“Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada golden visa -visado de oro-, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros -sin contar las cargas e hipotecas- en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba en el municipio sevillano de Dos Hermanas una medida que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros y confirmaba que España responderá a las directrices marcadas por la Comisión Europea, que ya había advertido en varias ocasiones sobre esos mecanismos de otorgamiento de permisos de residencia a cambio de dinero y había pedido a los Estados miembros que suprimieran unas pasarelas que posibilitan cambios de país de residencia.
Portugal ya puso coto en febrero de 2023 al régimen de golden visa y prohibió las nuevas licencias para pisos turísticos, exceptuando los rurales en municipios de zonas despobladas del país, como parte de un plan de choque para atajar la crisis de vivienda y combatir la especulación urbanística. Se sumó así a las políticas inmobiliarias de países como Canadá y Grecia, para tratar de aliviar tensiones de precios, y como luego haría Irlanda, según fuentes del ámbito inmobiliario.
En España, fue un Gobierno del PP de Mariano Rajoy el que dio luz verde en 2013 a los visados dorados, a través de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El fin pasaba por atraer inversores extranjeros, tras el pinchazo de la burbuja del ladrillo, y con el sector inmobiliario en horas bajas. Pero las circunstancias geopolíticas han cambiado y fuentes del entorno del Ejecutivo anotan que el límite de los 500.000 euros “ya no es una gran barrera en las grandes capitales españolas” en las que viviendas de ese valor “ahora no son de elevado lujo”.
Sánchez ha asegurado que 94 de cada 100 visados obtenidos por el mencionado procedimiento legal están vinculados a inversiones inmobiliarias, aunque no es el único supuesto que contempla la norma de 2013 para acceder al permiso de residencia, y que se concentran en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca o Valencia, que se enfrentan además a “un mercado de la vivienda altamente tensionado”, donde es casi imposible encontrar espacios habitables para quienes trabajan en ellas y “pagan sus impuestos cada día”.
A las puertas de las elecciones vascas y en la precampaña de las catalanas, Sánchez ha puesto énfasis en que la prioridad del Gobierno en esta legislatura pasa por “garantizar el acceso a una vivienda asequible” y por combatir el que “un ciudadano o ciudadana tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno, adecuado y de calidad”. Se enfocarán, ha defendido, en "la función social de la vivienda”.
Según el Gobierno, son “cerca de 10.000″ los visados que se han repartido por este procedimiento, muy criticado por entidades y ONG, al entender que convierte en mercancía la residencia española y, por extensión, la europea. Además de ser una fórmula opaca. Con todo, la organización Transparency International España ha arrojado algunas cifras en su informe Golden visas: La adquisición de permisos de residencia por inversión en España Principales riesgos, desafíos y recomendaciones. De acuerdo al contenido de este, desde la promulgación de la ley de 2013 y hasta septiembre de 2023 se concedieron "6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades", en comparación con "99.091 autorizaciones de residencia por inversión desde 2017 hasta 2022, distribuidas entre 51.829 titulares y 47.262 familiares". De esos visados, "un 96,18%" estaba asociado al "supuesto de adquisición de bienes inmuebles". Es decir, la compra de éstos por un importe igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante constituye "la mayor causa de concesión en el marco de la mencionada normativa".
¿Quiénes son los mayores beneficiarios de las golden visa? A la luz de lo recogido en el informe de Transparency International, España inversores chinos y rusos, son los que más las han acaparado. "En los últimos diez años, España ha concedido un total de 2.712 visados" a los primeros, "de los cuales el 99,33% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles"; mientras en el caso de inversores de nacionalidad rusa, se han asignado "1.159 visados, de los cuales el 94,65%" responden al mismo motivo.
A los anteriores les siguen los inversores iraníes, "para quiénes han sido concedidos un total de 203 visados, de los cuales el 99,01%" estaba asociado a la compra de inmuebles; luego los estadounidenses, con 179 visados y el 94,97%; y el grupo de inversores del Reino Unido, con un global 177 visados y el 93,78%, según el estudio. Los estados que continúan en la hilera de los que se hicieron con más visados, aunque en una proporción menor, son: Egipto (143 visados), Ucrania (143), Filipinas (122), México (114), Venezuela (98) y Arabia Saudita (89).
El año en el que se proporcionaron un mayor números de golden visa fue 2021, con detalle, 919. Y el análisis revela otro número significativo: el desembolso de "aproximadamente 3.423.133.626 euros por inversores rusos desde la entrada en vigor de la ley". Uno de los puntos críticos reseñados por Transparency International España al abordar este asunto es la institución del «silencio administrativo positivo» aplicado a la concesión de los visados y autorizaciones de residencia por inversión, una vía que "automáticamente aprueba la solicitud si no se resuelve en un plazo determinado". La organización advierte de que ese enfoque, "destinado a acelerar procesos, podría abrir la puerta a riesgos significativos al otorgar visados a inversores extranjeros sin un análisis detallado detallado de la procedencia de los fondos".
Sumar pide más
Para los socios del PSOE en el Ejecutivo, Sumar, el anuncio de Sánchez es una "buena noticia", pero no suficiente. Su portavoz de Economía en el Congreso, Carlos Martín Urriza, sostiene que solucionar el "grave problema" del acceso a la vivienda "requiere de un abordaje multidimensional que actúe sobre las cantidades ofertadas y demandadas" de inmuebles y "sobre su precio". "Desde Sumar hemos propuesto, en lo que se refiere a las medidas para reducir la demanda no deseable de vivienda: suprimir las golden visa, prohibir la compra de viviendas, si no se va vivir en ellas, como ocurre en algunos países europeos o de fuera de Europa; y limitar el uso de la vivienda para actividades que no sean la residencia habitual en zonas tensionadas, como las casas turísticas o de temporada", enumera.
El partido de Yolanda Díaz apuesta, asimismo, por la movilización de las edificaciones vacías y el impulso de "un gran parque de vivienda pública de alquileres asequible a partir de los activos de la Sareb -el llamado banco malo- y otros organismos públicos". Del lado de los precios, Martín Urriza hace hincapié en que lo alquileres no han de superar "el 30% de la renta de los hogares" en las zonas tensionadas y en que "los beneficios fiscales se limiten a esos alquileres". Reclaman, por último, "que haya portabilidad real de hipoteca entre bancos y una hipoteca regulada a tipo fijo que estén obligadas a ofertar todas las entidades" y que se aumente "la inversión productiva". "Las altas rentabilidades que ofrece actualmente la inversión en vivienda -de hasta el 11%-, además de suponer una extracción de renta de las clases más populares, recorta la inversión en la transición verde y la revolución digital", concluye.
Desde portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa han mostrado su convencimiento sobre que eliminar los visados de oro por la adquisición de vivienda no reducirá el precio de los inmuebles y sí generará una pérdida en la inversión extranjera.
“Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada golden visa -visado de oro-, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros -sin contar las cargas e hipotecas- en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba en el municipio sevillano de Dos Hermanas una medida que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros y confirmaba que España responderá a las directrices marcadas por la Comisión Europea, que ya había advertido en varias ocasiones sobre esos mecanismos de otorgamiento de permisos de residencia a cambio de dinero y había pedido a los Estados miembros que suprimieran unas pasarelas que posibilitan cambios de país de residencia.