La amenaza que pende sobre más de tres millones de trabajadores, cuyos convenios colectivos pueden desaparecer el 8 de julio, está a punto de quedar desactivada. El pasado martes CCOO y UGT presentaron a la CEOE una nueva propuesta para conjurar el peligro del fin de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios, que la reforma laboral redujo a un año– y la patronal no parece haberla acogido con desagrado. Los empresarios han prometido una respuesta la próxima semana, de forma que el posible acuerdo se ponga en marcha de forma inmediata, el día 15.
Los sindicatos plantean a la CEOE que los convenios en negociación se prorroguen el tiempo necesario hasta llegar a un acuerdo, mientras que los bloqueados recurran de inmediato a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos: mediación obligatoria o arbitraje voluntario, ya sea en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para convenios de ámbito nacional, ya sea en los correspondientes servicios autonómicos.
Del debate en el grupo de trabajo que sindicatos y patronal crearon para evitar el vacío normativo –y la conflictividad– a partir del 8 de julio, se ha caído, pues, la discrepancia sobre plazos. En un primer momento, CCOO y UGT pidieron un año de prórroga para los convenios en peligropidieron. El pasado 17 de abril, en una rueda de prensa para explicar los acuerdos de su junta directiva, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró dispuesto a conceder seis meses más de plazo a los convenios, estableciendo un “orden del día” con las cuestiones que se pudieran debatir.
Sin embargo, en las reuniones posteriores con CCOO y UGT, la patronal se desdijo de esa oferta, según fuentes sindicales. Una vez eliminados los plazos, que “en realidad benefician a la parte que se enroca y no quiere negociar”, aseguran, el camino hacia el acuerdo parece estar más despejado. El próximo día 16, los responsables de los sindicatos y la CEOE serán recibidos en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante quien podrían exhibir su flamante pacto.
La reforma laboral, aprobada en el Congreso el 8 de julio de 2012, reducía la ultraactividad a un año. La crisis económica ha puesto la negociación colectiva en estado de coma: en 2012 se firmaron 2.762 convenios, mientras que en 2009 se registraron 4.082, casi el doble. UGT asegura que faltan por renovar hasta 3.000 convenios, que rigen la vida laboral de cuatro millones de personas. Si antes del 8 de julio no se desbloquean las mesas de negociación, pueden decaer unos 1.800 convenios, a los que habría que descontar aquéllos que incluyen un pacto expreso para extender su vigencia más allá de la fecha fatídica.
Sin cobertura, con menos sueldos
Pese a que Rosell ha negado que la CEOE esté haciendo un uso “ventajista” del bloqueo de los convenios y de la amenaza de vacío legal, sí que hay patronales que no han dudado en utilizar el fin de la ultraactividad para endurecer sus propuestas en las mesas de negociación. En el caso de que un convenio de empresa decaiga el 8 de julio, las condiciones de sus trabajadores pasarán a regirse por el convenio sectorial que les corresponda. Y si es un convenio de sector el que desaparece, sus empresas podrán recurrir a otro de ámbito superior (autonómico o estatal), si existe. En caso contrario, sólo les quedará el Estatuto de los Trabajadores.
El acuerdo de patronal y sindicatos sobre la prórroga de los convenios se enfría
Claro que los convenios sectoriales y el propio Estatuto no regulan las condiciones laborales con el detalle con que lo hacen los convenios de empresa. Éstos, además, suelen mejorar las jornadas, salarios y horarios de los sectoriales.
Los sindicatos temen también que, una vez sin convenio, las empresas y las patronales intenten rebajar sueldos. En teoría, pueden incluso remitirse al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 645,30 euros mensuales, a falta de cualquier otra tabla salarial.
En el caso de que patronal y sindicatos no se pongan de acuerdo ahora, CCOO y UGT ya han convocado movilizaciones a partir del próximo día 16 en los sectores más afectados por el bloqueo de la negociación, como el transporte y el metal en Cataluña y el País Vasco.
La amenaza que pende sobre más de tres millones de trabajadores, cuyos convenios colectivos pueden desaparecer el 8 de julio, está a punto de quedar desactivada. El pasado martes CCOO y UGT presentaron a la CEOE una nueva propuesta para conjurar el peligro del fin de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios, que la reforma laboral redujo a un año– y la patronal no parece haberla acogido con desagrado. Los empresarios han prometido una respuesta la próxima semana, de forma que el posible acuerdo se ponga en marcha de forma inmediata, el día 15.