El Ministerio de Empleo ha presentado, para su aprobación en el Consejo de Ministros, no sólo los cambios anunciados en la norma sobre jubilaciones parciales y anticipadas, sino también, en el mismo paquete, una aclaración adicional de la enmienda Telefónica, que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a pagar las prestaciones por desempleo y las cotizaciones de los mayores de 50 años que despidan.
La complejidad del mecanismo para calcular la aportación al Tesoro que deben hacer estas compañías, así como las protestas de éstas por el sobrecoste que les supone ese desembolso han impedido hasta ahora al Estado, casi dos años después de que se creara la norma, cobrar ni euro por este concepto.
De forma que, según fuentes del Gobierno, se pretende ahora fijar las “coordenadas” de cómo va a funcionar el mecanismo e incluso dar “una vuelta de tuerca” a la norma para que las empresas perciban que el Estado “va en serio” y no podrán evitar pasar por caja. Otras fuentes aseguran que se va a dificultar aún más que las compañías con beneficios despidan a empleados mayores de 50 años, aumentando la penalización económica a la empresa o incluso reduciendo el subsidio del trabajador.
Sólo el ERE presentado por Telefónica en abril de 2011 para 6.500 de sus trabajadores supondría un ingreso para el Tesoro de unos 350 millones de euros. Pero también tendrán que pagar el Banco Santander –que despedirá a un mínimo de 2.500 trabajadores tras absorber Banesto y ganar 2.205 millones en 2012–, Caixabank –3.000 despidos, 230 millones de beneficios–, Acciona –1.142 despidos, ganó 114 millones– o Iberdrola –1.200 despidos, 2.400 millones de ganancias hasta septiembre–, entre otras.
Tres meses de suspensión
El último Consejo de Ministros de 2012 suspendió durante tres meses los cambios en la jubilación anticipada y parcial previstos para el 1 de enero de este año, fecha en que debía entrar en vigor la reforma de las pensiones aprobada en 2011. Ese plazo acaba el próximo día 31. Antes deberían haber dado su visto bueno a las modificaciones tanto patronal y sindicatos como el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que vigila el sistema de pensiones español.
Pero el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya advirtió de que el Gobierno no iba a esperar a la medianoche del último día para conseguir el acuerdo de unos y otros. De modo que los cambios en la jubilación han nacido sin el consenso buscado.
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Retrasar la edad de jubilación
La idea del Gobierno es retrasar en dos años la edad de jubilación anticipada –hasta los 63 para la forzosa y hasta los 65 para la voluntaria–, aumentar los coeficientes reductores y ampliar los periodos obligatorios de cotización. Todo ello con la vista puesta en la reducción de costes.
El argumento del Ejecutivo para combatir el recorte anticipado de la vida laboral se basa en el hecho de que la edad media real de jubilación de los españoles es de 63,6 años frente a los 65 y un mes en que está fijada hoy la edad legal –serán 67 años en 2027 siempre que Mariano Rajoy desoiga los apremios de Bruselas y no la retrase aún más–. Una de cada dos jubilaciones en España es anticipada, según Empleo, que cifra en 7.288 millones de euros el coste anual para el erario público de las jubilaciones anticipadas, y en 2.690 millones el de las parciales.
El Ministerio de Empleo ha presentado, para su aprobación en el Consejo de Ministros, no sólo los cambios anunciados en la norma sobre jubilaciones parciales y anticipadas, sino también, en el mismo paquete, una aclaración adicional de la enmienda Telefónica, que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a pagar las prestaciones por desempleo y las cotizaciones de los mayores de 50 años que despidan.