Junio comenzará con huelga de carteros. Los tres primeros días del mes CCOO y UGT han convocado a los trabajadores de Correos a parar en protesta contra el “plan de desguace” que, según dicen, está ejecutando el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, desde que llegó al cargo hace casi cuatro años. Es el penúltimo episodio de la guerra que libran ambos sindicatos con la dirección del grupo y a la que se añade un segundo frente con el resto de las organizaciones sindicales, desde CSIF y el Sindicato Libre hasta la CGT el gallego CIG o los vascos ELA y LAB.
Hace apenas dos semanas, la primera reunión para negociar el convenio colectivo no llegó a celebrarse tras el “escrache”, dice CSIF, que varias decenas de miembros CCOO y UGT realizaron al resto de los sindicatos y los representantes de la empresa. “Entraron por la fuerza 25 personas con megáfonos y abarrotaron la sala con con consignas y voces, algunos en actitud agresiva e impidieron la reunión“, relata el presidente de CSIF Correos, Óscar Venteo. Las dos organizaciones mayoritarias, con el 75% de los delegados, aseguran que se encerraron en la sede de Correos en protesta por la “farsa” de negociación que Serrano pretende abrir sólo con los minoritarios y que los vigilantes de seguridad agredieron a dos delegadas de CCOO y UGT. Según critican, la empresa pretende acometer una negociación “clandestina” con sindicatos que representan sólo al 25% de la plantilla. Y firmar un convenio de eficacia limitada; es decir, se aplicará sólo a los trabajadores de los sindicatos firmantes y a los que expresamente se adhieran al pacto. “Es la mayor ruptura del Diálogo Social que se ha producido nunca”, sostienen los representantes de CCOO y UGT con los que ha hablado infoLibre. “Les hemos invitado para que se sumen, pero no nos han contestado”, replica Óscar Venteo.
La negociación no es un asunto baladí si se tiene en cuenta que el convenio lleva caducado desde 2013. En estos nueve años, algunos de sus artículos han quedado derogados por sentencias judiciales y las leyes laborales aprobadas desde entonces. Pero CCOO y UGT creen que no es el momento para entrar en harina con el convenio. “No es la prioridad”, recalcan, “sino el modelo de desarrollo del servicio postal y de la actividad de paquetería, para después diseñar un plan estratégico acorde con ese modelo y luego negociar un convenio que dé respuesta a ambos”. A su juicio, Juan Manuel Serrano pretende validar en el convenio “los desajustes laborales” que ha infligido a la plantilla en estos últimos cuatro años. La próxima reunión está prevista para el 18 de mayo. “No vamos a participar en ese teatro”, zanjan los portavoces de CCOO y UGT.
Exjefe del gabinete de la Ejecutiva federal del PSOE y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, Serrano es el blanco de todos los dardos de ambos sindicatos. Ingeniero técnico informático y licenciado en Derecho, hizo toda su carrera profesional en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). A su llegada a Correos, no tenía, por tanto, experiencia en el sector postal. Y se ha convertido en la bestia negra de CCOO y UGT, que no dudan en tacharle de “mal gestor” del “juguete” que Pedro Sánchez le ha regalado.
Aunque ambos sindicatos rechazan que estén embarcados en una cruzada personal contra Serrano –“Es un problema de modelo de servicio postal y de modelo de gestión, que no hemos podido discutir en estos cuatro años”, razonan—, lo cierto es que culpan al actual presidente de las pérdidas de 264 millones con que cerró Correos en 2020, así como de los más de 100 millones en rojo con que terminará 2021. La empresa aún no ha hecho públicos los resultados del año pasado. A preguntas de infoLibre se limita a avanzar que las pérdidas rondarán los 91 millones de euros, la cifra que figura como previsión en el Plan Operativo Anual. En esa cifra incluye la provisión de los 24 millones de euros de una sanción que ha impuesto Correos a la CNMV por aplicar entre 2015 y 2019 descuentos a grandes clientes, remitentes de envíos masivos de cartas –bancos, recibos de luz, teléfono o gas…–, lo que excluía a sus competidores y constituía un abuso de posición de dominio: su cuota de mercado alcanza el 95%. CCOO y UGT aseguran que los números negativos son superiores porque en el último minuto del año pasado Correos vendió por 24 millones de euros su edificio en Valencia para “maquillar” las cuentas. Y, de paso, permitir el cobro de sus bonus a la dirección de la empresa pública por haber contenido las pérdidas en las cifras previstas. Según dicen, Juan Manuel Serrano ha cobrado un premio de 40.000 euros. La empresa ni lo confirma ni lo desmiente. “Las retribuciones variables se aplican de acuerdo con la normativa vigente y están sujetas al cumplimiento de objetivos, que se establecen a través de un procedimiento y sistema de evaluación”, ha sido toda su respuesta.
El dirigente postal de CSIF, por su parte, recuerda que Correos “nunca ha ganado dinero, excepto un par de años”. En 2018 tuvo unos beneficios de 14,8 millones de euros, después de encadenar cinco años de pérdidas. En 2013 también cerró con 48,4 millones de números positivos tras haber vuelto a pérdidas en 2012 –3,9 millones—. En 2011 los beneficios fueron de sólo 400.000 euros; en 2010 alcanzaron los 6,27 millones y en 2009 se quedaron en 2,96 millones.
Los sindicatos mayoritarios no dudan en asegurar incluso que Correos se encuentra en quiebra técnica, no sólo por las pérdidas acumuladas, sino también porque tiene un flujo de caja negativo por primera vez en su historia, lo que le ha obligado a pedir préstamos de 433 millones para atender los pagos a corto plazo, resaltan.
Pérdida de empleo y contratos de dos días
En lo que sí coinciden todas las organizaciones sindicales es en criticar las políticas de personal de Correos. CCOO y UGT cifran en 7.000 los puestos de trabajo perdidos desde que llegó Serrano a la dirección. CSIF dice que se han perdido 15.000 empleos en los últimos 10 años, a razón de casi cinco al día. La empresa niega que esté “realizando despidos ni destruyendo empleo” sino, por el contrario, “trabajando por el empleo estable y de calidad”. Asegura que ha convocado 13.297 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 ya se han incorporado. Correos es la empresa pública con la mayor plantilla. De acuerdo con los números que aparecen en los informes anuales de la empresa, en 2009 el grupo contaba con 65.781 trabajadores. En 2020 tenía 54.456. Por tanto, se han perdido 11.325 empleos en 11 años, un 17,2%. Entre 2019 y 2020, la plantilla ha encogido en 2.233 personas.
Además, CCOO y UGT acusan a Serrano de incentivar los “contratos basura”, que cifran en un 23%. CSIF eleva al 30% la cuota de empleo temporal en la compañía pública, donde hasta un 8% de los trabajadores aún son funcionarios. Hay que recordar que hasta 1992, cuando se convirtió en organismo autónomo –en 2001 pasó a ser una sociedad mercantil estatal–, Correos era una dirección general del Ministerio de Fomento. En 2011, el empleo temporal representaba el 20% de la plantilla del grupo, de acuerdo con el informe anual. La empresa ya no hace público ese dato en sus últimas cuentas y no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por esa cifra.
Los tres sindicatos explican que abundan los contratos a tiempo parcial. Unos 1.500 son de sólo dos días a la semana: martes y jueves, por ejemplo; o de fin de semana. Con sueldos, por tanto, exiguos de 300 euros al mes. La empresa tampoco ha precisado a este periódico cuántos trabajadores tiene contratados con este tipo de jornadas.
infoLibre ha preguntado a Correos cómo está aplicando la reforma laboral, que le obliga a fijar cuál es su plantilla estructural y convertir en indefinidos los contratos temporales que encajen en esa definición. La empresa sólo responde que está convocando reuniones semanales con los sindicatos para adaptarse a la nueva norma.
Abandono de la carta
Pero la política laboral no es, a juicio de CCOO y UGT, más que el resultado del “plan de desguace” de Correos. Dicen que son conscientes de que ya no se envían cartas. De hecho, España es el país de Europa en que más ha caído el uso del producto postal tradicional. Y de ese brusco desplome culpan, más que al cambio de hábitos provocado por la digitalización, a Juan Manuel Serrano. “Siempre dice que la carta ha muerto, pero más bien le está aplicando la eutanasia”, resumen. Según denuncian, si cuando llegó los postales representaban casi el 65% de los ingresos del grupo, ahora no llegan al 50%.
El descenso lo atribuyen a una política deliberada, a un “vaciamiento de la actividad postal tradicional” de Correos, por culpa de una subida de tarifas continua que espanta a los clientes: el 7% las cartas, un 10% los certificados, el paquete azul –hasta 20 kilos– hasta un 20%, un 60% el publicorreo… También critican la pérdida de calidad del servicio. El pasado diciembre la CNMC multó a Correos por incumplir los plazos de entrega –uno de los estándares de calidad— del paquete azul. Se trata de una infracción muy grave, pero la sanción asciende a sólo 80.000 euros. En 2020, el año de la pandemia, las reclamaciones de usuarios contra Correos crecieron un 23%, hasta sumar casi 250.000.
La calidad es una cuestión primordial en Correos, puesto que cada año percibe una compensación de los Presupuestos del Estado por la prestación del servicio postal universal: debe tener una red suficiente para garantizar que llegan cartas y paquetes de hasta 20 kilos hasta el último pueblo de España. Aunque ese servicio resulte deficitario. Como es el caso. Ninguna empresa privada se lanzaría a cubrir esa necesidad básica ciudadana que sólo le reportaría pérdidas.
El cálculo de esa compensación siempre ha sido controvertido. Ha sido denunciado ante la Comisión Europea, que en sus últimas dos decisiones recortó las cantidades abonadas a Correos. CCOO y UGT se quejan de que la cantidad es menor cada año y que, desde la llegada de Serrano, acumula un recorte de 460 millones de euros. En 2021 se ha quedado en 110 millones. Según ambos sindicatos, esa cantidad es sustancial menor que la destinada por otros Estados europeos a sus respectivos sectores postales. La Poste Italiane recibe 260 millones al año, La Poste francesa, 520 millones; Česká pošta (Chequia), 181 millones en dos años en un país con el 21% de la población española y el 15% de su extensión, y 126 millones BPost en Bélgica, que tiene el 11% de los habitantes de España y una superficie 17 veces menor.
El abandono del servicio postal se refleja también en el cierre de oficinas y de centros de reparto, dicen CCOO y UGT. Más de 300, precisan, en los últimos cuatro años. Sobre todo, en zonas rurales. La empresa lo niega. “No estamos cerrando ninguna oficina ni centro de distribución”, resaltan. En todo caso, se está “adecuando la estructura de distribución para hacerla más eficiente”. Según Correos, el número de sus oficinas es de 2.370 ahora; en 2017 ascendían a 2.396. Óscar Venteo, por su parte, explica que Correos está “unificando carterías en pabellones logísticos y uniéndolas con Correos Express”, la filial de paquetería del grupo.
“Una carta de Padrón a Santiago de Compostela, distante a 20 kilómetros, va ahora al centro de clasificación de Valladolid”, aseguran CCOO y UGT, “y lo mismo una que vaya de Toro a Zamora, antes se da una vuelta por Valladolid”. Al menos es así para los envíos masivos desde principios de este año en Santiago. Esas cartas tardarán cuatro días en lugar de uno, denuncian ambos sindicatos. El motivo es el desmantelamiento de la única máquina de clasificación que quedaba en el centro de tratamiento de Lavacolla, cerca de Santiago. Antes había cinco. Será sustituida a finales de este ejercicio por una máquina de paquetería. Óscar Venteo, sin embargo, aduce que esos viajes de las cartas hasta centros de reparto lejanos llevan ocurriendo muchos años, antes de que llegara Serrano a Correos, y que es una forma de control de los envíos.
Nuevos negocios
Y ése es el segundo caballo de batalla sindical contra la dirección de Correos. Incentivar la paquetería, habida cuenta del auge del comercio electrónico, es el paso lógico, conceden CCOO y UGT, pero advierten de que la conversión de la empresa pública en operador logístico tampoco la está haciendo bien la dirección encabezada por Juan Manuel Serrano. “Los paquetes han caído un 40% desde 2020”, aseguran. Correos, por el contrario, publica que la paquetería creció un 24,8% en el primer semestre de este año.
En una entrevista en El Economista el pasado día 6, Juan Manuel Serrano subrayaba que en 2020 Correos había perdido 560 millones de cartas respecto al año anterior, que en 2021 se había perdido otro 14% del negocio –212 millones de cartas menos– y que en enero de este año el retroceso era de un 18%. En 2018 trataban 11 millones de cartas; hoy sólo cuatro millones. Por eso quiere “diversificar” el negocio e internacionalizarlo. Paquetería y mucho más.
Así, acaba de inaugurar Correos Cargo, un servicio de transporte aéreo de paquetería y mercancías entre Hong Kong y Madrid. De momento es sólo un avión, pero el plan es que lleguen a ser tres en 2024. También han abierto Correos Market, un mercado en línea, donde las empresas –pymes locales– ofertan sus productos. Correos Pay –servicio de pagos para empresas–, Correos Cash –ingresos y pagos con bancos–, Correos Frío –para el envío de medicamentos o productos que precisen una temperatura controlada–… son nuevas unidades de negocio que se añaden a las filiales Correos Express, Correos Telecom y Nexea –gestión documental–. Los sindicatos temen que el “plan oculto” de Serrano es “segmentar” la empresa en “estructuras de negocio” como primer paso para la privatización de las que sean rentables. Correos lo desmiente: ni hay un plan de privatización, ni se está trasvasando la actividad de Correos a Correos Express, ni se va a despiezar la compañía, sólo se “reorganiza internamente” y especializa por áreas de negocio. Garantizando, además, el servicio postal universal con la incorporación de nuevos servicios en oficinas rurales y dotando a 6.000 carteros rurales de PDA con las que los ciudadanos pueden pagar recibos e impuestos, asegura la empresa.
CCOO y UGT culpan de la política “errática” de la dirección de Correos al informe que sobre la empresa publicó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2019 y que Serrano ha adoptado “como un catecismo”, destacan. El documento concluye que el servicio postal universal tiene un coste “elevado” en comparación con otros países europeos, además de presentar un “déficit operativo” en los últimos cinco años. “España es el país donde más ha caído la demanda postal en los últimos años, con un descenso de los envíos del 31% en 2012-2017 frente a un promedio [europeo] del 18%”, apunta la AIReF. También resalta la subida de tarifas, como han hecho otros países, pero objeta que no ha tenido los efectos esperados debido a los descuentos que Correos aplica a los grandes clientes, de mayor cuantía que otras empresas postales de la UE.
Según la Autoridad Fiscal, la compañía recortó su plantilla un 9% entre 2012 y 2017, menos de lo que lo han hecho sus homólogos europeos, pese a que éstos han sufrido una caída de su volumen de negocio menor. De ahí que el informe, primero, recomiende al Gobierno reducir la compensación que paga cada año a Correos, sufragando sólo el despliegue de la red en zonas rurales o sólo determinados centros de costes con mayor volumen de envíos o con mayores niveles de eficiencia. Y segundo, que la empresa se mueva hacia “mercados distintos y muy competitivos como la paquetería urgente”.
“Cogestionando” Correos
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Además, los sindicatos mayoritarios acusan a Serrano de prescindir de directivos de la casa y gastarse hasta 60 millones de euros en consultorías. En concreto, en pagar a Deloitte y KPMG, a los que señalan como “responsables intelectuales del desmantelamiento” de Correos. “Ha liquidado hasta el 80% del expertise [experiencia]”, precisan. Por ejemplo, aseguran que la empresa ha tenido tres directores de Recursos Humanos en los últimos cuatro años y que ahora mismo, a punto de negociar el convenio colectivo, el departamento lleva un año sin responsable, pero han contratado a KPMG para que les asesore.
El dirigente de CSIF también critica el cese de “personas con recorrido en la empresa”, pero al mismo tiempo acusa a CCOO y UGT de haber “cogestionado” Correos durante años. “Ponían y quitaban directivos y jefes”, asegura. Venteo atribuye la guerra que han desatado contra Juan Manuel Serrano a una “lucha de poder” después de haberlo perdido.
Para los sindicatos mayoritarios, la política “fracasada” de Serrano, apoyada en “servicios con los pies de barro”, está poniendo a Correos “al pie de los caballos de los operadores privados”, que ganan en cuota de mercado en lo que a las cartas se refiere aprovechando las “debilidades” de la empresa pública. “Llevamos tres años”, lamentan, “intentando poner en evidencia ante el Gobierno y el PSOE la insensatez de los gestores de Correos”.
Junio comenzará con huelga de carteros. Los tres primeros días del mes CCOO y UGT han convocado a los trabajadores de Correos a parar en protesta contra el “plan de desguace” que, según dicen, está ejecutando el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, desde que llegó al cargo hace casi cuatro años. Es el penúltimo episodio de la guerra que libran ambos sindicatos con la dirección del grupo y a la que se añade un segundo frente con el resto de las organizaciones sindicales, desde CSIF y el Sindicato Libre hasta la CGT el gallego CIG o los vascos ELA y LAB.