El Gobierno propone este miércoles a patronal y sindicatos una subida de las cotizaciones de los contratos de menos de siete días

Los responsables del Ministerio de Trabajo propondrán este miércoles a la patronal y los sindicatos medidas para aumentar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, les planteará una subida en las cuotas de los contratos de menos de siete días de duración. En la actualidad estos contratos hiperbreves ya soportan un recargo del 36% en la cuota de contingencias comunes que pagan las empresas. La cita supone la reanudación del Diálogo Social tras el cambio de gobierno.

De los 12,9 millones de contratos firmados en España desde enero hasta el pasado mes de julio, 3,45 millones duraron menos de una semana, según la estadística del Ministerio de Trabajo. Representan el 26,7%. En 2011, antes de la reforma laboral, equivalían al 20,1% de los contratos que se firmaron ese año. Entonces, la duración media de un contrato alcanzaba los 62,87 días. Hoy es sólo de 52,31. La medida pretende desincentivar el recurso a contratos cada vez más breves, al tiempo que aumentar los ingresos de la Seguridad Social, aquejada de un déficit de 18.000 millones de euros, un récord histórico.

El director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez intervino este martes ante la mesa de portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, a los que, además de presentar la situación de las cuentas del organismo público, les adelantó parte del contenido de la reunión del Diálogo Social de este miércoles, según han explicado a infoLibre fuentes de los grupos políticos presentes.

La comisión ha reanudado esta semana sus trabajos tras la pausa del verano y con la vista puesta en alcanzar un acuerdo que su presidenta, Celia Villalobos, cree que no debería retrasarse más allá del mes de octubre. “No podemos prorrogarlo más”, ha asegurado, “no podemos seguir aumentando la inquietud de los pensionistas”. El Pacto de Toledo lleva año y medio revisando las 20 recomendaciones que llevan su nombre y sirven de guía al Gobierno para reformar el sistema de pensiones públicas desde hace 18 años. Pero el acuerdo se resiste en un momento, además, en que el sistema sufre un déficit histórico y los pensionistas se han echado a la calle para reclamar subidas que garanticen su poder adquisitivo.

Los diputados de todos los grupos consultados por este periódico, no obstante, consideran precipitado hablar del mes de octubre como fecha de un posible acuerdo. La reunión inicialmente prevista para este miércoles ha quedado pospuesta para dentro de una semana. En ella se presentarán, y votarán, tres propuestas de borrador de la recomendación segunda, sobre mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones: la que quedó sobre la mesa antes de las vacaciones, una segunda de Unidos Podemos y una tercera que presentará Compromís.

El IPC solo o con algo más

Según ha adelantado el diputado de la formación valencianista Ignasi Candela, se trata de un intento de alcanzar un acuerdo sobre esa recomendación, que ha copado las discusiones en la comisión desde las multitudinarias protestas de los pensionistas a principios de año. Antes del verano, el PP accedió a desechar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma de las pensiones de 2013 y que limita su subida a un 0,25% siempre que la Seguridad Social tenga déficit. En su lugar, ha aceptado quese vuelva a utilizar el IPC como indicador “troncal” para revalorizar las pensiones. Pero “matizándolo” con otros parámetros, como los salarios o el PIB. Y es esta última parte la que Unidos Podemos rechaza. Pide el IPC “puro y duro”, sin gradaciones. La propuesta de Compromís  pretende acercar posiciones “diferenciando entre IPC real e IPC nominal”, explica Ignasi Candela, de forma que “se revise el IPC real cada cuatro o cinco años para dar margen de actuación al Gobierno”.

Hasta el próximo miércoles, los grupos han acordado abrir una ronda de contactos para aproximar posiciones. Algunas fuentes consultadas consideran que la recomendación segunda puede ser aprobada con la redacción que apoyan la mayoría de los grupos –IPC como indicador fundamental de la revalorización, pero calibrada con el PIB y los salarios tal y como decida el Diálogo Social– pero con un voto particular, el de Unidos Podemos.

La siguiente recomendación que pasará entonces a estudio será la número 15, sobre la suficiencia de las pensiones.

El diputado del PP Gerardo Camps cree que la recomendación segunda llegará al miércoles “bastante apañada” y la diputada socialista Mercé Perea también considera que será posible pactar una redacción en la que todos los partidos se sientan “cómodos”. Marcial Gómez Balsera, de Ciudadanos, destaca el “gran paso” dado por PP al abandonar el IRP, al tiempo que critica el rechazo de Unidos Podemos a la inclusión del PIB o los salarios en la fórmula para actualizar las pensiones.

“Tensiones financieras”

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El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró este martes que éste será un año de “tensiones financieras” para el sistema, debido a que ni la subida de las pensiones ni el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad están incluidos en los Presupuestos del Estado. Gerardo Camps lo niega. “No son verdad esas tensiones financieras”, indica, “había ingresos previstos para ello”. La socialista Mercé Perea remite a la negociación de los próximos Presupuestos para una solución a las “tensiones financieras” de la Seguridad Social. Según apuntan los portavoces de los grupos presentes en la reunión, el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, no explicó a los diputados del Pacto de Toledo cómo prevé el Gobierno afrontar esas dificultades financieras. Sí recordó que al Fondo de Reserva no le quedan más que 8.000 millones de euros. El Ejecutivo del PP recurrió durante los dos últimos años a un préstamo del Tesoro para pagar las extras de las pensiones de verano y navidad. Del último aún quedan por gastar unos 7.500 millones, tras haber abonado otros tantos para cubrir la extraordinaria del pasado julio.

El Pacto de Toledo también deberá debatir en las próximas semanas la necesidad urgente de encontrar nuevas fuentes de ingresos para el sistema público de pensiones. Una de las opciones es destopar las cotizaciones máximas, una medida que no todos los grupos comparten. Ciudadanos advierte de que aumentar las cotizaciones de quienes ganan más de 45.000 euros al año sin aumentar en la misma proporción la pensión máxima que reciben luego puede ser “confiscatorio”, señala Marcial Gómez quien, aun así, no rechaza que se debata cómo hacerlo. Por su parte, Gerardo Camps plantea que se eleve la cotización máxima pero manteniendo un “indicador objetivo” –aunque no se precise su cuantía– de forma que siempre haya una “diferencia, un gap; por ejemplo, la diferencia entre pensión media y salario medio” para no dejar la decisión “al albur de cada Gobierno”.

Otras fórmulas en la mesa de los diputados del Pacto de Toledo para reforzar los ingresos del sistema incluyen la supresión de las bonificaciones de cuotas a las empresas por los contratos indefinidos o su conversión en deducciones –que no recortan los ingresos del sistema porque son cubiertas por el SEPE–, así como la equiparación de los regímenes especiales con el régimen general o que los gastos de gestión de la Seguridad Social sean sufragados por impuestos en lugar de con las cotizaciones sociales como ahora. Un debate más en la agenda de la Comisión del Pacto de Toledo para el curso que comienza.