El Gobierno retrasa el envío de la 'carta naranja' con el cálculo de la pensión futura

Los ciudadanos tendrán aún que esperar para recibir la carta naranja, el documento que el Gobierno se comprometió a enviar este mismo mes de noviembre a los mayores de 50 años con el cálculo de su futura pensión. El Ministerio de Empleo ya ha adjudicado los contratos necesarios para llevar a cabo el envío de los primeros 5,3 millones de cartas y ha concluido los trabajos técnicos. Pero la Secretaría de Estado de Economía “sigue estudiando” el real decreto, elaborado por el departamento de Fátima Báñez, que regulará el derecho de los trabajadores a conocer tanto su futura pensión pública como las comisiones y rentabilidad de sus planes de jubilación privados.

Un portavoz de Economía eludió dar una fecha para la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. Así, el Gobierno lleva camino de incumplir uno de sus compromisos más publicitados, además de uno de los mandatos de la ley de 2011 que reformó las pensiones. Se llama carta naranja porque de ese color es el sobre en que los ciudadanos suecos reciben el cálculo de su pensión cada año.

Fuentes sindicales adivinan tras el retraso motivos de oportunidad política, cuando se abre un año repleto de citas electorales. Este mes debían haber empezado ya a recibir en sus casas el cálculo de su futura pensión los mayores de 50 años. En 2016 la previsión es alcanzar a un total de 17,65 millones de trabajadores. La carta incluirá una proyección realizada suponiendo que hasta el momento de la jubilación el ciudadano va a seguir cotizando lo mismo que en los últimos 12 meses. La cantidad se reflejará en euros constantes, calculada sobre 14 pagas. La siguiente carta, con la estimación basada en las cotizaciones de 2014, deberían recibirla los trabajadores antes del 16 de mayo, en plena campaña electoral de las municipales.

Una 'foto' no muy halagüeña

El borrador del real decreto deja claro que la cifra aportada se remitirá “a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”. En cualquier caso, dada la inestabilidad del mercado laboral, producto de la crisis, la merma en la cuantía provocada por la reforma de las pensiones y puesto que las proyecciones se harán a 15 años vista, o incluso más, la foto que puede aparecer en ese sobre naranja puede no ser muy halagüeña. De ahí, insisten las fuentes consultadas, los temores del Gobierno sobre el efecto que pueda ocasionar en el receptor/votante.

En teoría, la medida tiene por objeto que el trabajador posea “información suficientemente fiable” sobre su futura pensión para que, en consecuencia, pueda “tomar las decisiones de ahorro que más convengan a sus intereses”. Por eso se ha incluido en el real decreto a las gestoras privadas de planes y fondos de pensiones, que deberán informar a sus clientes sobre el importe estimado, en euros constantes, de las comisiones y gastos que cobran, así como sobre el importe de la renta vitalicia mensual y anual, calculada sobre 12 pagas.

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Retraso “injustificable”

Hasta ahora la Seguridad Social calculaba la cuantía de su futura pensión a los trabajadores que se lo pedían, pero sólo a dos años vista. La proyección la realizan los funcionarios de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Además, la sede electrónica de la Seguridad Social permite hacer un “autocálculo” de la pensión en su página web, sin limitaciones temporales. El problema es que el usuario debe conocer todos los detalles de su vida laboral para introducirlos en el programa, lo que dificulta notablemente su uso, según reconoce el propio ministerio.

En un comunicado hecho público este miércoles, CCOO considera “injustificable” el retraso en el envío de la carta naranja y emplaza al Gobierno a que explique su “impacto económico”. El sindicato critica que el martes publicara el BOE la orden por la que se da un plazo de seis meses a las empresas para cambiar el modelo de nóminas, incluyendo la cotización del empresario, pero no se facilite el cálculo de la pensión futura. Así, denuncia, se impide a los trabajadores conocer el “efecto” que sobre su jubilación tendrán los “incumplimientos” de las empresas: retribuciones fuera de nómina (pago en negro), horas extras no abonadas o el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial.