Las reglas fiscales que marcarán los recortes en las comunidades que exige Bruselas están en un "limbo"

El Banco de España ha confirmado recientemente que la deuda de las administraciones públicas cayó en 2023 al 107,7% del Producto Interior Bruto (PIB), 3,9 puntos menos que la tasa registrada el año anterior. Si bien, aunque descendió ese porcentaje, el débito público se incrementó en 71.878 millones, lo que supuso un alza del 4,8% respecto a 2022, superando los 1.574 billones de euros, cerca del máximo histórico de 1.577 al que se llegó en septiembre del pasado ejercicio. Desde el Gobierno se celebró que habían vuelto “a demostrar que la justicia social es compatible con la reducción del déficit y la deuda”, en palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Pero se ha avanzado de pantalla y en 2024 desde el ámbito económico hay quienes abogan por desenredar la maraña “que tenemos en España con las reglas fiscales”. Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) e investigador de Fedea, explica que aquéllas “están suspendidas en Europa, pero no” en territorio español. Mientras en la eurozona “se alcanzó un acuerdo político en la primavera de 2020, con la pandemia, para que quedaran congeladas y se ha ido renovando hasta el día de hoy”, a la espera de que se dé luz verde a la reforma de esas normas –el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión han llegado a un principio de acuerdo, pero queda camino hasta que se publique en el boletín oficial de la UE–; “en España no lo están”, plantea. Y apostilla: “Lo estuvieron en 2020, 2021, 2022 y en 2023, pero en cada una de esas ocasiones se fueron suspendiendo porque el Congreso de los Diputados, según marca la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, iba indicando que se daban las circunstancias excepcionales que justificaban el que no se tuviesen en cuenta las reglas fiscales. Eso no se ha vuelto a producir para 2024 y, en principio, las reglas fiscales en España este año están vigentes en toda su extensión”, asevera.

¿Qué supone eso? El profesor de la UPO anota que “hay una parte que se está haciendo y otra que no”. A la primera responde el que “el Gobierno haya empezado a tramitar los objetivos de déficit y de deuda en el Congreso y en el Senado”, si bien el PP tumbó la senda de déficit en la cámara alta y es probable que lo haga de nuevo, dado que el Ejecutivo volverá a enviar la misma. Pero a eso hay que sumar “que el Gobierno publique la regla de gasto, que va a ser más importante que aquellos objetivos que se están negociando”, apunta Martínez López, quien detalla que “la Ley Orgánica de Estabilidad marca que en el momento en el que se mandan los objetivos de déficit y deuda a las Cortes Generales hay que remitir también un informe sobre la situación de la economía española donde conste la tercera regla fiscal, que es esta regla de gasto, y esto no se ha hecho”, advierte.

Con todo, en la documentación remitida al Congreso y al Senado “sí aparece en la última página, en un cuadrito, una regla de gasto y dice el 2,6%. Pero eso hay que explicarlo, decir cómo se ha calculado en ese informe que la ley orgánica mandata que se debe publicar y no se ha hecho”, recalca. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales se puede comprobar que en el anexo tercero del “Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024” se refleja la Regla de gasto para el periodo 2024-2026 y la tasa de referencia nominal para este año se fija en el 2,6%. Es un porcentaje de variación anual que determina en cuánto se puede elevar el gasto definido a efectos de la regla de éste en todas las administraciones públicas y sobre el que gravitan algunas dudas. “No es el que nos sale a algunos cuando lo hacemos con la metodología española de la regla de gasto, es la europea, porque si se hacen los números con la regla de gasto española, sale más de un 3%”, indica Martínez López.

En definitiva, ¿se están aplicando las reglas fiscales en España? “Pues algunas se están tramitando, los objetivos de déficit y de deuda, pero la de la regla de gasto, que es el vinculante y lo que van a exigir en Europa, nadie sabe muy bien lo que va a ser”, avisa. A su juicio: “Estamos en un limbo jurídico-político-institucional. No se está aplicando la ley orgánica de estabilidad, ni tampoco la Constitución, si me apuras, que dice que si se suspenden las reglas fiscales tiene que decirlo el Congreso de los Diputados, como ocurrió en la pandemia, pero no están suspensas, y dónde está la regla de gasto, que no hay que votarla”, demanda. En ese punto enlaza que, si la oposición “tira para atrás” los objetivos de déficit y de deuda, “siempre nos quedará París, esa regla de gasto, que se aplica sin más”, desliza.

El investigador de Fedea vincula el mencionado 2,6% a “las recomendaciones de  Europa de hace unos meses cuando adelantó que nos fuéramos apretando el cinturón”, esto es, el Ejecutivo “no publica la regla de gasto española y se ha acomodado a la europea”. Y añade que, si la tasa se calcula “como se viene haciendo” en el país, ésta “debería ser del 3,3%”, lo que no es baladí, dado que “son unos cuantos de miles de millones más”. En el entorno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la sitúan en torno al 3%.

Para Martínez López, “la ley de estabilidad presupuestaria hace aguas por varios sitios y ésta es una vía de agua más”. A su entender, “los objetivos de déficit que se están intentando sacar adelante y votar son muy generosos para las comunidades autónomas, que según la AIReF van a terminar este año con superávit” y, “quizás, por la puerta de atrás se les va a poner el freno de la regla de gasto”, sostiene. “Son miles de millones de euros los que están en juego del 2,6 al 3,3% y si va a ser la forma de poner el cinturón a las comunidades, que se diga y se cumpla en la medida de lo posible la ley, que te permite sacar una regla de gasto que no tiene que votarse, es una fórmula, mientras lo de ahora es un lío”, concluye.

Y además, con los Presupuestos prorrogados

De su lado, Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas expone que “entre cada Gobierno y la Comisión europea ha habido ya una interacción para determinar la regla de gasto que ha dado lugar en el caso de España al 2,6%, pero es verdad que todo esto, a su vez, depende de unas reglas fiscales que se tienen que reformar”, ratifica. Y arroja otro dato: “En el Plan Presupuestario del Ejecutivo, el crecimiento del gasto primario fuera de medidas discrecionales crece una décima menos y lo presentaron como una estimación prudente. Pero es que, además, por otra parte, no hay Presupuestos y, si no se aprobaran este año, es posible que crezca incluso menos” porque al prorrogarse las cuentas “se congelan las partidas presupuestarias menos algunas como las pensiones o los pagos de intereses”. Torres está de acuerdo en que la situación actual “complica mucho” el panorama económico de las administraciones, “tanto el hecho de que no se hayan aprobado todavía las nuevas reglas fiscales, como el que no dispongamos de un Presupuesto, que por muy pronto que se apruebe, estaremos hablando de junio o julio”.

En opinión del director de Coyuntura de Funcas, “habrá que ir hacia un ajuste”, porque cree que las reglas europeas saldrán adelante, e “intentar reducir el déficit”, lo que “se podrá hacer de varias maneras, por ejemplo, aumentando recaudación y no necesariamente recortando gasto”. “Y hay otro elemento de flexibilidad –cose– que tiene que ver con si se hacen una serie de reformas y se va siguiendo el plan de recuperación. En ese caso, los ajustes pueden repartirse en un periodo más largo que puede ir hasta siete años en vez de cuatro”, cierra.  

Preguntado al Ministerio de Economía cómo se ha calculado el 2,6% de la regla de gasto que trasladaron a las Cortes Generales, remiten al Plan Presupuestario 2024, en el que se refleja que la Comisión Europea publicó un documento “de recomendaciones específicas por país (CSR), donde detalló los requisitos fiscales exigidos a España en 2024, entre ellos, garantizar una política fiscal prudente limitando el crecimiento del gasto primario neto nacional en 2024 al 2,6%”. Es decir, como señalaban Martínez y Torres, se han seguido las directrices de la UE, aunque aún estén en discusión las reglas fiscales en dicho marco. En ese sentido, otras fuentes del ámbito académico consideran que “se ha producido un cierto agujero judicial, al quedar superado lo nacional por lo europeo, que habría que intentar revisar de cara al futuro”.