El índice de siniestralidad de los trabajadores temporales crece cuatro veces más que el de los indefinidos

El número de accidentes laborales alcanzó en 2017 el máximo desde 2013: el año pasado hubo 596.606 siniestros en el trabajo con baja, un 5,3% más que en 2016 y un 27,5% más que cuatro años atrás. Los accidentes laborales no han dejado de aumentar al mismo tiempo que lo ha hecho la actividad económica; cuantas más personas se incorporan al mercado laboral, más percances se producen en las empresas.

Pero también el aumento de la precariedadel aumento de la precariedad influye en la siniestralidad laboral. La incidencia de los accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta –15,47 millones– permite medirlos con independencia del aumento del número de trabajadores. En 2017 el índice de incidencia en los asalariados con contrato temporal era de 4.503,1 por cada 100.000 afiliados, un 50% por encima de la incidencia en contratados indefinidos: 2.995 por cada 100.000, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

Además, con el aumento de la precariedad durante los años de recuperación económica, la brecha de peligrosidad laboral entre temporales e indefinidos ha crecido. Mientras la incidencia de accidentes de trabajo entre los indefinidos ha aumentado un 6,3% desde 2012, entre los temporales se ha disparado un 28,1%. Es decir, su índice cuadriplica el de los asalariados fijos. Y entre los temporales, la incidencia de accidentes laborales de aquellos que, además, tienen contrato a tiempo parcial, los más precarios, se ha elevado un 33,3% en los últimos cinco años. El número bruto de siniestros en el trabajo también revela el mayor aumento de percances sufridos por los temporales: mientras los accidentes de los indefinidos crecen un 11% desde 2012, los accidentes de los eventuales se disparan un 62%. En comparación, durante los últimos cinco años, el número de asalariados temporales ha crecido un 34,6%, según los registros de afiliación de la Seguridad Social, por sólo un 7,3% la cifra de los fijos.

En 2017, la mayor incidencia la sufrieron los contratados temporales a tiempo completo, con un índice de 5.771,1 accidentes por cada 100.000 afiliados, seguidas de los trabajadores fijos discontinuos, con 4.158,3. En cifras absolutas, de los 596.606 accidentes con baja registrados el año pasado, 515.082 ocurrieron durante la jornada laboral, mientras que 81.524 fueron in itinere –en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo–. De los primeros, a su vez, 292.122 los sufrieron asalariados indefinidos y 212.008, temporales. Por tanto, los trabajadores temporales, que representan el 30,5% de los afiliados al Régimen General, sufren el 40,6% de los accidentes. Con un contrato eventual, el trabajador acumula menos experiencia y también recibe menos formación. Así, el número de siniestros padecidos por los temporales que llevaban menos de un mes en su puesto de trabajo o sólo entre uno y dos meses supera entre un 43% y un 63% la cifra de los que afectan a quienes llevan de tres meses a un año en su empleo.

También son más largas las bajas de los contratados indefinidos, con una media de 31,6 días, por sólo 29,8 las de los temporales. E igualmente ha crecido su duración a lo largo de los años, no importa el tipo de contrato. La media era de sólo 22,2 días en 2008 para los fijos y de 20,8 para los temporales.

Los datos de 2018: un 3,6% más

Los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo sobre siniestralidad laboral se detienen en el pasado agosto. Hasta entonces, los accidentes con baja contabilizados ascienden a 399.312, un 3,6% más que en el mismo mes de 2017. Pero el índice de incidencia ha bajado, aunque sólo dos décimas respecto al año anterior. Sin embargo, la incidencia es muy desigual si se desglosa por sectores. En la minería ha crecido un 9,9%, en la construcción un 4,6%en la construcción un 4,6% y en la industria un 2,6%en la industria un 2,6%. En el resto de las actividades el índice ha caído o ha aumentado de forma no significativa –dos décimas en el transporte–.

Entre los casi 400.000 accidentes laborales registrados en los ocho primeros meses del año, 2.629 fueron considerados graves y 327 fueron mortales, un 1,2% más que hasta agosto de 2017. Ese año completo los siniestros letales se elevaron a 629 –496 durante la jornada y 133 in itinere–. Los accidentes durante el trayecto crecen incluso más que el total, un 4,3%, y mucho más los mortales, nada menos que un 12,2%, casi los triplican. Según destaca UGT, cada día mueren de media dos trabajadores en España. El sindicato culpa del aumento de la siniestralidad tanto a la “mala calidad del empleo” como a la falta de prevención. Además, tiene un coste económico: CCOO lo cifraba en más de 13.000 millones de euros en 2013, cuando el número de accidentes caía a niveles mínimos por culpa de la recesión.

Siete años y tres meses hasta la sentencia firme

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Pero hay otra dimensión de la siniestralidad. De los 496 accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral en 2017, 190 de ellos –un 18% más que en 2016– llegaron a los juzgados de instrucción tras ser denunciados como posibles homicidios. Otras 200 denuncias o querellas las presentó el Ministerio de Fiscal después de que la Inspección de Trabajo le trasladara sus propuestas de infracción por la posible existencia de un delito contra la seguridad de los trabajadores, aunque no se hubieran producido ningún accidente. Según la Memoria de la Fiscalía, la Inspección le remitió 1.189 expedientes en 2017 –no todos tienen por qué haber ocurrido ese año, de ahí la disparidad con las cifras anteriores–, de los cuales 251 se referían a accidentes mortales.

Y es en ese punto donde comienza el segundo calvario para la víctima del accidente laboral. Hasta agotar la vía judicial –si tras obtener una sentencia en el juzgado de lo Penal se presenta un recurso ante la Audiencia Provincial– un accidentado o sus familiares pueden tener que esperar una media de siete años y tres meses para obtener una sentencia firme, un plazo que, como lamenta la propia Fiscalía, “mal puede conjugarse con una rápida y ágil administración de justicia”. Si no media recurso, el plazo tampoco es aceptable: seis años y cuatro meses.

La Memoria destaca que en 2017 la Fiscalía aún presentó un escrito de acusación sobre un accidente ocurrido en 2002, así como 91 sobre siniestros de 2014 y 90 sobre hechos de 2015. Es más, el año pasado la mayoría de las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal se refieren a accidentes ocurridos entre 2008 y 2015. El retraso en la celebración del juicio, los problemas para localizar a acusados y testigos después de tanto tiempo, además de la endeblez de sus declaraciones, tienen como resultado que en 142 de las 290 sentencias condenatorias dictadas en 2017 el juez aplicara la atenuante de dilación indebida.