Durante el pasado otoño, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, clamaba contra la Comisión Europea por postergar el análisis, primero, y descartar, después, la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad mediante el cual el gas marca lo que perciben todas las tecnologías. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, lleva meses repitiendo el Gobierno español. La trágica sucesión de acontecimientos de las últimas semanas ha hecho que Bruselas se replantee su líneas rojas, pero sin tiempo para la reacción rápida por haber procrastinado. Ahora hay varias opciones sobre la mesa para salvar un mercado roto. Una de ellas es la más fácil de aplicar. El resto tienen más vocación estructural. Pero no se pueden ejecutar de un día para otro.
El precio de la electricidad para este martes alcanzará los 545 euros/MWh, rompiendo las previsiones más pesimistas y sin que se tenga la certeza de que se ha alcanzado un techo y sin un horizonte para el final del episodio. El gas natural ha alcanzado no solo máximos históricos, sino una evolución prácticamente vertical que no dobla, sino cuadruplica los precios registrados hasta hace tan solo una semana. Es insoportable para los consumidores domésticos, para la industria, para la estabilidad de los Gobiernos. Y la Comisión Europea lo sabe, pese a haber defendido las reglas actuales a capa y espada. No puede hacer mucho para que el combustible fósil esté más barato, pero sí para que la luz no se pague a precio de metano.
Ya antes de la invasión se percibía un cambio de tono en el Ejecutivo comunitario. Ahora el cambio de rumbo es evidente y con pocos precedentes. Los líderes de los Estados miembros lo discutirán en el Consejo europeo de la próxima semana; su presidente, Charles Michel, confirmó que España y Francia ya no están solas pidiendo que se cambien las reglas. Antes, explicó, no se planteó en serio por las dificultades "técnicas" de modificar el sistema marginalista. Las trabas y las dificultades siguen existiendo, pero el escenario ha cambiado para siempre. Este martes se publicará una nueva comunicación de la Comisión, pero en principio estará centrada en la seguridad de suministro y en reducir la dependencia de Rusia, como España como actor protagonista.
¿Cómo se puede cambiar el sistema, entonces? La primera opción es la más rápida de ejecutar, pero sin vocación de permanencia ni de enmendar la totalidad de las reglas. El parche. En España lo conocemos desde septiembre como "minoración del gas": extraer los "beneficios extraordinarios" que las eléctricas perciben del episodio actual, con centrales hidroeléctricas y nucleares cobrando en el pool lo mismo que las centrales de ciclo combinado que tienen que comprar el gas natural en un mercado desquiciado. Reuters filtró que la Comisión Europea lo estudia, aunque no está claro que se vaya a incluir en la comunicación de este martes ni cuál sería el mecanismo exacto.
"Es una opción mucho más operativa" que cambiar de cabo a rabo el sistema, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Diego Rodríguez. Las limitaciones existentes son las que ya conocemos por el caso español. La mayoría de contrataciones, argumentan las eléctricas afectadas, son bilaterales, que no registran el precio del pool sino uno mucho inferior y pensado para el largo plazo. La Comisión Europea debería matizar bien, como no lo hizo Ribera, qué contratos bilaterales son vulnerables a la minoración y cuáles no, explica Rodríguez: o aplicar esa extracción de renta a los beneficios de las empresas, no al precio diario. "Es más fácil, pero tienes que esperar meses para poder aplicarlo, y es un impuesto recaudatorio que no se sabe bien qué efecto tendrá", asegura el especialista.
Otras opciones sobre la mesa apuntan directamente a las reglas de juego del sistema, y harían innecesaria la minoración. En las diferentes cartas que tanto Ribera como la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mandado a la Comisión Europea se esbozaban varias opciones para desligar el gas de la electricidad. O bien sacar a este combustible fósil de la subasta, con un precio para las centrales de ciclo combinado y otro distinto para las tecnologías inframarginales; o bien fijar un precio medio teniendo el coste de todas las generaciones. Sin embargo, el Gobierno nunca ha detallado cómo funcionarían exactamente estas alternativas ni cómo podrían compensar los beneficios que genera la subasta marginalista.
Rodríguez no quiere sentenciar que ninguna opción es inviable, porque lo realmente inviable es la locura actual, pero cree que hay muchas preguntas sin respuesta y muchos detalles técnicos sin aclarar. "La propuesta de sacar al gas del sistema no es nueva" y, sobre el papel, se puede hacer. Pero el experto no sabe cómo se solucionaría el problema del llamado "hueco térmico", la necesidad del sistema de cubrir la demanda con combustibles fósiles. Sin las centrales de ciclo combinado en la subasta, la hidroeléctrica, que puede decidir con facilidad si activarse o no, carece de incentivos para entrar en el juego. "Podrían guardar el agua ahora y decidir desembalsarla más tarde", cuando las condiciones fueran mejores, argumentan.
Los defensores del sistema marginalista argumentan que es un sistema muy eficiente. En primer lugar, porque se asegura de que las tecnologías más baratas entran siempre. En segundo lugar, porque esas tecnologías que pueden no estar amortizadas aún, como las nuevas renovables, reciben mucho más de lo que les cuesta producir la electricidad, lo que fomenta que reinviertan esos beneficios en el desarrollo de la tecnología y bajen aún más los costes. Y en tercer lugar, porque permite casar a la perfección oferta y demanda: nunca se produce más de lo necesario. Ni menos, para evitar apagones.
Lo que Rodríguez explica es que esa eficiencia, con la hidroeléctrica entrando a última hora para cubrir toda la demanda y con el incentivo de recibir una suma considerable, podría desaparecer si se saca al gas de la ecuación; por lo que, si se quiere establecer un nuevo sistema a largo plazo, se necesita detallar con precisión cómo se cubrirán las carencias. Otros expertos, como la catedrática de Economía de la Universidad Carlos III Natalia Fabra, llevan años defendiendo subastas de tecnología: que cada central, según su tipo de generación, marque un precio independiente.
Ya hay muchas renovables acogidas a un sistema similar, pero Rodríguez plantea más dudas si se dividiera la generación en múltiples subastas: la demanda solo es una y habría que decidir qué demandas se acogen a qué ofertas y cómo organizarlo todo para que casen. "No lo veo posible, sinceramente. Veo más posible sacar a los ciclos combinados", asegura el especialista.
Otras propuestas defendidas por el Gobierno pasan, como contó infoLibre, por eliminar del todo las subastas y pasar a un modelo basado únicamente en contratos bilaterales: acuerdos entre generadoras, comercializadoras e industria sin un sistema de casación, tal y como se opera en algunos países latinoamericanos. Goldman Sachs lo estudió y aseguran que bajaría automáticamente un 40% el precio y evitaría la distorsión del gas. Pero sus autores, una vez más, no contestaron a la pregunta de cómo se compensa la falta de eficiencia: el modelo europeo permite que el gas o el carbón solo produzcan electricidad si es estrictamente necesario para iluminar el continente, y que las renovables funcionen al máximo de sus capacidades. Con esta alternativa, defienden los especialistas, eso no se garantiza.
Sin embargo, ya no estamos en diciembre. Ya no es un debate que se pueda atrasar. Los precios energéticos pueden provocar no solo el lamento ante la factura o ante la gasolinera, sino con disparar la inflación a unos niveles incompatibles con el bienestar. Rodríguez reconoce que el diseño actual del mercado eléctrico "no estaba pensado para la situación actual, desmadrada y fuera de la normalidad"; por lo que la Unión Europea podría renunciar a las ventajas de la subasta para bajar drásticamente la luz. Las próximas semanas, o días, resolverán la ecuación.
Durante el pasado otoño, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, clamaba contra la Comisión Europea por postergar el análisis, primero, y descartar, después, la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad mediante el cual el gas marca lo que perciben todas las tecnologías. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, lleva meses repitiendo el Gobierno español. La trágica sucesión de acontecimientos de las últimas semanas ha hecho que Bruselas se replantee su líneas rojas, pero sin tiempo para la reacción rápida por haber procrastinado. Ahora hay varias opciones sobre la mesa para salvar un mercado roto. Una de ellas es la más fácil de aplicar. El resto tienen más vocación estructural. Pero no se pueden ejecutar de un día para otro.