Los permisos de trabajo concedidos a ciudadanos extranjeros se han disparado un 42,3% desde el pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma del reglamento de Extranjería promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que flexibilizó los requisitos. Según las estadísticas que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, el último mes del que ofrece datos, se han otorgado 157.208 autorizaciones, 46.766 más que entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Pero en los tres últimos meses del año pasado, el aumento fue muy superior, de un 63,6% respecto al último trimestre de 2021. Gracias a ese tirón final, el número total de permisos concedidos a extranjeros para trabajar en España fue de 198.752 en 2022, un 46,2% por encima de los aprobados en 2021. Es la cifra más elevada desde 2013.
Desde ese año, 2013, cuando se otorgaron 180.259, las autorizaciones no dejaron de caer hasta 2017, llegando a un mínimo de 111.323. Entonces comenzaron una remontada que explotó el año pasado. Y que previsiblemente se superará en el ejercicio en curso, puesto que entre enero y mayo se han aprobado 93.866 permisos de trabajo, un 30,7% más que en el mismo periodo de 2022.
Una parte del auge de los permisos de trabajo se debe a un nuevo tipo de arraigo creado con la reforma impulsada por el ministro José Luis Escrivá: el arraigo por formación. Desde el pasado septiembre al 14 de mayo de este año, 28.681 personas han solicitado una autorización de esta clase y 12.348, el 43%, la consiguieron, según cifras facilitadas a infoLibre por el Ministerio de Seguridad Social.
“[La nueva figura del arraigo por formación] ha sido todo un éxito”, resume José Antonio Moreno, responsable de Migraciones de CCOO, quien asegura que está siendo “muy bien recibida por algunas empresas”. En algunas provincias, incluso, los arraigos por formación han superado a los laborales y sociales, “que eran los clásicos hasta ahora”, apunta Moreno.
En julio de 2022 el ministerio aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería que pretendía “favorecer la incorporación al mercado laboral” de extranjeros que se encuentran en España, “reforzar las vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión”, que adolece de procedimientos “lentos e inadecuados”. Desde entonces, se permite a los estudiantes extranjeros compaginar su formación con el trabajo, siempre que éste no supere las 30 horas semanales. Además, ya no se les exige una estancia de tres años para obtener un permiso de trabajo una vez finalizados los estudios.
También se concede el permiso de trabajo por arraigo laboral a quienes, en situación irregular, llevan al menos dos años con un trabajo legal y a quienes, habiendo trabajado seis meses en la economía sumergida, denuncien a la empresa. Para conseguir el permiso por arraigo social, basta ahora con que el contrato del trabajador extranjero le garantice el cobro del salario mínimo interprofesional (SMI), independientemente de su duración. Finamente, la reforma creó un nuevo modelo de arraigo, por formación, que da acceso a un permiso de residencia de 12 meses a quienes lleven en España dos años, si cursan una formación reglada para el empleo.
El ministerio destacó en su día que se trata de una figura inspirada en otra alemana, denominada Duldung o estancia tolerada. Este mecanismo no otorga el permiso de residencia, pero detiene la expulsión de quien no lo tiene. Lo conceden los Länder por periodos de tiempo variables, también son distintos los derechos que tiene asociados: sólo algunos estados federados permiten el acceso al mercado laboral tras haber participado en programas de formación profesional. Según el Ministerio del Interior alemán, 247.290 personas tenían una estancia tolerada en la primera mitad de 2022, de los cuales 136.605 llevan más de cinco años en el país.
No faltan trabajadores, faltan "condiciones laborales dignas"
En España, la “flexibilización” de los requisitos para conseguir un permiso de trabajo tuvo un recorrido largo y controvertido. Porque tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo veían con muchos recelos las propuestas de José Luis Escrivá, que en cambio contaron con el apoyo de la CEOE. Los empresarios llevan tiempo quejándose de que no encuentran trabajadores para ciertos puestos. Por el contrario, tanto CCOO y UGT, que critican la reforma porque a su juicio genera migrantes de primera y de segunda, como la ministra Yolanda Díaz replican que no faltan trabajadores sino “condiciones laborales dignas”.
El número de vacantes en España era de 149.645 en el primer trimestre, de acuerdo con la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE. El 89,2% se encuentra en el sector servicios. En la construcción hay 6.200 vacantes.
“No es cierto que haya déficit de mano de obra”, rechaza tajante José Antonio Moreno. “En la UE estamos a la cola de esa carencia junto con Polonia, Bulgaria y Rumanía”. Según Eurostat, la tasa de vacantes española es del 0,9%, mientras que Bélgica, Países Bajos y Austria tienen la mayor, un 4,7%. Además, España es líder en sobrecualificación de sus trabajadores –el 35,9% están empleados en puestos muy por debajo de la formación que han adquirido, la media europea es del 22,2%, según Eurostat– y uno de los países con mayor tasa de paro de la UE, el 11,6%, con 2,7 millones de desempleados, enumera el responsable de CCOO. “Lo que hace falta es fomentar la empleabilidad en el mercado laboral español, lo que significa fomentar no sólo la de los trabajadores españoles”. Los sindicatos temen que rebajar los requisitos como ha hecho el Gobierno permita un “ejercicio de oportunismo por parte de las empresas: en lugar de mejorar las condiciones laborales de las plantillas, van a contratar por mucho menos a trabajadores extranjeros”.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, atribuye a los buenos resultados del arraigo por formación el aumento de los permisos concedidos pese a la desconfianza que, en principio, les suscitaba la nueva figura. Admite que si los extranjeros consiguen así salir de la economía sumergida, no es mala solución, siempre que los empleos a los que accedan tengan “las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”. Para eso tienen que implantarse “controles muy rigurosos”, tanto en lo que se refiere a la formación como en las empresas, reclama. infoLibre ha preguntado por los resultados de la reforma de Escrivá tanto a la CEOE como a Cepyme, pero no ha obtenido respuesta.
Un 60% más de permisos para camareros
Analizando las ocupaciones en las que se han concedido permisos de trabajo se comprueba en qué tipo de trabajos se reclama a los extranjeros. Los permisos que más han aumentado en los primeros cinco meses de este año respecto a 2022 corresponden a extranjeros que trabajan en bares y restaurantes, un 59,7%, seguidos de los trabajadores cualificados de la construcción, un 55,6%, y los peones de la construcción, un 34,9%. Sin embargo, el mayor volumen de autorizaciones lo han conseguido las empleadas domésticas, 26.966, que también han crecido de forma apreciable en lo que va de año: un 31,6%. Tras ellas se sitúan los peones agrícolas, 12.570 permisos, pero han aumentado menos, un 15,4%.
No obstante, no todas son autorizaciones para trabajadores poco cualificados. Se han concedido permisos de trabajo para 5.483 técnicos, científicos e intelectuales extranjeros –un 20,2% más que en 2022– y 1.518 para ejecutivos.
Estas cifras no incluyen los contratos en origen, que también subieron en 2022, el último año del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo: se firmaron 18.565, un 29,2% más que en 2021, pero aún por debajo de los 18.987 suscritos en 2019, antes de la pandemia.
Por nacionalidades, los permisos concedidos a ciudadanos colombianos casi se han duplicado en los primeros cinco meses de este año respecto del mismo periodo de 2022: han crecido un 99,5%, hasta alcanzar los 13.292. Pero el mayor número de autorizaciones se ha otorgado a ciudadanos marroquíes, un total de 15.697, un 25,3% más que el año pasado. También han crecido por encima del 40% los conseguidos por hondureños y peruanos. Los de senegaleses, un 38,9%. Por el contrario, los de venezolanos sólo han aumentado un 3,5%, mientras que los aprobados para ucranianos se han hundido un 44,6% y fueron sólo 1.363.
Siete nuevas ocupaciones en el catálogo de difícil cobertura
El catálogo de ocupaciones de difícil de cobertura –los trabajadores que se pueden contratar en el extranjero– también fue objeto de enfrentamiento entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos. Tras meses de tira y afloja, Escrivá consiguió ampliar el número de ocupaciones, hasta ahora limitado a deportistas profesionales y a empleos relacionados con la Marina Mercante. Desde ahora, incluye siete ocupaciones más, todas de la construcción, pero no la treintena, de todos los sectores, que quería incorporar el ministerio: carpinteros de aluminio, metal y pvc, montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc, instaladores electricistas de edificios y viviendas, instaladores electricistas en general, conductores-operadores de grúa en camión, conductores-operadores de grúa fija en general y conductores-operadores de grúa móvil.
“Éramos reacios a abrir el catálogo sin analizar antes de qué ocupaciones había déficit por provincias y sectores”, explica Cristina Antoñanzas, “pero finalmente accedimos a esas siete nuevas ocupaciones que pedían las empresas de la construcción”. “Vamos a ver cómo funcionan, porque el catálogo se revisa cada trimestre”, adelanta.
El Gobierno se sienta con sindicatos y CEOE tras sus críticas al plan de incorporar extranjeros al mercado laboral
El Ministerio de Seguridad Social explica a infoLibre que el catálogo se ha elaborado “en consulta con los agentes sociales, a partir de las necesidades constatadas por los servicios de empleo públicos y en consulta con los distintos ministerios”. De hecho, asegura que su papel ha sido “más el de facilitadores y canalizadores de las demandas que llegan tanto desde los territorios y desde los sectores” que de “promotores de listados”. José Antonio Moreno lo niega: “El ministerio no canaliza nada, son las empresas las que comunican sus ofertas de puestos de trabajo a las comisiones provinciales de empleo y éstas a las comisiones autonómicas, que las trasladan a la Comisión Laboral Tripartita”, describe.
Los sindicatos ven en los afanes de rebajar los requisitos para contratar a trabajadores extranjeros una cesión del ministro ante las presiones de los empresarios, ansiosos por encontrar mano de obra más barata. Pero el ministerio insiste en que la mitad de las empresas declara que tiene problemas de escasez de personal y, el pasado junio, volvió a rebajar los requisitos para conceder el arraigo por formación, reduciendo el número de horas de los cursos exigidos y ampliando el tipo de trabajos en los que se puede contratar a los extranjeros: antes tenía que ser exactamente en los empleos para los que se les había formado; ahora puede ser en cualquiera perteneciente a la familia de ocupaciones de que se trate.
Además, para obtener el arraigo, ahora les bastará con tener "experiencias de aprendizaje de corta duración" –cursos cortos– que les permitan conseguir “microcredenciales”, una figura impulsada por la Comisión Europea. El gran aumento de los permisos reflejado en las estadísticas antes citadas se ha producido, por tanto, antes de esa segunda “flexibilización” recién aplicada.
Los permisos de trabajo concedidos a ciudadanos extranjeros se han disparado un 42,3% desde el pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma del reglamento de Extranjería promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que flexibilizó los requisitos. Según las estadísticas que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, el último mes del que ofrece datos, se han otorgado 157.208 autorizaciones, 46.766 más que entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Pero en los tres últimos meses del año pasado, el aumento fue muy superior, de un 63,6% respecto al último trimestre de 2021. Gracias a ese tirón final, el número total de permisos concedidos a extranjeros para trabajar en España fue de 198.752 en 2022, un 46,2% por encima de los aprobados en 2021. Es la cifra más elevada desde 2013.