El INE afronta el 20 de abril el primero de seis juicios por acoso laboral en su delegación de Palencia

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá que hacer frente el próximo 20 de abril al primero de los seis juicios por acoso laboral que se celebrarán en Palencia tras las denuncias presentadas por la plantilla de la delegación provincial de ese organismo contra su máxima responsable, Asunción Santana.

Los seis contenciosos se han interpuesto después de que el presidente del INE, Gregorio Izquierdo, rechazara las denuncias por acoso presentadas por 19 de los 27 empleados de la delegación palentina, así como de las cursadas tanto por la junta de personal como por el comité de empresa de la Administración General del Estado en la provincia castellano-leonesa.

Todas ellas acusan a la delegada provincial del INE de “abuso de autoridad y falta de respeto en palabras, tonos y formas” a los funcionarios, hasta llegar al “insulto”. Los denunciantes también hablan de la “evidente animadversión” de Santana “por determinados empleados”. Esos comportamientos, aseguran los trabajadores con los que ha hablado infoLibre, se vienen produciendo desde que la actual delegada asumió el cargo, en 2005, pero se han vuelto “más generalizados” desde hace dos años. El escrito enviado por la junta de personal explica que el “maltrato verbal y modal, el insulto y la vejación” han creado un “clima laboral humillante y degradante”, que “atenta contra la dignidad profesional y personal de los trabajadores”. El “deterioro emocional y psicofísico” de la plantilla ha devenido en “episodios de ansiedad, depresión y estrés” que han requerido tratamiento médico, describe.

Por su parte, el comité de empresa dice haber detectado “indicadores de la existencia de mobbing sobre tres o cuatro empleados públicos”mobbing.

Los trabajadores también acudieron a la Inspección de Trabajo, que además de quejarse de la “falta de respuesta” del INE a las denuncias, requirió al organismo que no sólo las tramitara sino que también practicara una prueba de riesgo psicosocial y adoptara “medidas correctoras y de prevención”.

Entre otros episodios, los funcionarios detallan insultos, apertura de expedientes, retirada de competencias a determinados empleados o la distribución arbitraria de los complementos de productividad. “Sólo dos personas en toda la delegación saben si [la delegada] está o no está”, porque Asunción Santana no comunica sus ausencias. También aseguran que la delegada “vigilaba” el tiempo que una ordenanza pasaba en el cuarto de baño mientras se extraía la leche tras a dar a luz. O que otra trabajadora llegó a pedir auxilio a gritos porque no la dejaba salir de su despacho.

Ni siquiera indicios de acoso

Los escritos de denuncia se enviaron en el mes de junio de 2016 y el presidente del INE las inadmitió en una resolución firmada en septiembre. Tras contestar la delegada “de manera pormenorizada” y con “abundante documentación” a las acusaciones, la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas, dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió un informe donde proponía “no proceder a la admisión de las denuncias (…) al no existir indicios constitutivos de acoso laboral”. Así, concluía que no es necesario poner en marcha “las acciones previstas” en el Protocolo de Acoso Laboral del INEProtocolo de Acoso Laboral del INE.

Gregorio Izquierdo hizo suyas las conclusiones del informe de la subdirección general y dictaminó que “no parece probado que la actitud de la delegada provincial haya sido incorrecta”, por lo que rechaza que sus actuaciones constituyan acoso laboral “ni siquiera indiciariamente”. Para argumentar su decisión indica que “no es posible” que lo ejerza “una sola persona frente a un colectivo de empleados públicos, funcionarios en su mayor parte”, porque éstos son “perfectamente conocedores de sus derechos individuales y colectivos”.

Según el protocolo, se considera acoso dejar al trabajador sin ocupación o incomunicado, darle órdenes de imposible cumplimiento o tareas inútiles, represaliarlo por haber planteado quejas o denuncias, insultarlo o menospreciarlo, reprenderlo reiteradamente delante de otros y difundir rumores falsos sobre él. Aunque no sean acoso, el documento cita otras conductas que pueden ser constitutivas de infracción, como cambiar al trabajador sus condiciones de trabajo sin causa justificada, presionarle para que aumente su jornada, amonestarlo por no hacer bien su trabajo, mantener conductas despóticas o dirigirle ofensas. También incluye los conflictos que surgen con motivo de huelgas y los conflictos personales.

Como no percibe ni siquiera indicios de acoso laboral, el presidente del INE atribuye los problemas en la delegación de Palencia a “la falta de aceptación del liderazgo y dirección” de Asunción Santana “en asuntos que llevan aparejados cambios organizativos” que los empleados “consideran perjudiciales para sus intereses”, la mayor parte de ellos destinados en la Oficina del Censo Electoral. Gregorio Izquierdo se refiere al conflicto que se vivió en el INE antes de las elecciones vascas y nacionales de 2016. Los sindicatos de estadísticos denunciaron entonces el cambio en el sistema de remuneración de las horas extraordinarias que los funcionarios del Censo Electoral deben hacer para tramitar el voto por correo: en lugar de pagarlas con un complemento de productividad, se retribuyeron con un fijo de 14 euros la hora. Ese cambio suponía un recorte salarial del 60%, por lo que sólo se presentó voluntario el 55% del personal laboral. El INE recurrió a funcionarios de otras administraciones y a trabajadores eventuales para cubrir las necesidades. Según los trabajadores de Palencia, antes de las elecciones se trasladó a su delegación un funcionario en comisión de servicios desde Madrid que califican de “comisario político”. “Se dedicó a amedrentarnos con amenazas, difamaciones y falsedades”, acusan.

Al haber sido rechazadas sus denuncias y obviada cualquier actuación prevista en el Protocolo de Acoso Laboral, los empleados de la delegación palentina enviaron el pasado 10 de enero una “carta abierta” al presidente del INE en la que pedían su cese. Y acudieron a los tribunales.

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La delegada, de baja por depresión

En los seis recursos contencioso-administrativos presentados, los trabajadores piden que se revoque la resolución del presidente del INE, pero también que se realice una investigación de los hechos y se pongan en marcha las actuaciones previstas en el Protocolo de Acoso Laboral. Argumentan que nadie ha acudido a ellos para corroborar las denuncias y que sólo se han enterado de las actuaciones llevadas a cabo por el INE a los dos meses, cuando recibieron la resolución que rechazaba sus pretensiones. Y eso, protestan, les ha dejado “en la más absoluta indefensión”.

Fuentes del INE se han limitado a indicar a infoLibre que el organismo no hace “declaraciones sobre asuntos pendientes de resolución judicial”. La delegada provincial en Palencia se encuentra desde este mismo martes de baja por depresión. Los trabajadores sospechan que se trata de una estrategia de cara al juicio del 20 de abril.