados hasta la oposición política. Uno de los rasgos más atacados ha sido que graven la cifra de negocio y los márgenes y comisiones, en lugar de los beneficios. El Gobierno replica que, convirtiendo esos dos parámetros en el hecho imponible, se asegura que la aportación de bancos y energéticas se aproxime a su cuota de mercado, lo que a su juicio garantiza una “distribución equitativa” del gravamen. Se trata, añade, de una contribución a un “fondo virtual solidario”, necesario –una vez más– para “reforzar el pacto de rentas”. Así diseñados, ambas figuras no tienen, por tanto, “carácter tributario”, sino que forman parte de la “intervención del Estado en la economía”, con el fin de “cumplir los principios y valores constitucionales que rigen el contrato social”.
El Gobierno afina los nuevos impuestos a energéticas, banca y ricos apoyándose en el BCE, la UE y sus socios
El impuesto a las grandes energéticas gravará con un 1,2% la cifra de negocio de aquellas empresas que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, una vez excluidos de esos ingresos los procedentes de las actividades reguladas –el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la Tarifa de Último Recurso–. El objetivo de recaudación asciende a 2.000 millones anuales.
Impuesto a los muy ricos
La misma ley incorpora también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que deberán pagar quienes posean un patrimonio superior a los tres millones de euros. Al igual que los gravámenes para bancos y energéticas, este impuesto a los más ricos tiene, en principio, una duración de dos años, aunque se evaluará su desempeño al final de su vigencia para decidir si se mantiene o se suprime.
Se trata de un impuesto complementario al de Patrimonio, por el que se tributará sólo por la parte de los bienes que no hayan sido gravados en la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. Porque muchas de ellas, con Madrid a la cabeza, lo bonifican en un altísimo porcentaje. Este nuevo impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, a partir del cual tributan un 1,7% los patrimonios de entre tres y 5,3 millones de euros, un 2,1% los de entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% los superiores a 10,6 millones.
Los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas entraron en vigor este jueves, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que los crea. En principio, se recaudarán sólo durante los dos próximos años, aunque al acabar 2024 el Gobierno evaluará los resultados de los tres nuevos gravámenes y decidirá si se eliminan o se convierten en permanentes. El preámbulo de la ley recoge una prolija justificación de los tres impuestos, que tiene su eje en “la necesidad de reforzar el pacto de rentas”. Como instrumento fundamental para luchar contra los efectos de la escalada de precios, el pacto de rentas es, explica el Gobierno, “una fórmula de concertación de todos los agentes económicos para el reparto equitativo del coste de la inflación”. Y los poderes públicos, que son uno de esos agentes económicos, deben actuar como “catalizador” de ese pacto de rentas.