El anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno obliga a estas entidades a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros. Muchas de ellas son empresas con pérdidas, fruto de la crisis económica –facturan por número de trabajadores en activo: éstos son ahora tres millones menos–. Y, si no se venden, así lo dice el anteproyecto, serán liquidadas. Además, en agosto pasado se sentó un mal precedente: Fremap, la mayor mutua española, estuvo a punto de colocar su sociedad de prevención a una empresa colombiana por sólo 100.000 euros, cuando su valor en libros es de 12,7 millones.
“Se van a malvender”, lamentan fuentes sindicales, que también alertan ante la “privatización de la salud laboral” que traerá la desvinculación de las mutuas, entidades de derecho privado pero sometidas a la tutela de la Administración pública. Las patronales Aspa y Anepa, que agrupan a las sociedades de prevención de menor tamaño e independientes de las mutuas, creen que lo más adecuado sería utilizar para la venta una figura similar al concurso público, o al menos que la Seguridad Social coordinara todo el proceso. “Pedimos la escisión total de las mutuas, pero que se haga de manera transparente y a precios de mercado”, explica el gerente de Aspa, Oliver Martín.
Sin embargo, la coyuntura económica, la premura impuesta por el plazo del Gobierno y la salida al mercado simultánea de todo un sector en pérdidas redundará en una devaluación de estas empresas, en una caída de los precios. El caso de Fremap ya disparó las alarmas, hasta el punto de que el Ministerio de Empleo tuvo que bloquear la operación. No sólo por el precio de ganga, sino también por las condiciones “imposibles” que el comprador colombiano ofrecía, y que no parecieron del desagrado de la mutua.
Poco después, en septiembre, la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra) vendió su sociedad de prevención a Inverhismex (Inversiones Hispano Mexicanas), propiedad del presidente del Celta de Vigo y empresario gallego con negocios en México Carlos Mouriño. También Solimat (Castilla-La Mancha) ha cedido la suya a la empresa Prevención y Sanidad Industrial (PSI). A punto estuvo de venderse la sociedad de prevención de la vasca Mutualia, pero finalmente no hubo acuerdo. Algunas mutuas, además, están ofreciendo a sus trabajadores quedarse con las sociedades de prevención creando cooperativas.
Porque los sindicatos temen que el primer paso de los nuevos propietarios sea la reducción de las plantillas, integradas, además, por personal muy cualificado, entre médicos, ATS y técnicos de prevención de riesgos laborales. “Este es un mundo de especialistas”, presume el presidente de la patronal Asprem, Juan José Llona. Las 18 sociedades de prevención de las mutuas casi alcanzan los 10.000 empleados. Que prestan servicios a más de 6,8 millones de trabajadores.
Menos calidad
Otro de los damnificados del proceso, teme Javier Torres, del departamento de Salud Laboral de CCOO, será la calidad del servicio que prestarán los nuevos propietarios, ya sin el paraguas de las mutuas. “Con el tiempo se ha conseguido generar una cierta cultura en las empresas españolas sobre la importancia de la prevención de los riesgos laborales”, destaca, “pero con la crisis, es el primer apartado que se sacrifica”.
“Nosotros no vemos la prevención desde un punto de vista mercantil, sino de calidad”, apunta por su parte la responsable de la sección sindical de UGT en la sociedad de prevención de Fremap, Cristina de la Cruz, que aboga por mantener a las sociedades ligadas a las mutuas.
La patronal Asprem, en cambio, no quiere manifestar su opinión sobre el proceso que se avecina este año. “No tiene nada que ver con la actividad quién sea el propietario de las sociedades de prevención”, zanja su presidente. Llona sólo concede que sus 18 asociados están “aguantando” la crisis “ajustando los precios”, de forma que, tras bajar hasta seis millones de euros de facturación en los tres últimos años, han sobrevivido a un primer trimestre de 2013 “muy malo” culminando el ejercicio con una cierta “mejoría”.
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Proceso largo y polémico
La venta de las sociedades de prevención ordenada por el Gobierno en el anteproyecto de ley de mutuas es sólo el último paso de un camino que comenzó en 2006, cuando se obligó a éstas a segregar esa parte del negocio de la empresa matriz. Desde ese momento, estas sociedades únicamente pueden nutrirse de lo que se conoce como patrimonio privativo (o histórico) de las mutuas, no de las cuotas que ingresan de la Seguridad Social. Sin embargo, nunca ha remitido la polémica sobre la confusión financiera entre unas y otras, sentencias judiciales incluidas.
“Somos privados y gestionamos dinero privado”, recalca Juan José Llona cuando se le menciona el tema. Aspa y Anepa, por el contrario, consideran que la vinculación con las mutuas es competencia desleal y piden que, tras la venta, las sociedades de prevención ni siquiera puedan mantener su actual marca. “Estaremos vigilantes”, advierte Oliver Martín, “y actuaremos si hay precios o condiciones que no entendemos”.
El anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno obliga a estas entidades a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros. Muchas de ellas son empresas con pérdidas, fruto de la crisis económica –facturan por número de trabajadores en activo: éstos son ahora tres millones menos–. Y, si no se venden, así lo dice el anteproyecto, serán liquidadas. Además, en agosto pasado se sentó un mal precedente: Fremap, la mayor mutua española, estuvo a punto de colocar su sociedad de prevención a una empresa colombiana por sólo 100.000 euros, cuando su valor en libros es de 12,7 millones.