El Gobierno ha aprobado un segundo rescate para la banca por importe de 30.000 millones de euros. Ese es el importe de los llamados activos fiscales diferidos que van a ser avalados por el Estado para que los bancos puedan anotar esos millones en sus balances como capital, conforme exigen las nuevas normas de solvencia bancaria que entrarán en vigor el próximo año (Basilea III).
Los activos diferidos, transformados por el Estado con su aval en créditos fiscales, son impuestos que los bancos no pagarán en los próximos ejercicios para compensar pérdidas anteriores. El total de activos fiscales supera los 70.000 millones de euros y de ellos, la banca reclamaba la transformación en créditos (capital) de 50.000 millones. Finalmente, los ministerios de Economía y de Hacienda han limitado los créditos fiscales a 30.000 millones.
Sin este segundo rescate, que se añade a los 41.000 millones inyectados por el mecanismo de rescate europeo a los bancos españoles el sector tendría gravísimos problemas para pasar los exámenes previstos por el BCE y los llamados test de estrés para determinar el estado de su salud. El aval del Estado, teóricamente, no tendrá coste inmediato para el contribuyente ni tampoco impacto en el déficit. Pero todo depende de que no haya problemas en el futuro.
Créditos fiscales avalados
La banca ha defendido la conversión de los activos fiscales en créditos avalados por el Estado como refuerzo de su capital con varios argumentos: se ha hecho en otros países y beneficia al contribuyente porque aleja el riesgo de quiebra de entidades, lo que obligaría, entonces sí a nuevos desembolsos de dinero público.
Con la aprobación del Gobierno, la banca respira. Los activos fiscales diferidos no gustaban al Fondo Monetario Internacional y tenían que ser eliminados de los balances en el plazo máximo de 10 años (Basilea III). Ahora, esos activos en cuestión, pasan a reforzar el capital de los bancos. Todo un apoyo.
La transformación de impuestos diferidos en créditos fiscales vendría a ser, según los economistas más críticos, una especie de segundo rescate oculto de la banca.
Santander, el más beneficiado
Con los números en la mano, la entidad más interesada en el proceso en términos absolutos es el Banco Santander. Con datos de Attac y a 31 de diciembre de 2012, el importe de sus activos por impuestos diferidos ascendía a 17.848 millones de euros.
En términos relativos, por las consecuencias sobre la estructura de su capital, las entidades más afectadas serían Bankia (9.700 millones) y Sabadell (5.381 millones). Los AID suponen un 247% respecto a su patrimonio en el caso de Bankia y un 58% en el caso del Sabadell.
Las entidades que van a tener que pasar el examen del BCE son: BBVA, Santander, Banco de Sabadell, BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum, Banco Popular y Bankinter. También participarán en el ejercicio Ibercaja, La Caixa, Ceiss, Cajas Rurales Unidad, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha negado que la normativa suponga "ningún regalo" desde el punto de vista fiscal a la banca, puesto que estos activos ya forman parte de su capital. "No tendrá impacto ni en deuda ni en déficit público", ha subrayado. Hoy ha insistido en que no hay una transferencia de capital sino que se trata de un asunto meramente contable.
El Gobierno ha aprobado un segundo rescate para la banca por importe de 30.000 millones de euros. Ese es el importe de los llamados activos fiscales diferidos que van a ser avalados por el Estado para que los bancos puedan anotar esos millones en sus balances como capital, conforme exigen las nuevas normas de solvencia bancaria que entrarán en vigor el próximo año (Basilea III).