El IPC, expulsado de la economía

Aquel 1977 en que España sufrió un hiperbólico 26,40% de inflación queda hoy muy lejos. La crisis ha puesto al IPC en cifras negativas. En 2008 la inflación se quedó en el 0,8% y este año cayó en enero un 1,3%, para acumular hasta abril un resultado negativo de -0,4%. La tasa interanual se sitúa, en lo que va de año, en el 1,4%, la menor desde 2010.

Sin embargo, la mengua histórica de la inflación no frena el temor que infunde. Y que no sólo es patrimonio del BCE, cuya misión principal se divide entre mantener estable el euro y controlar el IPC europeo. Así, el Gobierno español ya ha anunciado que, a partir de 2014, sustituirá el IPC por la inflación subyacente a impuestos constantes, es decir, sin productos energéticos ni alimentos frescos ni impuestos indirectos, para actualizar de forma automática los precios y rentas públicos. Por si el Ejecutivo dudara, la Comisión Europea acaba de recordarle que la Ley de Desindexación, publicitada el pasado 26 de abril, tiene que estar lista para el próximo ejercicio. De las rentas públicas que se desligarán del IPC, el Gobierno excluyó expresamente las pensiones. 

Pero ahora, si el Ejecutivo acepta tal y como está la propuesta del comité de expertos que está diseñando el factor de sostenibilidad, dará igual cuánto se hayan controlado los precios –o cuánto se haya desplomado el consumo, como está ocurriendo ahora con la crisis–. Si la economía se reactiva, y la inflación sube, las pensiones también perderán poder adquisitivo, porque su revisión dependerá exclusivamente de la diferencia entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Buena parte de Europa y de la OCDE mantienen el IPC como referencia para la subida de las pensiones

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Mejor los beneficios o las ventas

También se está expulsando al IPC paulatinamente de la negociación colectiva. Cada vez son más los convenios que dejan de actualizar sus salarios según la inflación, una histórica reivindicación de las empresas. En su lugar, se vinculan los sueldos a conceptos diversos, desde el Ebitda (el beneficio bruto operativo) hasta el aumento de las ventas.

Ya en el acuerdo de negociación colectiva que sindicatos y patronal firmaron en febrero de 2012, se establecía que los aumentos salariales en 2014 se calcularían según creciera el PIB este año. Y se recomendaba a los negociadores de los convenios colectivos que liguen los sueldos, preferiblemente su parte variable, a “indicadores económicos asociados a la marcha de las empresas”, como los beneficios, las ventas o la productividad.