Los datos que prueban que las macrogranjas de carne son una amenaza para una ganadería sostenible

La defensa de un modelo sostenible, el de la ganadería extensiva, frente a otro más agresivo, el de las macrogranjas, ha llevado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al punto de mira. El detonante ha sido una entrevista publicada a finales de diciembre en el diario británico The Guardian y difundida en redes sociales esta semana. Garzón hizo una crítica explícita a la ganadería intensiva, por su impacto medioambiental y por sus consecuencias en lo que respecta al bienestar animal. Sus palabras no han agradado a todo el mundo.

En la transcripción completa de la conversación, publicada en redes sociales por el propio ministro, el líder de la cartera apela a la "evidencia científica" para sostener un análisis crítico con la ganadería intensiva. Y ofrece tres claves: las macrogranjas esconden en sus instalaciones "maltrato animal", producen "carne de peor calidad" y generan un "impacto ecológico descomunal". 

¿Qué es una macrogranja?

Para ahondar en los datos que sostienen el discurso del ministro conviene empezar por el principio ¿Qué es una macrogranja? Luís Ferreirim, miembro de Greenpeace, aporta algunas pinceladas al respecto. Se trata, dice en conversación con este diario, del "exponente máximo de la ganadería industrial, donde miles y miles de animales están hacinados en naves. Es en parte responsable, por ejemplo, de la deforestación en el mundo", explica, ya que la alimentación de los animales requiere de insumos externos, piensos y forrajes, en gran medida provenientes de terceros países. Según Ecologistas en Acción, "en los últimos años ha crecido el porcentaje de emisiones de la ganadería vinculado a las importaciones de piensos" y gran parte se deben a la deforestación, "por la expansión de la frontera agraria en las zonas de producción de las materias primas", como la soja y el maíz.

Ocurre además que "al estar hacinados, los animales no pueden expresar sus comportamientos naturales", abunda el ecologista. Estas características son las responsables de dar respuesta a las tres grandes premisas de la ganadería industrial: "Producir mucho, producir rápido y producir al menor coste".

Predominio absoluto de las grandes granjas

La enmienda del ministro Alberto Garzón ha sido aplaudida por ecologistas y animalistas, pero no ha gustado a las empresas del sector, acostumbradas al elogio político y el crecimiento exponencial de su negocio. Según publica Greenpeace, las grandes explotaciones industriales concentran el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves y el 80,6% de la leche de vacuno. A su vez, el 66% de las tierras cultivadas se destinan a producir alimentos para el ganado. 

La clave del crecimiento no está en el consumo interno, sino en las exportaciones con destino a China. El gigante asiático constituye la principal demanda de carne de cerdo, tanto que las exportaciones allí aumentaron un 111% en 2020, en parte como consecuencia de la epidemia de gripe porcina. Pero no sólo China incrementa su demanda: España es popularmente conocida como la granja de Europa. Tal como revela un informe de Amigos de la Tierra y Food & Water Action Europe, en 2019 la industria sacrificó casi 53 millones de cerdos y produjo 4,6 millones de toneladas de carne. La cifra de cerdos que se crían en el país supera los 30 millones, la más alta de entre todos sus vecinos europeos.

Impacto medioambiental

Si algo hay en las macrogranjas, son cantidades ingentes de purines. Esta mezcla de defecaciones de los animales, restos de pienso y agua, suponen un problema medioambiental que contamina la tierra y los recursos hídricos. Los nitratos, las principales sales contenidas en estos restos, aumentaron su presencia en las aguas subterráneas españolas un 51,5% de 2016 a 2019. Los acuíferos más afectados coinciden con las zonas de mayor explotación animal. Esto ocurre, destaca Greenpeace en un reciente informe, a pesar del aumento de la superficie incluida dentro de las Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), el instrumento de las administraciones públicas para frenar la contaminación por nitratos, en 4 millones de hectáreas en los últimos diez años, alcanzando ya el 24% de la superficie total estatal.

La Comisión Europea acaba de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la deficiente aplicación de la directiva sobre nitratos, un precepto que llama a desarrollar una acción común para controlar el problema derivado de la producción ganadera intensiva. España no cumple y tendrá que dar explicaciones.

El mismo análisis de la organización ecologista reseña que en 2020 el sector agropecuario fue de los pocos sectores que incrementó la generación de gases de efecto invernadero y se posiciona ya como el tercer sector más contaminante del país, siendo responsable del 14% de las emisiones estatales. La explicación se encuentra, en gran medida, en el incremento de las emisiones de la ganadería, responsable del 65% de las emisiones de este sector. Greenpeace estima, en base al último balance del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que la producción de carne está detrás de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2.

¿Bienestar animal?

En términos de bienestar animal, las macrogranjas se erigen como la peor pesadilla de los animales. Silvia Barquero, activista animalista, recuerda la existencia probada de prácticas habituales permitidas, pese a su crueldad, por el certificado de bienestar animal que la propia industria ha creado. En sus términos, el reglamento da vía libre a que el 20% de los animales padezcan dificultades respiratorias, el 5% prolapsos rectales o uterinos y también permite la castración de cerdos sin utilizar ningún tipo de anestesia hasta los siete días de vida. Así lo certificó un informe veterinario elaborado por el profesional Alfonso Senovilla y publicado por Igualdad Animal.

Tal y como expone Greenpeace en otra investigación, "es legal que los animales vivan toda su vida encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol", que las cerdas estén "cinco semanas seguidas –desde la semana anterior al parto y hasta el destete– aprisionadas entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbadas" o que a los lechones se les corte el rabo "para evitar la caudofagia, es decir, que se muerdan la cola entre ellos por el estrés".

También Greenpeace recuerda que las inspecciones a estas instalaciones son prácticamente anecdóticas, pese al "muy elevado" número de incumplimientos. En Andalucía, según los datos oficiales, en 2018 se llevaron a cabo 973 controles sobre bienestar animal en explotaciones y transporte de todo tipo de ganadería, en 220 de ellos se detectaron incumplimientos (22,6%), pero solo en nueve casos se inició un expediente sancionador.

Ante esa coyuntura, resulta cuanto menos "dudoso que se pueda garantizar el bienestar de los animales", sentencia Barquero. Los hallazgos de las investigaciones en las granjas industriales, completa, son claros en cuanto a sus conclusiones. Y sin embargo, la alternativa, la ganadería extensiva, es absolutamente minoritaria.

Oposición en el mundo rural

Lo es porque no sale rentable. "El modelo que realmente defiende a los ganaderos y a sus animales es el de la ganadería extensiva", coincide Luís Ferreirim. Pero "es muy difícil competir con la carne barata de las macrogranjas" y cada vez "se cierran más explotaciones pequeñas en favor de las grandes". En la actualidad, por tanto, hay menos granjas pero muchos más animales, concentrados en estas grandes explotaciones.

Y el lugar escogido por la gran industria es el mundo rural, la España vaciada. "La industria tiene los tentáculos muy largos y busca los pueblos más pequeños, más envejecidos, con poca oposición y mucha necesidad", incide el activista. Pero el plan empieza a torcerse. En los últimos años han surgido plataformas que rechazan de manera explícita el dominio de la ganadería industrial y la ocupación de sus tierras. Este mismo miércoles, el medio centenar de asociaciones vecinales que conforman la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial ha vuelto a posicionarse contra el modelo: "Ni fija población, ni dinamiza las zonas rurales económica, ni es la solución para la España vaciada".

La reacción de los vecinos surge después de que las consecuencias de la ganadería intensiva vayan quedando cada vez más constatadas. Hay ejemplos con nombre propio, como la crisis del Mar Menor y el papel de la contaminación ganadera, o la macrogranja de Castilléjar (Granada), en cuyas instalaciones coexistían cientos de miles de lechones en condiciones deplorables.

Actualmente, hay en marcha dos grandes proyectos de macrogranjas en suelo español que han despertado el rechazo de organizaciones ecologistas. Uno es el que se asentaría en Noviercas (Soria) y que acogería a 23.520 vacas, la granja lechera más grande de Europa. Según Greenpeace, la macro explotación emitiría tantos gases de efecto invernadero como 122.000 coches circulando en un año. El otro proyecto que menciona Luís Ferreirim es el que pretende instalar una granja con más de un millón y medio de gallinas en San Clemente (Cuenca), una de las mayores explotaciones avícolas a nivel europeo.

Ni empleo, ni repoblación

Pero, ¿son las grandes explotaciones un mal menor? ¿Son capaces de crear empleo y cubrir las necesidades de las zonas rurales? Lo cierto es que el aumento de macrogranjas no ha conseguido impedir la despoblación y por sus características, difícilmente serán un arma contra el desempleo. Al contrario. Según un informe de Ecologistas en Acción, la ganadería industrial porcina es un factor que favorece la despoblación rural. "El 74 % de los municipios con alta carga porcina pierde más población o gana menos que los municipios sin cabaña porcina intensiva o con muy poca", señala el análisis. La ganadería industrial porcina es de hecho un factor que ha "fomentado el proceso de despoblación rural entre los años 2000 y 2020".

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) disecciona, a través de un estudio, el modelo que ha impuesto la ganadería intensiva y sus consecuencias. Se trata del sistema denominado de integración, que comprende "el 75% de la producción, quedando para el ganadero independiente el 10% y para las cooperativas el 15%, aproximadamente". Este modelo se basa en la relación contractual entre el ganadero, propietario del terreno, y la empresa integradora, propietaria de los animales.

Aunque la coordinadora reconoce que la integración conlleva algunas ventajas, destaca inconvenientes de calado. El principal, llama poderosamente la atención: "Pasas de ser ganadero a ser integrado". Por tanto, el ganadero "pierde el control del negocio" y queda "subordinado a la planificación y los intereses de la empresa integradora". En palabras de la coordinadora, se "renuncia a la capacidad de decisión sobre los elementos fundamentales de la producción".

Andoni García, presidente de COAG, se ha pronunciado públicamente en defensa de la ganadería extensiva por su aportación a nivel medioambiental, por el vínculo con los animales y por el arraigo con la tierra que se trabaja. El avance de las macrogranjas, sostiene, supone ya una amenaza para las explotaciones familiares que sí dan vida al mundo rural.