El Gobierno afina los nuevos impuestos a energéticas, banca y ricos apoyándose en el BCE, la UE y sus socios

Salvo sorpresas de última hora, los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas se aprobarán este jueves en el pleno del Congreso tal y como han quedado diseñados tras su paso por la Comisión de Economía la semana pasada. El dictamen de la proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos contó con el respaldo de 21 votos y el rechazo de 16 diputados, e incluye enmiendas de PNV, PDeCat y EH Bildu. De forma que el diseño final de los tres gravámenes ha incorporado algunas variaciones sobre el esquema elaborado por el Gobierno. Incluso menciona el informe del Banco Central Europeo (BCE) del 2 de noviembre, que advertía al Ejecutivo de los riesgos que aplicar el impuesto a los bancos puede suponer para el sector financiero y para el crecimiento económico en general.

Además, alguna de las enmiendas aprobadas se ajusta a las recomendaciones del BCE, que no son vinculantes, pero que las entidades financieras han aplaudido como sostén de sus argumentos para las demandas judiciales que ya han anunciado contra el impuesto.

Así, la recaudación del nuevo gravamen a la banca por sus beneficios extraordinarios se destinará a unos fines determinados, “en línea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022”, se señala en la exposición de motivos. De hecho, la proposición de ley reproduce literalmente una de las recomendaciones del BCE, que considera necesaria “una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general”.

Varios grupos parlamentarios habían pedido al Gobierno en sus enmiendas que precisara los fines a los que se van a dedicar los ingresos procedentes de estos tres nuevos tributos. Ciudadanos y PDeCat se remitieron a los detallados en el reglamento de la UE sobre intervenciones de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Mientras que Vox reclamaba que la recaudación del impuesto a las energéticas se destinara “íntegramente, hasta el último céntimo”, a rebajar las facturas de la luz de “las familias españolas”, en especial las que se encuentren “en riesgo de pobreza”. Y el impuesto a la banca, a sufragar incentivos fiscales o ayudas a la compra o alquiler de la vivienda y al pago de hipotecas.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han incorporado la lista de fines establecidos por la UE para el impuesto a eléctricas y petroleras: apoyo financiero tanto a los hogares vulnerables en el pago de las facturas como al ahorro de energía, a las empresas grandes consumidoras de energía, siempre que inviertan en renovables o medidas de eficiencia, y al desarrollo de la autonomía energética. También podrá destinarse la recaudación de estos impuestos a financiar “la protección del empleo y el reciclaje profesional”.

El dictamen del BCE desaconsejaba igualmente que el impuesto a la banca se aplicara sólo a determinadas entidades de crédito españolas, porque “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”. Tras su paso por el Congreso, el nuevo gravamen va a afectar también a los bancos extranjeros que tengan sucursales en España, “con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”. Es decir, “a todas las entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica […] quedan bajo la supervisión directa del BCE”. De forma que “no se altere la competencia en el mercado” y se favorezca “la igualdad de condiciones”. La idea original era que gravara sólo a las entidades españolas con ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones. Tanto Ciudadanos, como el PNV y PDeCat habían pedido que se grave únicamente a las entidades que operen en territorio español y se elimine el límite de los 800 millones, que sin embargo se mantiene.

El impuesto a las energéticas sólo se aplicará a la parte del negocio de estas compañías que se desarrolle en España, según explica la enmienda de PSOE-UP, igualmente para “alinearse” con el reglamento comunitario sobre precios de la energía.

Habrá evaluación sobre los impuestos en 2024

También pedía el BCE al Gobierno que hiciera un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto a la banca, en particular sobre el impacto en la rentabilidad de las entidades financieras. En su momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, ya antes de elaborar la proposición de ley, el Ejecutivo había evaluado el margen de los bancos para hacer frente al gravamen, que se ha configurado como una prestación patrimonial. Y, por iniciativa de EH Bildu, el Gobierno se ha comprometido a preparar un estudio, al finalizar 2024, sobre los resultados del gravamen. Y lo hará, de nuevo, “a la vista de las consideraciones que efectúa el BCE en su dictamen del 2 de noviembre de 2022”, evaluando la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de interés y las comisiones”, así como el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades”. Antes, en el último trimestre de 2023 también tendrá que hacer un informe provisional sobre el primer año de aplicación del impuesto. Pero el objetivo de esos análisis será decidir si el gravamen se convierte en permanente o no. Al mismo examen y con idéntico fin se someterá el impuesto a las energéticas.

Sobre la rentabilidad de las entidades financieras, el Banco de España publicó la semana pasada los datos del segundo trimestre de este año: la han mantenido en los niveles que tenían en 2021. La rentabilidad sobre capital alcanza el 10%, superando por tanto “con holgura”, destaca el supervisor, el coste del capital medio, que se sitúa en el 7%. El Banco de España también hará su propio análisis sobre el impacto del nuevo tributo una vez que se apruebe en el Congreso.

Ni reparto a las comunidades autónomas ni deducibilidad en Sociedades

Tanto EH Bildu como el BNG querían que se eliminara de la proposición de ley todas las menciones al pacto de rentas, que el Gobierno promueve con sindicatos y patronal para repartir el coste de la crisis energética y de precios, precisamente con el fin de que el impuesto no fuera una medida temporal. Las referencias al pacto –bloqueado desde su mismo anuncio y sin visos de prosperar–se mantienen, al igual que la prohibición a empresas energéticas y bancos de que repercutan el coste del gravamen en los clientes. Pese a que era esta una de las críticas del BCE al diseño del tributo, además de otra de las peticiones tanto de Ciudadanos como de PDeCat. La formación naranja y los catalanes también pretendían que el tributo a las energéticas fuera deducible del Impuesto sobre Sociedades. Ciudadanos pidió que se excluyera de la prestación patrimonial a las eléctricas. Los catalanes, a las empresas que carecen de instalaciones de refino.

Sí que prosperó la idea de Ciudadanos, PDeCat y PNV para que no se gravara la parte regulada del negocio de las energéticas, la que ofrece el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Como el precio está fijado por ley, esa actividad, razonan los grupos, no generan un beneficio extraordinario.

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Por el contrario, se quedó en el tintero una modificación que promovieron PDeCat, ERC, Junts y Compromís: que los tributos recaudados tanto con el impuesto a los bancos como a las energéticas se repartieran en un 50% para el Tesoro Público y otro 50% entre las comunidades autónomas. En el primer caso, en función del porcentaje en que cada territorio participa de los ingresos obtenidos con el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Y en el segundo, según el consumo neto de electricidad en cada comunidad autónoma.

Los tipos de los tres impuestos

Con la prestación patrimonial que deberán pagar las grandes energéticas, se gravará su cifra de negocio con un tipo del 1,2% a las que superaran en 2019 los 1.000 millones de euros de facturación. Los bancos que ingresaron más de 800 millones en 2019 en concepto de intereses y comisiones deberán pagar un 4,8% de esa cantidad. Ambos gravámenes se cobrarán durante 2023 y 2024. El Gobierno preveía recaudar 2.000 millones de euros al año con el primero y 1.500 millones con el segundo, pero tras la exclusión del negocio regulado y de las empresas extranjeras, los ingresos por el tributo a las energéticas se reducirán a la mitad, de acuerdo con los cálculos realizados por Bankinter y citados por Europa Press.

Finalmente, el impuesto a las grandes fortunas, que fue incluido como una enmienda en la proposición de ley, se ha diseñado como complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que gravará a quienes superen los tres millones de euros también en 2023 y 2024. Los tipos serán del 1,7% para los patrimonios entre tres y 5,3 millones, del 2,2% para quienes posean entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los que estén por encima de 10,6 millones de euros.