Los habitantes de Moras, una pequeña aldea del Levante almeriense, hablan a menudo del pasado. Exuberantes valles verdes con charcas y estanques, abundancia de vida salvaje y parcelas con fértiles huertos, donde los aldeanos cultivaban hortalizas y criaban ganado. “Había una laguna con una playita de arena”, cuenta Juani Marín, de 56 años, que lleva toda la vida en Moras. “Me bañaba allí cuando era joven. Desapareció”.
“Esto era un paraíso”, recuerda Juan José Martínez, de 72 años, tío de Juani y exalcalde de Moras [falleció el pasado diciembre, poco antes de publicarse este reportaje]. “Ahora todo se ha secado”.
La fuente del antiguo esplendor de Moras era su qanat, un túnel oscuro de metro y medio de alto y dos de ancho que se alarga muy por debajo de la ladera rocosa. Excavado a mano durante la dominación árabe de Andalucía, hace más de 500 años, este acueducto subterráneo llevó agua al pueblo de Moras durante siglos. Al final del qanat, tras 187 metros de lodo fangoso y colonias de murciélagos dormidos, aparece un pequeño charco de agua estancada. Es lo que queda del antiguo manantial alimentado por la inmensa reserva subterráneo del acuífero de Sorbas.
El marido de Juani, Luis Braut, de 54 años, empleado del servicio de agua municipal, señala con un gesto cuánto ha bajado el nivel con el paso del tiempo. Donde antes brotaba de la tierra, ahora parece aletargada, una reliquia del pasado. Hoy muchas de las casas del pueblo están vacías y sus huertos secos o abandonados. Moras, donde vivían unos 60 habitantes, apenas cuenta ahora con una docena, la mayoría ancianos.
Quienes se han quedado sufren el calor extremo y la falta de agua, lo que provoca conflictos entre vecinos. Desde hace unos años, alguien del pueblo sabotea el canal de riego, cortando la poca agua que hay. “Si riegas un huerto, no puedes regar el otro”, explica Juani. “Ahí es donde surgen los problemas”.
El culpable, dicen, es el último pequeño agricultor del pueblo, Andrés Máñez. Máñez, que dice tener unos 90 años pero no puede asegurarlo, guarda silencio sobre las acusaciones que pesan sobre él. “Aquí el agua es una miseria”, se queja, “hay muchas disputas porque tú quieres regar, yo quiero regar. Y no hay agua suficiente para todos”.
Hasta finales del verano sólo había llovido una vez en Moras, en junio. El agua potable se suministra semanalmente desde un pueblo cercano. Y no es el único caso. Las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur sufren la sequía más duradera desde 1961, que comenzó en la primavera de 2016, según el CSIC.
Pero el problema se extiende a toda la Península: el año hidrológico 2022-2023 fue el sexto más seco en lo que va de siglo, porque llovió un 12% menos de lo normal, y el anterior cerró como el tercero más seco desde que hay registros. Es más, el Ministerio de Transición Ecológica tiene catalogado el 19% de la superficie peninsular en situación de sequía prolongada y el 34% en situación de emergencia o alerta por escasez coyuntural de agua.
Los embalses están al límite no sólo en la cuenca del Guadalquivir –al 19,3% de su capacidad–, Segura –18,9%–, cuencas mediterráneas andaluzas –18,8%– y Guadalete-Barbate –14,5%–, sino también en Cataluña, que sufre la peor sequía de su historia y cuyos embalses languidecen con sólo un 16,8% de agua. Muchos municipios catalanes se abastecen con camiones cisterna, ya se han implantado restricciones al consumo e incluso se estudia el transporte de agua en barcos.
El mal de la aceituna y el milagro de Almería
La disputa por un recurso tan fundamental ha provocado protestas de los agricultores y hasta pequeños conflictos diplomáticos internacionales. El agua incluso ocupó un lugar destacado en las campañas electorales andaluza y nacional, con el PP y Vox intensificando su cortejo de los intereses agrícolas en lugares como Almería.
Políticamente, Moras es diverso: algunos votan a la extrema derecha de Vox, otros al Partido Popular y muchos, como Juan José, son del PSOE. Pero la ideología no importa. Aquí, el agua es la verdadera política. Y los vecinos están de acuerdo en señalar qué, y quién, tienen la culpa de la miseria de Moras: las aceitunas y la pujante industria agrícola exportadora española.
Moras está situada en el límite de la comarca almeriense de Sorbas, cerca del desierto de Tabernas. A lo largo de kilómetros en todas direcciones se alzan millones de olivos, todos plantados ordenadamente en hileras. Según un estudio de 2018 de la Universidad de Almería, la industria olivarera de Sorbas-Tabernas se ha “expandido extraordinariamente” en los últimos 20 años, pasando de decenas de miles de árboles a más de 6,6 millones, la mayoría concentrados en una zona de 5.000 hectáreas. El incentivo económico del olivar almeriense ha creado un denso monocultivo que depende de un recurso escaso, el agua.
Las explotaciones agrícolas están consumiendo agua de Sorbas a un ritmo insostenible de hasta 20.000 millones de litros anuales, cuatro veces más de lo que el acuífero puede regenerar de forma natural mediante las precipitaciones, lo que ha provocado una crisis en la zona. El caudal de Los Molinos del Río Aguas, principal salida del acuífero de Sorbas, es ahora peligrosamente bajo. Según el estudio de la Universidad de Almería, ha descendido de 40 litros por segundo hace 20 años a sólo siete. Activistas y científicos afirman que los olivares son una amenaza importante para la biodiversidad que conducirá de forma irreversible a la desertificación.
La agricultura almeriense ha convertido a España en el mayor productor y exportador de frutas y hortalizas de la UE, y el cuarto a escala mundial. Alemania, Francia y el Reino Unido son sus mayores clientes. Los invernaderos de plástico dominan el litoral y rodean ciudades enteras. Más de 30.000 empresas agrícolas trabajan en casi 50.000 hectáreas, generando hasta 3,5 millones de toneladas de productos por valor de más de 1.500 millones de euros. Suponen más de la mitad de todo el sector agrícola andaluz.
Pero esta prosperidad ha tenido un coste. Los periodistas que firman este reportaje visitaron Almería en varias ocasiones el año pasado y entrevistaron a decenas de científicos, agricultores, activistas y políticos. El resultado es una imagen incómoda –a veces de negación absoluta– de una historia de éxito económico basada en la explotación medioambiental.
El abuso crónico de la mano de obra inmigrante norteafricana ha creado una desigualdad rampante y problemas sociales, incluidos barrios de chabolas. Décadas de pesticidas y fertilizantes han envenenado el suelo y convertido en no potable gran parte del suministro de agua. Los invernaderos de plástico generan cada año 33.000 toneladas de residuos, gran parte de los cuales se eliminan ilegalmente y se transforman en microplásticos, que contaminan la tierra.
Pero la amenaza más importante es la sobreexplotación de los acuíferos. Y ahí la ciencia es unánime. La voracidad hídrica de Almería ha conducido al saqueo de las aguas subterráneas a un ritmo muchas veces superior al de su reposición. Cada año los niveles descienden peligrosamente. El aumento de la salinidad del Mediterráneo ha hecho que gran parte del agua que queda no sea potable ni apta para el riego. La desertificación ya ha comenzado.
Ya en 1985 el Consejo Nacional del Agua advirtió del mal estado de los acuíferos. En 2004, las autoridades declararon oficialmente que el acuífero de Níjar había alcanzado su “nivel de sobreexplotación”. Un estudio de la Universidad de Almería calculó en 2014 que, si no se tomaban medidas drásticas, podría agotarse en 10 o 15 años. Diagnósticos parecidos comparten los siete mayores acuíferos de Almería. Lo resume un activista local: “Un buen día, el agua se acabará”.
La “huerta de Europa”
Las consecuencias de un acontecimiento así serán devastadoras, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico. La quiebra de pequeñas y grandes explotaciones agrícolas no sólo podría dejar en el paro a millones de trabajadores agrícolas, sino también impactar en los sectores auxiliares, desde el transporte y la logística o la construcción hasta la hostelería, el comercio minorista e incluso la banca. Además, Europa perdería un importante suministrador de alimentos.
A pesar de 30 años de advertencias, los sucesivos gobiernos españoles y andaluces, tanto de izquierdas como de derechas, han incumplido los objetivos fijados para evitar el colapso o revertir los daños. Desde 1998 Níjar y Campo de Dalías, los dos acuíferos costeros, cuentan con la declaración de “zonas vulnerables a los nitratos” debido al uso excesivo de fertilizantes químicos.
En 2021, tras las denuncias de activistas y de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE declaró al Gobierno español culpable de no proteger las aguas subterráneas de los agricultores del Parque Nacional de Doñana, un caso que se convirtió en causa célebre para la derecha durante las elecciones del pasado 23 de julio. De hecho, la presión de Bruselas sobre el robo de agua en Doñana, el mayor humedal de Europa, permitió que el 27 de noviembre se cerrase un pacto político entre el Gobierno central y el andaluz, donde se acordó indemnizar –sobradamente– a los agricultores a cambio de transformar sus tierras en zonas silvestres, una fórmula para acabar con las extracciones de agua subterránea sin enfadar al sector primario, que tiene una fuerte influencia política en la zona. Recibirán 70.000 euros por hectárea, hasta un total de 1.400 millones.
Pero, mientras que el agua de Doñana saltó a los titulares internacionales, la crisis de la vecina Almería aún no ha atraído la misma atención.
“Siempre que los activistas intentan denunciar a empresas y actores por robo u otras infracciones”, se queja Pepe Rivera, del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la primera ONG medioambiental de Almería, “les llaman antialmerienses. Están en contra del milagro de Almería”.
En 2016 y 2017, el GEM, junto con otros activistas y científicos, presentó denuncias penales contra dos de las mayores empresas olivareras de Sorbas-Tabernas, cerca del pueblo de Moras. Documentaron pruebas de que Castillo de Tabernas y Gespater habían robado miles de millones de litros de agua para sus plantaciones de olivos. La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía siguió ambos casos, que tuvieron distinto resultado: un tribunal declaró culpable a Castillo de Tabernas y le impuso una multa de 500.000 euros, pero un juez archivó el caso de Gespater.
Pepe Rivera dice que estos casos tienen un efecto mixto. “Una vez que se descubre a una empresa, simplemente sigue robando el agua porque piensa: ‘Bueno, me han pillado. Mejor sigo”, lamenta. “Aunque te pongan una multa de un millón de euros, sigue siendo bastante menos que los beneficios que obtendrás”, resume.
Según cuenta el ecologista, es casi imposible cerrar el grifo, incluso en los casos de agua robada. La lenta muerte del acuífero de Sorbas tiene su reflejo en toda Almería, una provincia famosa por su apuesta decidida por la agricultura, la “huerta de Europa”.
La ‘fiebre’ del agua
Surgió a finales de los años 50, cuando el régimen franquista descubrió inmensos lagos subterráneos de agua dulce bajo el Campo de Dalías, una extensión de 300 kilómetros cuadrados de matorral costero. Fue un milagro. Almería tenía entonces, y sigue teniendo ahora, el clima más seco de toda Europa, y es donde se encuentra el desierto de Tabernas.
Tan famosos son sus valles y mesetas que han servido de escenario a innumerables películas de Hollywood ambientadas en el desierto, desde Lawrence de Arabia hasta Cleopatra, así como a numerosos spaghetti westerns. Más recientemente, series de televisión como Juego de Tronos han aprovechado sus paisajes para plasmar aridez y desolación.
La belleza del paisaje yermo también era una maldición en el mundo real. Durante generaciones, Almería fue tierra de campesinos y pequeños agricultores, que se contaban entre los ciudadanos más pobres de España. Las escasas precipitaciones y un suelo arenoso e infértil les impedían cultivar otra cosa que no fuera el escaso rendimiento del secano.
Pero esa penuria estaba a punto de cambiar de forma drástica. Como parte de las reformas hidrológicas franquistas, el Gobierno concedió a la población local parcelas de dos hectáreas para el cultivo. Y se otorgaron miles de concesiones de agua alrededor de El Ejido, la principal localidad del Campo de Dalías, pero los agricultores apenas las necesitaban. La perforación de pozos ilegales en el acuífero era barata, fácil y estaba poco vigilada.
El agua se convirtió también en el eje de la campaña franquista para pacificar feudos tradicionalmente republicanos y, como escribió la geóloga Elena López Gunn en su estudio de 2009 Agua para todos, pretendía “unificar bajo una bandera común a sectores poderosos clave” como “los grandes intereses agrícolas, las élites tecnocráticas, los movimientos fascistas, el ejército y la Iglesia”.
Durante la década siguiente, se explotaron nuevos acuíferos en toda Almería durante lo que se conoce como un “periodo de colonización” de perforaciones. El agua transformó a innumerables familias pobres en familias agrícolas autosuficientes. Pero fue otro descubrimiento, esta vez accidental, el que cambió por completo la suerte de la comarca.
“Para proteger los cultivos del sol y los vientos del desierto, los agricultores los cubrieron con invernaderos de plástico”, explica Manolo Pérez Sola, profesor jubilado y activista de Acuíferos Vivos, una plataforma en defensa del agua nacida en 2005. “La nueva técnica ayudó a las granjas a diversificar mucho sus cultivos y aumentó el rendimiento en dos o tres cosechas al año”.
Por primera vez, muchos almerienses pudieron vivir de la tierra y vender sus productos en los mercados locales, continúa Pérez Sola. También surgieron pueblos alrededor de esas nuevas comunidades agrícolas. Se construyeron carreteras, escuelas e iglesias y se crearon cooperativas, que controlaban la calidad y la distribución de los productos y organizaban la mano de obra, agrupando sus cosechas para la venta y repartiéndose los beneficios.
En la década de los 80, este modelo de empresa propiedad de los trabajadores dio paso al capitalismo puro, a medida que la agroindustria se percató del potencial económico de Almería. Pérez Sola afirma que este nuevo sistema “producía más cosechas, por lo que [los agricultores] tenían más que vender”. Así comenzó la exportación a Europa.
Además, la adhesión de España a la Unión Europea en 1986 aceleró el auge de los invernaderos, gracias a las subvenciones y a la apertura de nuevos mercados. Almería se convirtió en el escenario de una especie de fiebre del oro agrícola: la agricultura intensiva pasó de 500 hectáreas a 20.000 en sólo una década.
Pepe Rivera recuerda que, en esta época, a finales de los 80 y principios de los 90, apenas había “carreteras plenamente funcionales, pero sí tiendas de Gucci y Louis Vuitton en las calles”. En cientos de kilómetros cuadrados alrededor de El Ejido y Níjar, una distópica extensión de invernaderos de plástico crecía hasta donde alcanzaba la vista. El milagro de Almería había comenzado.
El mayor exportador de agua de Europa
Cuando en 2019 murió el niño de dos años Julen Roselló tras caer 100 metros en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), el impacto en la opinión pública condujo a una breve persecución oficial de los agricultores que robaban agua. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente cifró en más de 500.000 los pozos ilegales que había en España. Los activistas calculan que el número era probablemente el doble, también hoy en día. Casi dos décadas después de ese recuento, sigue sin haber nuevos datos fiables.
José María Calaforra, catedrático de Biología y Geología de la Universidad de Almería que ha estudiado a fondo los acuíferos almerienses, asegura que los pozos ilegales no son el verdadero problema. “Es absurdo que el lugar donde menos agua tenemos sea el mayor exportador de agua de Europa”, protesta. Este preciado recurso sale de Almería “en pimientos, pepinos, tomates, sandías, melones”, añade Calaforra. Porque para cultivar, por ejemplo, una sola sandía se necesitan cientos de litros de agua.
Almería tiene la pluviosidad más baja de Europa. No hay ríos y las aguas superficiales son escasas. Así que el agua subterránea es esencial para los cultivos: más del 85% de ella se destina a la agricultura que, gracias a los avances tecnológicos, se ha convertido en experta en aprovechar al máximo cada gota mediante el riego por goteo y otros sistemas de conservación de agua. Pero toda la frugalidad del mundo no puede compensar el gran número de empresas que tienen concesiones de agua en la zona.
“Desde los años 80”, dice Calaforra, “las autoridades han dado más agua [a los agricultores] de la que realmente tenemos como recurso”. En algunos lugares de Almería, los permisos de agua concedidos desde la promulgación de la Ley de Aguas de 1980 cuadruplican el agua real existente.
Además, la sobreexplotación tiene un efecto secundario: la sal. En condiciones naturales, el agua subterránea fluye hacia el Mediterráneo, creando una barrera de agua dulce contra el agua salada del mar. Pero con los acuíferos agotados y el agua dulce desviada a los cultivos, este muro protector natural se está erosionando y el Mediterráneo invade aún más la tierra. El resultado es un aumento de los niveles de salinidad, que hace que el agua no sea potable y resulte venenosa para la mayoría de los cultivos.
“Siempre se ha pensado que el agua subterránea es infinita”, critica Calaforra. “No se ve… Como no se puede ver el arroyo, se piensa que es infinito. Es un problema mental, psicológico”. A su juicio, la solución es desarrollar en su totalidad el programa Agua, elaborado por el Gobierno del PSOE en 2004 y aprobado por el Congreso en 2006. Él lo califica de “fantástico”. Da prioridad al uso de los acuíferos como recurso estratégico, permitiendo su recuperación, y promueve en cambio la construcción de plantas desalinizadoras para el agua del Mediterráneo. El programa Agua, sin embargo, “ni se cumple ni se respeta”, lamenta.
Si científicos como José María Calaforra coinciden en que España dispone desde hace dos décadas de un plan adecuado para salvar de la ruina a los acuíferos españoles, ¿cuál es el problema?
La política.
La guerra ideológica del agua
“El agua se ha convertido en una guerra de posiciones ideológica”, admite Juan Francisco Rojas Fernández, concejal y portavoz de Vox en Almería. Es un conflicto en el que la ultraderecha se ha mostrado cada vez más dispuesta a participar en los últimos años, proponiendo incluso la amnistía para los freseros ilegales de Doñana cuando el pasado verano una campaña ciudadana en Alemania instó a los supermercados de ese país a no comprar más frutos rojos de Huelva porque se cultivan con agua bombeada de forma ilegal.
Rojas Fernández admite de buena gana que los “acuíferos de Almería están sobreexplotados”, pero los agricultores, justifica, también son los responsables de “convertir este desierto en un vergel”. El problema del agua, continúa, “debe resolverse de forma que la principal actividad económica de Almería pueda continuar”.
Es difícil encontrar a algún político dispuesto a criticar una cultura agrícola que está llevando a Almería al borde del colapso. En su lugar, los debates se desplazan a un terreno ideológico más seguro que trae ecos de décadas atrás, de la época de Franco. Así, Vox exige un “plan hidrológico nacional” que una a España mediante “trasvases de agua entre cuencas”, detalla el concejal Rojas Fernández. Es decir, coger agua de una zona de España y regalársela a otra. Así “se unirá” el país “igual que hizo Estados Unidos con el ferrocarril”, añade.
La política de trasvases siempre ha sido polémica en España. En 2001, el plan del PP para trasvasar 450.000 millones de litros de agua anuales del río Ebro a las zonas agrícolas de Valencia, Murcia y Almería provocó protestas en todo el país. Más de 400.000 personas se manifestaron en Madrid y otras 250.000 en Zaragoza. El clamor llegó incluso a Bruselas en rechazo al papel de la UE como financiadora.
Aún hoy la resistencia es feroz. De hecho, el proyecto de trasvase Ebro-Almería nunca se llevó a cabo, aunque sí ha habido trasvases del Tajo a Almería durante más de 40 años. El PSOE, que había hecho campaña en contra, llegó al poder en 2004 y echó por tierra los planes del PP. Lo que rara vez se menciona es que el propio PP había heredado el trasvase de los socialistas.
Antonio Martínez, senador del PSOE por Almería, elogia a los agricultores por superar su “situación climática y geográfica”. Califica los invernaderos de “buque insignia de la provincia” y dice que la falta de agua es un problema de décadas causado por el cambio climático y cuestiones estructurales que no son exclusivas de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “apuesta” por el agua reciclada, apunta el senador socialista. “Es decir, agua procedente principalmente de la desalación”, explica Martínez, extrayendo agua del Mediterráneo y quitándole la sal. En otras palabras, el plan Agua.
Los agricultores están especialmente enfadados por las propuestas de recortar su acceso a bajo coste a los acuíferos, lo que les obligará a pagar por el agua desalada, que es muy cara. Incluso con las cuantiosas subvenciones estatales, Almería paga la tarifa más alta del país, en torno a un euro por litro cúbico. Y, desde la invasión rusa de Ucrania, el coste de la electricidad necesaria para alimentar las plantas ha subido mucho, al igual que la propia agua desalada.
El concejal de Vox tacha a las desaladoras de caras, contaminantes y sólo abrazadas por otros partidos por “ecologismo ideológico ignorante”, al tiempo que ignora informes recientes que demuestran que las zonas propuestas para los trasvases, como el Ebro, también sufren hoy una “sequía extrema”.
“El problema del agua desalada”, advierte el ecologista Pepe Rivera, “es que es cara. Y por eso [los agricultores] prefieren agua más barata, que es la de los pozos o la de los trasvases, legales e ilegales”. Y añade: “Si la superficie de regadío [en Almería] sigue creciendo, todo el plan [Agua] será inútil”.
La crisis del agua del verano pasado llevó al Gobierno español a aprobar un plan de emergencia de 2.200 millones de euros para salvar el sector agrícola, el 64% de los cuales –1.400 millones– se destinarán a plantas desalinizadoras, instalaciones para duplicar la reutilización de aguas urbanas y a reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. El anuncio coincidió con la petición a la UE de fondos de emergencia de la Política Agrícola Común para ayudar a los agricultores a recuperarse de la sequía y las temperaturas récord.
El plan Agua de 2004 prometía miles de millones para desaladoras, incluidas cinco en Almería, frente a las dos existentes. Veinte años después, estas plantas no se han construido. El último informe de la Directiva Marco del Agua de la UE sobre el estado del agua en España concluye que el país ha fracasado en casi todas las categorías. Sus acuíferos están empeorando en vez de mejorar. Aun así, la superficie agrícola sigue creciendo.
Abandono 2046
En lugares como Moras, el paisaje está cambiando una vez más. Los olivos silvestres suelen vivir siglos. El más antiguo del mundo se encuentra en Creta, se le calcula una edad de 4.000 años. Pero los olivos de Sorbas-Tabernas, a las afueras de Moras, no durarán tanto. Los métodos de cultivo intensivo y los mayores rendimientos que se les exigen limitan su vida útil a unos 15 años.
El sol sigue brillando en Almería. Por culpa de los suelos degradados y la falta de agua, algunas de las empresas olivareras de la zona ya están vendiendo sus tierras para instalar huertos solares, cada vez más visibles en los pequeños pueblos y en las laderas de Sorbas y Tabernas. Los activistas se oponen, advirtiendo de que los paneles solares perjudican aún más la recuperación del suelo, además de que requerirán miles de millones de litros de agua para su mantenimiento, sin proporcionar energía barata y limpia a la población local.
Es una señal de lo que está por venir. José María Calaforra dice que lo que amenaza a Almería es el abandono. “Si no tienes agua, todo el mundo se va”, alerta. “Si quieres mantener este recurso agrícola, tienes que buscar otros recursos hídricos para intentar mantenerlo. Si eso no ocurre, obviamente te hundes”.
Un estudio del CSIC señala la situación límite de la huerta de Almería: "Es un jardín en el desierto"
La escena inicial de la película de ciencia ficción de 2017 Blade Runner 2046, protagonizada por Ryan Gosling, muestra una larga toma aérea de un páramo medioambiental. Ambientada dentro de 25 años, retrata un mundo hostil desprovisto de vegetación y belleza naturales, donde los alimentos de la humanidad se cultivan bajo una vasta extensión de invernaderos de plástico. La toma fue real, se hizo en Campo de Dalías, donde los geólogos franquistas perforaron el primer acuífero de Almería hace casi 70 años. El arte distópico pretende actuar como una historia con moraleja para la sociedad moderna. En el caso de Almería y su tierra, la cuestión es si sobrevivirá hasta 2046. Si lo consigue, se convertirá en el nuevo milagro de Almería.
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Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de Journalismfund.eu
Los habitantes de Moras, una pequeña aldea del Levante almeriense, hablan a menudo del pasado. Exuberantes valles verdes con charcas y estanques, abundancia de vida salvaje y parcelas con fértiles huertos, donde los aldeanos cultivaban hortalizas y criaban ganado. “Había una laguna con una playita de arena”, cuenta Juani Marín, de 56 años, que lleva toda la vida en Moras. “Me bañaba allí cuando era joven. Desapareció”.