Como recibir un mazazo. Así percibieron los trabajadores de Vodafone España, ahora propiedad del fondo británico Zegona, la noticia de que tendrían que afrontar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el quinto en poco más de una década. Aunque, tras días de intensas reuniones, los sindicatos han logrado que la compañía reduzca la afectación máxima del despido colectivo de los 1.198 que se plantearon de inicio a los 938 empleados, 260 menos, junto a algún otro compromiso como que al menos 60 de 68 vacantes salgan de la plantilla. La representación laboral de los trabajadores sigue considerando la oferta “insuficiente” e “inaceptable”.
De ahí que hayan puesto en juego otras armas como la protesta. Este martes 9 de julio, alrededor de un millar de personas han llevado a cabo una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital, al entender que “es uno de los que ha autorizado la venta de Vodafone España a Zegona sin una cláusula de garantía de empleo". "Eso nos ha llevado a esta situación porque está claro que el fondo británico viene a hacer una política ultraliberal”, explica a infoLibre Diego Gallart, coordinador de UGT Vodafone. “Durante las sesiones de la mesa -une- se ha demostrado que este ERE no va a resolver los problemas de la compañía. De hecho, lo que se quieren ahorrar en masa salarial, sólo es un 2,6% de lo que pretenden resolver. Vodafone factura unos 4.000 millones y tiene 3.500 de gastos que le llevan a las pérdidas que está presentando. Es decir, es un ERE ideológico porque ese 2,6% vinculado a los trabajadores es prescindible, es el margen de error de cualquier operación y no es necesario”, argumenta.
Durante la jornada, varios representantes sindicales han conseguido “sentarse” con el titular del ministerio, José Luis Escrivá. “Le hemos solicitado su ayuda para que intervenga e influya en la dirección de la compañía, especialmente en Zegona que es el que está poniendo palos en la rueda a la negociación de este ERE”, resume Gallart. Y concluye: “Esperamos que de verdad lo haga, y a ver si la situación en mesa cambia”.
De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anotado que le habían trasladado “la necesidad de que el Gobierno sea más ofensivo a la hora de cambiar las condiciones en las que Vodafone ha planteado el ERE”. “Puede hacer cosas, este es un sector estratégico donde los nuevos inversores acceden en unas determinadas condiciones y luego no pueden hacer un expediente de regulación de empleo que afecta a prácticamente a 1.000 personas de cualquier manera”. Ha dejado claro que su sindicato continuará con las movilizaciones, mientras confían en que se pueda “abrir una vía para mover la posición, porque hasta ahora no se ha dado una negociación”. “Estas empresas están acostumbradas a hacer un planteamiento, no mover su posición, dejar que transcurran los periodos de consulta de los ERE, ejecutar y en todo caso que los trabajadores luego vayan a la Justicia ordinaria”, ha sintetizado. Un “esquema” que, a su entender, “no puede ser”. “El Gobierno se tiene que hacer valer frente a un ERE” con unas condiciones que “pasan por encima de los derechos y la dignidad de la plantilla”, ha sostenido.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien ha definido el proceso negociador del ERE de “comedia”, ha lanzado un mensaje rotundo: "No sólo vamos a movilizarnos, vamos a intentar que este atropello no se produzca", ha proclamado. En ese sentido, ha instado al Gobierno a “regular el sector” de la telefonía y ha advertido de que la ciudadanía "está absolutamente desprotegida ante las multinacionales, por lo que le tienen que dar una bofetada inmensa a Vodafone, ya que no se puede jugar con la vida de las personas". Desde UGT buscan que el Gobierno "abandere un cambio regulatorio que permita detener la destrucción de empleo y la merma de inversiones a la que está conduciendo una regulación basada únicamente en una competencia feroz en precios". Desde ambos sindicatos reclaman “una negociación seria” y que el Ejecutivo “presione” a Zegona.
Antes, Sordo ya había abogado por una cierta ruptura de reglas al exhortar al Ejecutivo a dificultar el despido colectivo para impedir que fondos de inversión vengan al país con el único objetivo de sacar réditos "inmediatos y especulativos", como está pasado, a su juicio, con Zegona. "Vienen a España porque está chupado despedir", aseguró en una reciente entrevista en RTVE, en la que afirmó que “no es de recibo cómo está actuando la empresa” en este caso y avisó del problema que puede suponer para el Estado que compañías situadas en sectores estratégicos comiencen a despedir trabajadores para dar una mayor retribución a los accionistas o facilitar un alza del precio de la acción en actividades que son puramente especulativas.
Poner límites
Pero, ¿se puede hacer algo para frenar el despido colectivo en el marco legislativo actual? El líder de CCOO no dijo cómo se podrían poner trabas a los ERE masivos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, echa la vista atrás para mirar hacia adelante. "Hasta el 2012 –recuerda–, cuando se producía un despido colectivo, un ERE, se trataba de un trámite administrativo. Es decir, resolvía la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la comunidad, si sólo afectaba a una autonomía; o el Ministerio de Trabajo, si alcanzaba a más de una comunidad". Encadena que, "cuando se producía uno que podía afectar a la economía de una zona o a los niveles de empleo, por ejemplo, además de las razones económicas, organizativas, técnicas o productivas que siguen vigentes, se necesitaba que la Administración pública, que el Estado, autorizara ese despido colectivo, una vez finalizado el correspondiente expediente administrativo con la intervención de la Inspección de Trabajo y de todos los interesados en una decisión de trascendencia social y económica".
Ese paso ya no existe y el movimiento sindical aspira a "recuperar, al menos en parte, la vieja autorización administrativa que se derogó en la reforma laboral" del PP. ¿La causa? "Que aquellas decisiones de naturaleza económico-laboral-social que puedan afectar mucho a una comarca, provincia o incluso a todo el Estado, además de los trámites normales tengan ese otro control", sintetiza Luján. A su entender, "el Estado debe pedir garantías cuando concede determinados beneficios y ayudas, si no, desgraciadamente, como ha desaparecido esa autorización que evaluaba el impacto social y económico de la medida, se puede hacer poco. No parece que tenga mucho sentido, sobre todo si encima la propia aportación del Estado ha podido ser fuente de los beneficios empresariales, que no se tenga ningún tipo de supervisión o de verificación previa para destruir de manera masiva puestos de trabajo".
Insiste en que sería "necesaria" esa herramienta que permitiera vigilar el impacto y la adecuación a la legislación por la autoridad laboral, "añadido a la existencia de las causas" que pueda argumentar la empresa "en extinciones de contratos de trabajo" múltiples. "Si empresas como la actual Vodafone no tienen ningún tipo de freno para hacer lo que quieran, porque la legislación del 2012 lo eliminó, se dan situaciones injustas que pueden afectar a la economía nacional", alerta, para apostar por que se legisle para reestablecerlo, más si cabe en sectores estratégicos.
Tiene claro que de los polvos aquella reforma de 2012, "que se hizo en 50 días de espaldas a los sindicatos, sin negociación y sin dialogo social de ningún tipo pese a que se tocaron aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores", estos lodos. "Una de las cosas que derogaron en función del sacrosanto liberalismo fue la autorización administrativa, con lo que ahora, si la empresa decide despedir, lo hace. Se ejecuta el despido, se va a juicio y se estima que no había razones y que no está justificado la destrucción de tanto empleo, le pagarán 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades, porque la empresa no tenía causa para despedir. Y ya puede ser un fondo o estar en cualquiera de los paraísos fiscales", abrocha Luján.
Se ha reforzado la vigilancia, pero se puede hacer más
Junto al encuentro con Escrivá de este martes, los sindicatos han anunciado otra reunión para este jueves 11 de julio, esta vez con el Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz, al que también pretenden implicar en el rastreo de soluciones. Fuentes de ese departamento hacen notar que han "reforzado la vigilancia de los ERE" y han puesto el foco "en la causalidad de estos expedientes". "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que elaborar un informe sobre cada ERE que se presenta, para determinar si se ajusta o no a las razones que alega y, además, desde el 13 de julio de 2023, la empresa debe avisar a la parte social con seis meses de antelación" a su formulación, arguyen.
Si bien, no descartan más avances. Matizan que plantean, asimismo, que, "a través de la próxima Ley de Industria se ponga coto a prácticas, especialmente en el caso de compañías que reciben ayudas públicas, como las deslocalizaciones y las ventas de empresas que ponen en peligro la viabilidad de estos proyectos y la garantía de la protección de los derechos de las personas trabajadoras".
Como recibir un mazazo. Así percibieron los trabajadores de Vodafone España, ahora propiedad del fondo británico Zegona, la noticia de que tendrían que afrontar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el quinto en poco más de una década. Aunque, tras días de intensas reuniones, los sindicatos han logrado que la compañía reduzca la afectación máxima del despido colectivo de los 1.198 que se plantearon de inicio a los 938 empleados, 260 menos, junto a algún otro compromiso como que al menos 60 de 68 vacantes salgan de la plantilla. La representación laboral de los trabajadores sigue considerando la oferta “insuficiente” e “inaceptable”.