El Tribunal de Cuentas ha descubierto que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) fraccionó ilegalmente en 2014 y 2015 un total de 96 contratos.
La ley prohíbe trocear los contratos para que, convertidos en menores –con importes por debajo de los 18.000 euros en el caso de los de servicios y de 50.000 euros en los de obras–, no sea necesario sacarlos a concurso y puedan adjudicarse a dedo.
Todos los contratos tenían el mismo objeto o estaban vinculados entre sí por una misma finalidad y fueron en su mayor parte adjudicados a las mismas empresas, asegura el tribunal en su informe de fiscalización del Imserso en esos dos ejercicios. El organismo recurrió a esta práctica en centros repartidos por toda España, desde la Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera y el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, hasta las direcciones territoriales de Ceuta y Melilla o los centros de atención a personas con discapacidad Física de Guadalajara, Alcuéscar (Cáceres) y Leganés (Madrid).
Se trata, por ejemplo, de los contratos para realizar las cursos formativos de los centros de recuperación, rehabilitación e integración de minusválidos del Imserso, que forman parte de la actividad propia de estas instituciones, resalta el informe. Es una práctica, además, que el Imserso comparte con otros organismos como la Tesorería de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que ya ha sido denunciada en informes anteriores por el Tribunal de Cuentas.
También se ha utilizado el fraccionamiento indebido de contratos para el mantenimiento de jardines o de ascensores, el suministro de guantes o el de energía eléctrica.
Además, otros 13 contratos, dos de servicios y 11 de suministro, superaron el límite máximo previsto por la ley de 18.000 y 50.000 euros. Por tanto, fueron adjudicados sin que mediara el preceptivo concurso. Destaca el hecho de que 10 de esos 13 contratos fueran concedidos a dedo por el Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores de Melilla parael suministro de energía eléctrica de la institución.
A vueltas con la fecha
No son las únicas irregularidades reveladas por el Tribunal de Cuentas. En 10 contratos más, la fecha de facturación es anterior a la expedición del documento de aprobación del gasto. La ley establece que sólo se debe pagar una vez aprobado el gasto, “lógicamente”, apunta el informe del órgano fiscalizador. Sin embargo, en otros 10 contratos la fecha de la aprobación del gasto también es anterior al documento de retención del crédito, cuando debería ser al revés.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas señala la ineficiente planificación del Imserso para contratar los suministros básicos del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar. Como no abrió con la suficiente antelación el expediente para sacar a concurso esos suministros, éstos tuvieron que ser adquiridos con contratos menores: a dedo y sin ser controlados por la Intervención. La irregularidad, dice el informe, debió ser convalidada posteriormente por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) fraccionó ilegalmente en 2014 y 2015 un total de 96 contratos.