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El fraude de los trabajadores en paro con las prestaciones por desempleo se redujo drásticamente en 2020 como consecuencia de la pandemia. De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, las infracciones el año pasado de los desempleados ascendieron a 2.929 casos. Se trata de un número que no aparece desglosado en las memorias estadísticas de la Inspección de Trabajo.
La caída con relación a 2019 fue del 16% (3.492 infracciones), del 25% sobre 2018 (3.890 incidencias) y del 35% sobre 2017 (4.512 casos). La razón es la pandemia: "Los datos de 2020 se deben en parte a que la pandemia afectó a la economía", responden en el ministerio. "Hubo un parón de actividad generalizada durante unos meses y la actuación de la inspección se reorientó a aspectos que tenían que ver preferentemente con el covid-19".
Así, para evitar una destrucción de empleo masiva nada más empezar las restricciones, los equipos de la vicepresidenta Yolanda Díaz (Trabajo) y del ministro José Luis Escrivá (Seguridad Social) diseñaron los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Los ERTE no son prestaciones por desempleo aunque su abono corra a cargo del Ejecutivo, por lo que, de haberse producido fraude, éste no computaría en la misma categoría en la que se engloban los parados.
La Inspección entonces redirigió su labor investigadora hacia temas que tenían que ver con el virus y la protección de los trabajadores, además de supervisar el correcto funcionamiento de los ERTE. "En lo peor de la pandemia, se produjeron muchas actuaciones en materia de seguridad y salud", señalan en la Inspección.
Igualmente, añaden, "durante la primera parte del Estado de Alarma bajó mucho la actividad económica. Y al prácticamente desaparecer la actividad de la hostelería en ese periodo, las actuaciones en economía irregular también bajaron". Estas declaraciones revelan varias cosas: en primer lugar, que la hostelería es un sector abonado al fraude con los trabajadores con desempleo. No hay más que ver lo que sucedió el pasado 31 de agosto: a pesar de que fue un mes espectacular para el empleo, ese día se convirtió en el segundo día que más trabajo se destruyó de la historia de España, con 294.808 bajas a la Seguridad Social. En estas bajas y altas que en ocasiones apenas duran unas horas los trabajadores en el desempleo porque el empresario se ahorra dinero de las cotizaciones sociales hay mucho fraude, además de temporalidad.
Cae también el dinero recuperado: de 38 millones a 28
¿Qué tipo de fraude se produce? Como apunta la Inspección, "la indebida compatibilización de prestaciones por desempleo con el trabajo", así como otras infracciones: "incremento indebido de bases para la percepción de prestaciones superiores a las que correspondan, prolongación indebida para su disfrute o simulación de relación laboral... ". En la web se dividen entre leves, graves o muy graves, y van desde no dar la información correspondiente a los servicios de empleo para recibir notificaciones, rechazar una oferta de trabajo "adecuada" o (muy grave) compatibilizar el cobro de prestaciones con empleo sumergido, por citar un caso.
También hay un notorio descenso del importe de las prestaciones recuperadas. En 2020 la cuantía recuperada por la Inspección de Trabajo se elevó a casi 28 millones de euros (27.992.346) frente a 38,3 millones en 2019, 35,1 millones en 2018 o 36,5 millones en 2017. No siempre el número de fraudes implica más importes económicos.
"Los datos facilitados se corresponden exclusivamente a infracciones de trabajadores y a la sanción correspondiente, la devolución de las prestaciones indebidas o suspensión de la prestación", recuerdan en el Ministerio de Trabajo. Desde la llegada de Yolanda Díaz, la Inspección ha multiplicado su actividad. Por ejemplo, en el campo, donde hasta primeros de agosto se habían cubierto 7.137 inspecciones en el sector agrícola, hallándose fraude en el 42% de los casos. También se han disparado las actuaciones para regularizar empleadas del hogar o falsos becarios.
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