El mecanismo que limitará el precio del gas natural, aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, deberá permitir una rebaja del precio de la electricidad, en máximos históricos desde el pasado verano y que este sábado alcanzará un máximo de 241,87 euros/MWh. El tope al gas, resultado de la “excepción ibérica” y diseñado por los gobiernos de España y Portugal, dejará el hidrocarburo para generación eléctrica a una media de 50 euros el megavatio hora durante los próximos 12 meses. En la intención del Gobierno, el desacople entre ambos precios, el del gas y el de la electricidad, deberá tener como resultado que el precio de la luz se mantenga en 130 euros/MWh de promedio en el mercado mayorista, con un efecto “inmediato”, subrayó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa, en las facturas de quienes poseen la tarifa regulada.
Inmediato, sí, pero una vez que la Comisión Europea apruebe “formalmente” el acuerdo hispanoluso —que se publicará este sábado en los boletines oficiales de ambos países—, para que Bruselas dé el sí final aún faltan, no obstante, “diez días, dos semanas”, apuntó Ribera.
El mecanismo de ajuste establece un precio de referencia, que durante los primeros seis meses será de 40 euros el megavatio hora, y que irá aumentando hasta alcanzar los 48,8 euros de promedio en el año de vigencia. Este viernes, el gas natural cotizaba en el Mibgas, el mercado ibérico, a razón de 73,19 euros el megavatio hora. Pero ha llegado a superar los 200 euros tras la invasión rusa.
Hasta ahora, y debido al sistema marginalista de las subastas diarias de electricidad, la energía se pagaba al precio de la fuente de generación más cara, que desde hace casi un año es el gas natural utilizado en las centrales de ciclo combinado. “El efecto más inmediato [del mecanismo recién aprobado] es que la única electricidad que se va a pagar al coste del gas será la generada utilizando gas natural. Al eliminarse el efecto contagio al resto de las energías, habrá una reducción muy significativa de los beneficios extraordinarios [de las eléctricas], ha avanzado Ribera. A cambio, se verán favorecidos el 37% de los consumidores domésticos y el 70% de los industriales, según sus cálculos.
La nueva factura de la luz
La diferencia entre el precio de referencia del gas y el del mercado diario lo pagarán los consumidores de la tarifa regulada, pero esa cantidad será siempre inferior al ahorro que conseguirán gracias al mecanismo de ajuste. A los 130 euros/MWh habrá que sumarles al menos otros 25 euros de la compensación a los suministradores de gas, una cuantía que variará a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que la luz se sitúe en el mercado mayorista a unos 200 euros el megavatio hora, el ahorro sería de unos 50 euros. Como un usuario consume unos 3 MWh al año, el ahorro anual ascendería a unos 150 euros, unos 12 euros en la factura mensual, explica Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y experto en energía. Francisco Valverde, responsable de renovables de la consultora Menta Energía, también ha hecho sus propios cálculos, que sitúan en 30 euros el ahorro mensual para un consumidor tipo con una potencia instalada de 4,4 kW y un consumo anual de 3.500 kW/h: de unos 100 euros que paga en mayo pasaría a 70 euros en junio si el precio en el mercado mayorista se quedara constante en 130 MW/h.
Estos precios, pese a la rebaja así forzada, seguirán siendo más elevados que los que se pagaban antes de que comenzara la escalada del gas el año pasado. En 2021, la media en el Mibgas se quedó en 47,31 euros el megavatio hora y en 2020, en plena pandemia y con la demanda desplomada, la cotización se hundió hasta los 4,32 euros el 21 de mayo. Lo mismo ocurre con la electricidad, cuyo precio medio en 2019 era de sólo 53,41 euros el megavatio hora.
Pero la compensación al gas no sólo la pagarán los consumidores españoles y portugueses. También ayudarán las llamadas “rentas de congestión”, que se obtienen en las subastas mensuales para las interconexiones con Francia.
Exentas del pago quedan los consumidores del mercado libre, aquellos que pagan la luz a un precio fijado previamente con la comercializadora, en lugar de al precio variable del mercado diario de la tarifa PVPC –precio voluntario para el pequeño consumidor–. Todas las eléctricas están obligadas por ley a ofertar esta tarifa, aunque como dejó claro el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con sus declaraciones sobre los consumidores “tontos” (por las que después se disculpó), su preferida es la tarifa libre. El 40% de los usuarios están abonados a la tarifa regulada.
Una tarea adicional de supervisión para la CNMC
Para saber, por tanto, cuál será la compensación para las gasistas, las comercializadoras deberán presentar ante el operador del mercado (OMIE) una declaración responsable, firmada por el consejero delegado de la empresa, que incluya información sobre el volumen de energía sujeta a contratos a plazo a precio fijo, la que queda exenta de pagar la compensación al gas. En el caso de las compañías que integren generación y comercialización en su mismo grupo, deberán presentar información agregada sobre los contratos a precio fijado que hayan firmado antes del 26 de abril de este año, si quieren quedar exentos del pago por ellos. Y tendrán que hacerlo en los cinco días siguientes a la entrada en vigor del mecanismo.
Después, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que comprobará, analizará y supervisará la información aportada por las empresas: listado de puntos de suministro, fecha de finalización del contrato, energía prevista… También tendrán que presentar garantías que cubran los pagos. Si no abonan las cantidades establecidas, el OMIE podrá ejecutarlas y suspender a las empresas morosas. Éste, además, podrá informar a la CNMC de “cualquier actuación de las eléctricas contraria al correcto funcionamiento del esquema de fijación de precios en el mercado ibérico”. En concreto, el real decreto-ley establece que será considerada una infracción muy grave la “manipulación, alteración o desviación injustificada” de las ofertas de venta y compra para conseguir un precio de referencia del gas natural distinto a los 40 euros/MWh. La Ley del Sector Eléctrico impone para este tipo de infracciones multas de entre seis y 60 millones de euros.
El mismo castigo se prevé para las empresas que aporten datos inexactos o falsos al OMIE.
Diego Rodríguez advierte de que la tarea encomendada a la CNMC es “compleja” e incluso se sitúa por encima de los medios humanos de que dispone el organismo. “Es fácil de decir [la supervisión], pero difícil de implementar”, resume.
¿Intentarán las compañías sortear el mecanismo?
En cualquier caso, las eléctricas, que rechazan el mecanismo para limitar el precio del gas, pueden optar por otras vías de escape a fin de reducir el impacto de la medida sobre sus beneficios. Por ejemplo, los contratos en el mercado libre incluyen la cláusula que les permite cambiar las condiciones al cliente si se modifica el marco regulatorio. Aunque el consumidor también puede abandonar la eléctrica sin penalizaciones si ésta altera las condiciones del contrato, apunta Francisco Valverde. O puede ocurrir que, al vencer el contrato con tarifa fija, la compañía intente subir el precio en la renovación, plantea Diego Rodríguez.
Tampoco sería de extrañar que las compañías acudieran a los tribunales para torpedear el mecanismo. “De brazos cruzados no se van a quedar”, augura Francisco Valverde. Las eléctricas desdeñan el tope al precio del gas como un intento del Gobierno para beneficiar sólo los consumidores con tarifa regulada y a las grandes industrias que se mantienen fieles al precio del mercado mayorista, lo que consideran una “transferencia de rentas injusta”.
Las empresas, admitió Teresa Ribera ante los periodistas, verán reducidos sus beneficios extraordinarios “de forma muy significativa” como resultado del mecanismo de ajuste del gas. “Nos habría gustado”, abundó, “que [las eléctricas] tuvieran un comportamiento más acorde con la situación actual y hubieran presentado ofertas en el mercado libre más ajustadas a las necesidades de las familias y las industrias. Si de verdad quieren hacerlo, no tienen ningún problema, la sociedad española se lo agradecería mucho”.
Obligados a reformar la tarifa regulada
El Gobierno librará a varias eléctricas de pagar el tope al gas para que no reaccionen con una subida de tarifas
El real decreto-ley también incluye el mandato al Gobierno para que reforme la tarifa regulada. Y lo hace porque, como aclara en su exposición de motivos, la Comisión Europea ha puesto como “una de las condiciones” para aprobar el mecanismo de ajuste del gas que se modifique el método de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. Así, se va a incluir en la fórmula de la nueva tarifa una referencia a los precios de los mercados a plazo; es decir, a los futuros anuales, trimestrales y mensuales. Ahora se basa únicamente en las cotizaciones diarias del mercado al contado o spot.
De esa forma se pretende reducir la volatilidad de la tarifa regulada y fomentar la liquidez para satisfacer la demanda. La nueva fórmula deberá empezar a aplicarse en 2023.
En octubre de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica abrió una consulta pública para estudiar la modificación de la tarifa regulada, pero posteriormente la desechó por el rechazo de las organizaciones de consumidores.
El mecanismo que limitará el precio del gas natural, aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, deberá permitir una rebaja del precio de la electricidad, en máximos históricos desde el pasado verano y que este sábado alcanzará un máximo de 241,87 euros/MWh. El tope al gas, resultado de la “excepción ibérica” y diseñado por los gobiernos de España y Portugal, dejará el hidrocarburo para generación eléctrica a una media de 50 euros el megavatio hora durante los próximos 12 meses. En la intención del Gobierno, el desacople entre ambos precios, el del gas y el de la electricidad, deberá tener como resultado que el precio de la luz se mantenga en 130 euros/MWh de promedio en el mercado mayorista, con un efecto “inmediato”, subrayó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa, en las facturas de quienes poseen la tarifa regulada.