La patronal del taxi solicita a Madrid y Cataluña que inspeccionen los servicios de Uber desde 2014

Fedetaxi, principal patronal del gremio, ha solicitado que la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña inspeccionen los servicios que Uber ha prestado en estas regiones desde 2014 para determinar si cuentan con autorización para realizar servicios de transporte, tal como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE dice que deben tener.

La organización calcula que en caso de que la compañía no contara con esta autorización, los gobiernos regionales deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces, según informa Europa Press.

"Se trata de una cantidad con la que, por ejemplo, se solucionaría gran parte del déficit público de las comunidades autónomas", indicó en un comunicado el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal. "Si los gobiernos autonómicos actúan como deben, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar tendría un efecto cero en la economía nacional, lo que además supondría un mensaje para todas las multinacionales de la falsa economía colaborativa", añade Leal.

Por ello, tras el fallo del TUE, esta asociación llamó a que Madrid y Cataluña "procedan de forma urgente e inmediata a revisar todos los servicios que Uber haya operado en los últimos años" para verificar si han cumplido con los requisitos legales como empresa de transporte que son según el tribunal europeo.

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Extrapolable a otros negocios

Por su parte, el bufete SBC Abogados, que representa a la asociación Élite Taxi en la demanda contra Uber, asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE tiene grandes repercusiones jurídicas porque "se puede extrapolar a otros negocios que en la actualidad siguen intentando eludir responsabilidades legales".

En un comunicado, el despacho ha valorado positivamente la sentencia, ya que el servicio de UberPop, que la multinacional implantó en Barcelona, significaba que cualquier particular podía prestar servicios en su coche "sin ningún tipo de control ni supervisión y al margen de toda regulación legal".