Cuando el Grupo Sanchiz abrió su macroexplotación porcina en Balsa de Ves, un pueblo de 150 habitantes en Albacete, los responsables de la empresa preguntaron cuántos parados había en el municipio. “Diecisiete”, le contestaron. “Pues me comprometo por escrito a contratarlos a todos”, fue la oferta que quedó negro sobre blanco en las actas de un pleno municipal. Trece años después, del pueblo sólo trabajan allí cinco personas, asegura su alcaldesa, Natividad Pérez García.
Uno de los argumentos más utilizados para defender la apertura de macrogranjas es el empleo que crean en zonas deshabitadas y con escasas oportunidades laborales. Pero en Balsa de Ves las expectativas quedaron lejos de cumplirse. Granja de Ves abrió sus puertas en 2008 y tiene una producción de 100.000 lechones al año, según consta en la página web de Grupo Sanchiz. Sin embargo, su presencia no ha servido como dinamizador del empleo o para fijar población, se queja la regidora socialista. Por el contrario, el pueblo ha perdido al 40% de sus habitantes, resalta. Natividad Pérez no culpa a la explotación porcina de la huida de sus convecinos, pero deja claro que tampoco les ha ayudado en nada. En 2008 no había escuela, y sigue sin haberla; entonces tenían un restaurante, un hostal y una tienda que ya han desaparecido. Ni empleos directos, ni indirectos.
“Los técnicos, el ingeniero, el veterinario, vienen de fuera, y el resto de los que trabajan allí vienen de otros pueblos más grandes”, protesta la alcaldesa. Además, esos trabajadores “se traen el bocadillo de casa, aquí no pagan ni un café”, continúa. Y ello pese a que, además de las propias naves donde nacen, crecen y engordan los cerdos, la instalación cuenta con una planta de biogás e incluso un centro de formación. De esa actividad nada repercute en el municipio, advierte Pérez García, porque la empresa “no paga nada”, ni siquiera la recogida de residuos. “Antes pagaban 55 euros al año, y ahora ni eso”, lamenta.
Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, a fecha de diciembre de 2021 había en España un total de 2.179 explotaciones de ganado porcino de gran tamaño, con hasta 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido. Su número ha aumentado casi un 30% desde 2013, mientras que el número de las más pequeñas –menos de 1.000 cerdos de cebo– ha caído casi un 40% desde 2007. Al mismo tiempo, la producción de carne porcina ha crecido hasta alcanzar en 2020 los 56,4 millones de animales sacrificados y los cinco millones de toneladas de carne. De forma que desde 2015 España supera a Alemania en número de cerdos y se ha convertido en el tercer exportador mundial sólo detrás de China y Estados Unidos.
Otro tipo de macrogranja es la avícola, aunque el Ministerio de Agricultura no publica datos de las explotaciones por su tamaño. España cuenta con 20.754 instalaciones avícolas, lo que la convierte en el tercer productor europeo de huevos, sólo superada por Alemania y Francia. Según explica el coordinador del sindicato agrario COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, apenas un centenar de explotaciones tienen más de 40.000 pollos.
Por lo que respecta al vacuno, un portavoz de la interprofesional que agrupa a productores e industria de la carne, Provacuno, niega que existan macroexplotaciones. A tenor de los datos del Ministerio de Agricultura, el tamaño medio de las ganaderías era de 26,46 nodrizas por explotación en agosto de 2020. De las 87.274 explotaciones de vacuno de carne existentes, el 66% tiene menos de 25 nodrizas y sólo el 5,4% supera las 100.
Con las explotaciones lácteas, de las que hay 13.697, sólo 113 poseen más de 626 vacas. La mayoría están en el tramo de 26 a 65 vacas.
En cualquier caso, Agricultura ha elaborado un proyecto de ordenación de las granjas bovinas que se encuentra en fase consulta pública y que por primera vez establecerá un límite máximo de capacidad productiva en este sector: 850 UGM (Unidad Ganadera Mayor, que equivale a una vaca lechera o a un macho de dos o más años). Es decir, 850 animales.
Tres operarios para 28.000 cerdos
Pero, por muy grandes que sean estas explotaciones ganaderas y por muy intensiva que sea su producción, no lo son ni de lejos en creación de empleo. Icpor, una de las principales empresas del porcino español, proveedor de Mercadona, asegura en su página web que sus instalaciones dan trabajo a unas “60 personas entre empleos directos e indirectos”. Tanto COAG como Ecologistas en Acción discuten la cifra. “En este tipo de explotaciones todo está automatizado”, explica Lorenzo Rivera. Las tareas que realizan los operarios se limitan a la limpieza, ocuparse del pienso, eliminar los animales muertos… Como máximo, dice Rivera, hacen falta 10 trabajadores. “Y puede que algunos de ellos roten por varias granjas”, añade. Daniel González, coordinador de la campaña #StopGanaderíaIndustrial de Ecologistas en Acción, apunta que en las granjas avícolas basta a veces con un par de personas.
En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, deben inscribirse todos los complejos industriales que superen determinados umbrales de emisiones nocivas al aire, agua o suelo y produzcan residuos. Incluidas las explotaciones ganaderas. Entre la información que consta en algunas de ellas se encuentran las plantillas. Avícolas Sales, una instalación con 200.000 gallinas de puesta situada en Les Useres (Castellón), tiene 14 empleados. Pero Granja Boveral, otra explotación avícola de Castellón ubicada en Vinarós y con 73.000 animales, comunica un único operario. También dice tener sólo un trabajador la explotación porcina de Bartolomé Parra Zurano en Huércal-Overa (Almería), para atender a 25.777 cerdos en dos instalaciones. Porcisan, en el mismo municipio, tiene 18 personas contratadas para cuidar de casi 72.000 animales. Granja La Frajana, en Illora (Granada), dice contar con tres empleados para nueve instalaciones y 28.000 cerdos. Granja San Timoteo, de Cheste (Valencia), paga a cuatro personas para atender a 26.000 gallinas ponedoras –22.000 en jaulas y 4.000 en suelo–.
infoLibre también ha preguntado a las interprofesionales Interporc y Avianza por el número medio de empleos necesarios para atender este tipo de instalaciones, pero al cierre de esta edición no han respondido.
253 empleos que no llegan, 150 que se van
En Noviercas, otro pueblo de 150 habitantes pero situado en Soria, apareció un día de hace ya más de cinco años un proyecto de macroexplotación ganadera que prometía crear 253 empleos, 147 directos y 106 indirectos. Más que duplicaría, por tanto, la población actual del municipio. La sociedad Valle de Odieta SL quiere instalar en allí la que sería la mayor explotación láctea de Europa, con 23.500 vacas. “Casi las mismas que hay en toda la provincia de León”, compara Lorenzo Rivera. Pese a que la empresa cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y ya ha adquirido las 900 hectáreas necesarias para construir las instalaciones, el plan está paralizado desde que el pasado abril la Confederación Hidrográfica del Duero le denegó el permiso para acceder a las aguas subterráneas de la zona. El responsable de COAG cifra en casi cuatro millones de metros cúbicos diarios el agua que necesitaría una explotación del tamaño de la proyectada en Noviercas, lo que equivale al consumo de toda la ciudad de Soria. Rivera explica que Valle de Odieta ha recurrido la decisión de la cuenca hidrográfica. La empresa sitúa en septiembre de este año el plazo límite para poner en marcha el proyecto o abandonarlo.
No obstante, y pese a los obstáculos, el gerente de Valle de Odieta, Alberto Guerendiain, firmó en noviembre un convenio con el alcalde de Noviercas, Pedro José Millán, para rehabilitar y construir 50 viviendas destinadas a los futuros trabajadores de la macrogranja. Según publicó Europa Press, la empresa planea ofrecer las casas a sus operarios “a precios módicos y ventajosos de alquiler social”, lo que permitirá “la fijación de nuevas familias, el establecimiento de más servicios públicos y el impulso a nuevas iniciativas privadas”.
COAG no lo ve tan claro. Según sus cálculos, las 23.500 vacas de Noviercas producirían unos 180 millones de litros de leche al año, que equivalen a la producción de 432 explotaciones, un tercio de la que existen en toda Castilla y León. Y se destruirían 726 puestos de trabajo directos. Lorenzo Rivera destaca, además, que la entrada de semejante volumen de leche en el mercado hundiría los precios. En un sector donde ya de por sí es crónica la depresión de los pagos que hace la industria a los ganaderos.
Los datos que prueban que las macrogranjas de carne son una amenaza para una ganadería sostenible
“Este tipo de iniciativas se acercan a los pueblos contando cuentos”, critica la alcaldesa de Balsa de Ves. Porque la realidad puede terminar resultando muy poco idílica. En otro pueblo de Soria, Garray, abrió en 2016 Aleia Roses, el mayor invernadero de rosas de Europa. Catorce hectáreas que dieron trabajo a 300 personas en un pueblo de sólo 700 habitantes tras recibir 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León. Hasta que entró en concurso de acreedores en enero de 2020. La plantilla pasó primero por un ERTE durante la pandemia. En junio la empresa fue adquirida por Full Moon, una firma estadounidense que quiere utilizar los enormes invernaderos para cultivar cannabis de uso medicinal. Finalmente, el pasado noviembre, la nueva empresa, Ondara, anunció el despido de 151 trabajadores a partir del 1 de enero. Según denunció entonces el sindicato CGT, la plantilla llevaba mucho tiempo “con unas pésimas condiciones laborales, despidos continuos y retrasos en el cobro de las nóminas”.
Los vecinos contaminan, los cerdos no
Natividad Pérez García encadena uno tras otro los perjuicios medioambientales que la macrogranja porcina del Grupo Sanchiz ha causado en Balsa de Ves: ni paga por ocupar los montes públicos ni los desocupa pese a haber perdido un contencioso con el ayuntamiento en los tribunales, ni arregla los caminos vecinales que ha destrozado, ni cumple las normas sobre purines –“No fertilizan, abren una zanja y allí tiran la porquería”, denuncia–… “Toda mi relación con ellos es por vía judicial”, se lamenta. La alcaldesa incluso mantiene abiertos varios contenciosos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, también gobernado por el PSOE, por culpa de la explotación porcina. No entiende cómo es posible que el ayuntamiento sea sancionado “todos los años” por carecer de depuradora de aguas residuales, pero a la macrogranja no le caiga ni una multa. “¿La mierda de 150 vecinos contamina, pero la de 100.000 cerdos no?”, se pregunta.
La regidora municipal está convencida de que las empresas saben muy bien dónde pueden instalarse. “Vienen a pueblos pequeños donde los ayuntamientos carecen de técnicos que puedan hacer un seguimiento de su actividad y los alcaldes no son expertos en temas medioambientales, donde no existe un tejido asociativo que les pueda presionar y donde no llega el turismo”, enumera. Pero donde dos de los que sí consiguieron un trabajo en la macrogranja, revela, fueron la entonces alcaldesa y su marido.
Cuando el Grupo Sanchiz abrió su macroexplotación porcina en Balsa de Ves, un pueblo de 150 habitantes en Albacete, los responsables de la empresa preguntaron cuántos parados había en el municipio. “Diecisiete”, le contestaron. “Pues me comprometo por escrito a contratarlos a todos”, fue la oferta que quedó negro sobre blanco en las actas de un pleno municipal. Trece años después, del pueblo sólo trabajan allí cinco personas, asegura su alcaldesa, Natividad Pérez García.