El mayor gasto público no ha supuesto una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad. De hecho, todo lo contrario: numerosos barómetros de opinión coinciden en que los ciudadanos cada vez se preocupan más por la calidad del sistema sanitario. Según un informe del think tank Funcas, difundido este miércoles, el gasto público ha pasado de un 6,1% del PIB en 2016 a un 7,3% en 2021. Sin embargo, los ciudadanos han pasado de valorarlo de 6,6 puntos a 6,1, en una escala sobre 10. La crisis generada por la pandemia y la falta de médicos de familia está llevando al límite al sistema, pero además los expertos coinciden en que el aumento del gasto sanitario es cuestionable.
El informe expresa que, pese a que los españoles tienen un alto grado de confianza en su sistema sanitario (el 87%, 11 puntos más que la media europea), hay una preocupación creciente. En una escala entre 1, “muy insatisfecho”, y 10, ”muy satisfecho”, los ciudadanos han pasado de valorar entre 6,6 y 6,7 puntos el funcionamiento del sistema sanitario, años previos a la pandemia, a 6,29 en 2022, una cifra que ha caído aún más en febrero de 2023, que ha alcanzado el 6,14.
No solo es la percepción ciudadana: los paros, protestas y manifestaciones de los sanitarios se han multiplicado en muchas comunidades autónomas, cuya expresión más evidente fueron las dos grandes manifestaciones convocadas contra el desmantelamiento de la Atención Primaria en la Comunidad Madrid el 13 de noviembre y el 12 de febrero, con al menos 200.000 asistentes en cada una de ellas, según la delegación del Gobierno. ¿Por qué si el gasto aumenta, las preocupaciones de los ciudadanos y las críticas de los profesionales no deja de crecer?
“En primer lugar, diría que habría que coger con pinzas las cifras del aumento del gasto”, explica a infoLibre Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. “Con la pandemia, el PIB bajó mucho el porcentaje de gasto público sobre el PIB no ha crecido porque aumentara mucho la cantidad neta, sino porque el propio PIB disminuyó”, explica Sánchez. Así, el hecho de que el gasto sanitario fuera del 7,3% del PIB en 2020 y del 7,1%, unos porcentajes récord, quedaría explicado en parte por este motivo.
Sí hay récord de gasto sanitario, pero hay que leer la letra pequeña
Es cierto que, pese a esa explicación sobre el PIB, el presupuesto sí ha aumentado en términos netos, y también en relación a la población. Marciano Sánchez, que fue jefe de pediatría en el Hospital Niño Jesús, en Madrid, donde trabajó más de cuatro décadas, apunta a que esas cifras tienen letra pequeña: no necesariamente el gasto público ha aumentado donde la sanidad lo necesita.
“Aumentar el gasto público no quiere decir que aumente la financiación sanitaria. Mucha parte de ese gasto ha ido al aumento de gastos farmacéuticos. Hemos gastado más de 1.000 millones de euros en vacunas para el coronavirus. El gasto público ha aumentado, sí, pero mucho ha ido al gasto farmacológico”, explica Sánchez.
Según informó infoLibre, es cierto que parte del aumento se explica por el aumento de estos gastos. En 2021 se rozaron los 21.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 44% en ocho años. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el gasto público en Sanidad aumentó 13.600 millones entre 2019 y 2021, 2.200 millones fueron al gasto farmacológico.
“Otra parte importante ha ido a todo lo concerniente a privatizaciones”, añade Sánchez. “Es el ejemplo de comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, que están apostando por la privatización y la descapitalización del sistema público”, apunta el médico.
Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coincide con Sánchez en este punto: “Algunos servicios autonómicos, pese a haber incrementado el gasto público, lo están destinando a la colaboración privada. Tienen una visión de que quizás no pasa nada porque el sistema público se deteriore, porque lo importante es la colaboración público-privada”, añade.
A estos factores cabe añadir un fenómeno monetario: la inflación. Por ejemplo, el gasto público aumentó un 5,5% en 2021 respecto al año anterior, unos 5.000 millones de euros. Pero la inflación ese año fue de un 3,1%, por lo que gran parte del gasto público se pierde en el aumento de la carestía de los costes del sistema. En 2022, la inflación media fue de un 8,4% lo que implica que necesitó un crecimiento mayor de gasto público para financiar los mismos servicios.
Entre los presupuestos regionales de 2021 y 2023, de media las autonomías han aumentado el presupuesto sanitario en 189 euros por habitante. El ranking definitivo deja a la Comunidad de Madrid la que menos presupuesto dedica (unos 1.300 euros por habitante), seguida de Murcia (1.534) y Cataluña (1.576). En cabeza se encuentran Asturias (2.133), País Vasco (2.130) y Extremadura (2.092). Esta última es la que más ha aumentado el presupuesto sanitario desde 2021: unos 320 euros más por cabeza. “En Extremadura se ha hecho un gran esfuerzo en la Atención Primaria en los últimos años”, explica Marciano Sánchez, que es de origen extremeño. “Pero tampoco está exenta de problemas, ninguna comunidad autónoma está bien”, lamenta.
Es imposible ver al médico de Atención Primaria
No solo es que el aumento del gasto público no sea tal, los propios ciudadanos llevan años experimentando un servicio público peor, desde la crisis financiera, situación llevada al extremo tras la pandemia. “Los años de la pandemia generaron que una gran cantidad de pacientes crónicas no fueran vistos en el sistema. Hubo una gran cantidad de operaciones, intervenciones y pruebas diagnósticas que dejaron de hacerse para atender a todo lo que venía del brote de coronavirus. Sobre todo pasó en 2020, pero también en las sucesivas olas de 2021 y 2022”, explica Joan Carles March.
El primero de estos efectos es que ver al médico de Atención Primaria cuando se necesita no siempre es fácil. “Si acudes a un médico de familia porque crees que tienes un problema de salud y no te dan cita hasta dentro de 10, 15 o 20 días, muy satisfecho no puedes estar con el sistema. Según el barómetro de febrero de 2023, la media está en 9 días. Es una situación inadmisible”, incide el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Por comunidades autónomas hay grandes diferencias entre las tasas de profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes. En el caso de los médicos de familia, la situación va desde 0,96 de Castilla y León hasta el 0,46 de Baleares. Por parte de los profesionales de enfermería, entre el 0,97 de La Rioja al 0,50 de la Comunidad de Madrid.
Un problema derivado del anterior es que, ante la ausencia de ver al médico de familia, se recurre a las urgencias. “Hay una saturación absoluta, no satisface las necesidades de la población. Otro debate es si el motivo por el que acuden los pacientes es el más adecuado o no, pero el hecho de tardar 15 días en conseguir una cita… pues la gente se va a urgencias y al final acaba generando una imagen global del sistema sanitario que es mala”, incide Joan Carles March.
La eterna espera de pasar al especialista u operarse
Consecuencia también del atasco generado por la pandemia es que una vez que se consigue la cita con el médico de Atención Primaria, en caso de necesitar ir al especialista la espera se alarga. Según el informe realizado por la FADSP, los días promedio en lista de espera para las consultas de especialista van desde los 48 en el País Vasco hasta los 123 de Andalucía. Si atendemos a la lista de espera quirúrgica, van de los 63 de Madrid a los 174 de Castilla-La Mancha. En datos de 2022, solo alrededor de uno de cada 10 pacientes ha percibido que las listas de espera “mejoren”.
Otra consecuencia de la sensación generalizada de que la sanidad pública está colapsada y de las críticas constantes es el beneficio que esto supone para los negocios sanitarios: “Muchos toman la decisión de ir o a urgencias a la sanidad privada. Estamos viendo un incremento de los seguros privados, porque la Atención Primaria no pueden resolver los problemas de los ciudadanos”, añade Joan Carles March. “La estimación que hace el Ministerio de Sanidad es que hay más de cuatro millones de personas en lista de espera para la primera consulta con un especialista”, añade Marciano Sánchez.
Los médicos se van
“Hay algunas especialidades, como la medicina de familia, en la que faltan médicos. Durante los años tras la crisis financiera no se convocaron plazas suficientes de MIR. Como no tienes médicos hasta 5 años después, el aumento de plazas que hemos visto en los años posteriores a 2018 todavía no se han incorporado al sistema. Esto lo vemos especialmente en las zonas de difícil cobertura, zonas no urbanas, ya no solo en médicos de familias, muchos no tienen incentivos adicionales para ello”, critica Joan Carles March.
“Luego hay comunidades que están peor que otras. Durante la pandemia todas incorporaron un mayor número de profesionales a la cartera de servicios, pero posteriormente han ido quitándolos. Un ejemplo de eso es Madrid. No pasa nada por que se despida a 8.000 trabajadores. Ahí los ciudadanos pierden confianza, porque paralelamente no se está dando el servicio que piden. Da la sensación de que el sistema sanitario va por un lado y los ciudadanos por otro. El sistema está mal entendido por los políticos”, critica March.
“Yo no creo que en España falten médicos, tenemos un número de profesionales por encima de la media europea. Lo que sí veo es una irracional distribución de los mismos. Hoy mismo hemos visto que 82 pediatras que han salido de la última promoción, solo uno ha conseguido plaza en la Atención Primaria. Por otro lado, no es que no haya médicos: es que si no se ofrecen condiciones razonables, la gente se va, a otras comunidades y también a otros países”, observa Marciano Sánchez.
“Creo que en España hay que replantearse globalmente el sistema sanitario. Implica un aumento de ingresos por habitante, pero desde mi punto de vista también tiene que haber un Ministerio de Sanidad potente, que coordine mejor las políticas autonómicas. Desde hace muchos años ya se está diluyendo al Ministerio. En la pandemia ha tenido un buen papel, pero ahora vuelve a diluirse. Hay que dar más peso a la Atención Primaria, hay que recuperar la confianza de los profesionales, que tienen la sensación de que están dejados de la mano de Dios. Hay que crear una gestión de la Sanidad que esté más profesionalizada. El sistema tiene que cambiar, porque no puede ser que haya pacientes que sigan sin recibir la atención que recibían antes de la pandemia”, remacha Joan Carles March.
El mayor gasto público no ha supuesto una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad. De hecho, todo lo contrario: numerosos barómetros de opinión coinciden en que los ciudadanos cada vez se preocupan más por la calidad del sistema sanitario. Según un informe del think tank Funcas, difundido este miércoles, el gasto público ha pasado de un 6,1% del PIB en 2016 a un 7,3% en 2021. Sin embargo, los ciudadanos han pasado de valorarlo de 6,6 puntos a 6,1, en una escala sobre 10. La crisis generada por la pandemia y la falta de médicos de familia está llevando al límite al sistema, pero además los expertos coinciden en que el aumento del gasto sanitario es cuestionable.