El Gobierno se sienta con sindicatos y CEOE tras sus críticas al plan de incorporar extranjeros al mercado laboral

La reacción de CCOO y UGT fue airada cuando el Ministerio de Seguridad Social hizo público su borrador para reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería. La intención de José Luis Escrivá es incorporar al mercado laboral a miles de migrantes para que cubran la falta de mano de obra de la que se quejan algunos sectores. Esas 109.000 vacantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para las que los empresarios no consiguen trabajadores, pese al 13,3% de paro que se mantiene en los registros de los Servicios Públicos de Empleo.

“Clasista”, “discriminatoria”, generadora de migrantes de primera y de segunda, y dinamitadora del Diálogo Social. Son algunos de los reproches que los sindicatos dedicaron al texto, en estos momentos en fase de audiencia pública. A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de esta legislatura con otros asuntos laborales y sociales, ni los sindicatos, que se sienten “ninguneados”,  ni la patronal CEOE fueron consultados sobre la reforma de la política migratoria que el Gobierno pretende tramitar, además, de forma urgente. “Queremos que se apruebe lo antes posible”, aseguró este mismo martes en París el ministro, “el Gobierno entiende que esto es una urgencia”.

Pero para paliar la falta previa de negociación, los agentes sociales se reúnen hoy con el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea Cortijo, en una cita donde los sindicatos esperan que se concreten los compromisos que el Gobierno adoptó el lunes en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. En ese órgano, adscrito al Ministerio de Trabajo, se sientan los agentes sociales, para asesorar al departamento de Yolanda Díaz en la gestión laboral de la inmigración. En ese foro, el Ejecutivo se comprometió a crear tres mesas: una para reformar el reglamento de la Ley de Extranjería, otra para estudiar la adecuación de la situación nacional de empleo –plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura–, y una tercera para transponer la Directiva de la Tarjeta Azul, que regula la contratación de trabajadores extranjeros muy cualificados.

Pese a estos ofrecimientos de diálogo, los sindicatos no están satisfechos. “El borrador ya está redactado y en audiencia pública, ahora sólo podemos hacer enmiendas a un texto, pero no cambiar temas de fondo”, lamenta Cristina Faciaben, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. Además, resalta que el ministerio tiene “muchísimas prisas” para aprobar la reforma de la política migratoria, quizá porque ayudará a aumentar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, explica que la idea inicial que se les transmitió a los agentes sociales fue que se iba a trabajar en modificar el reglamento durante nueve meses, pero después “cambiaron los planes” y el ministerio ha terminado por tramitar de urgencia el proyecto de Real Decreto, cuya fase de audiencia pública termina el próximo lunes.

Aun con tanta premura, Escrivá recalcó en París que el Diálogo Social es “fundamental”, esgrimió los 14 acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con sindicatos y patronal hasta ahora y aseguró que para cambiar la política migratoria también contará con ellos. “Ahora lo tenemos que discutir con los agentes sociales”, anunció. El ministerio insiste a infoLibre en que “se está manteniendo un intenso contacto” y que el borrador “se enriquecerá con todos los comentarios”. “Se han iniciado las conversaciones y, como en otros temas, se harán reuniones con la frecuencia que sea necesario; diarias, si es preciso”, añaden.

Fuentes de la CEOE también se quejan de que la reforma no haya “pasado por el Diálogo Social” y se remiten a la reunión “técnica” con los responsables del ministerio “para conocer pormenores y que expliquen el contenido” del proyecto de Real Decreto.

Sesgo de interés económico y cortoplacista

Pero no sólo por las formas, sino también por el fondo, los cambios en el reglamento han disgustado a CCOO y UGT. “Tiene un sesgo de interés económico”, explica Cristina Faciaben. “Y cortoplacista”, apunta Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones de UGT. Según el borrador, casi el 50% de las empresas declaran que tienen problemas de escasez de empleo. Así que, critican los sindicatos, el ministerio responde a las quejas de algunos empresarios de sectores muy determinados que no encuentran trabajadores porque ofrecen salarios y condiciones laborales precarios… para españoles, pero “aceptables” para migrantes. “Parece que estamos asumiendo que no generamos empleo de calidad ni para españoles ni para extranjeros”, lamenta Ana María Corral, quien recuerda que en la anterior crisis abandonaron el país más de 300.000 trabajadores foráneos, porque regresaron a sus países de origen o se marcharon a otros donde las oportunidades laborales eran mejores. Cristina Faciaben cree que, además, con la reforma se facilita la “selección de migrantes”: de primera clase y de segunda. El borrador del nuevo reglamento cita entre las ocupaciones vacantes las de teleoperador, representante comercial, conductor de vehículo de reparto y desarrollador de software.

El borrador incluye cuatro medidas. Amplía la contratación de migrantes en sus países de origen, permite que los estudiantes extranjeros trabajen en España una vez formados, crea una nueva figura de arraigo, con formación, que se añade a los existentes, laboral y social, y suprime obstáculos para los emprendedores y autónomos extranjeros.

Para conseguir el arraigo laboral en España, la autorización para trabajar de un extranjero que se encuentre en situación irregular, es necesario que haya residido en territorio nacional durante dos años y haya estado empleado durante seis meses. Para conseguir el arraigo social, hacen falta tres años en España, tener vínculos familiares o acreditar en un informe la inserción social, además de poseer un contrato de un año. En 2021, se concedieron 5.902 autorizaciones por arraigo laboral y 47.877 por arraigo social, así como19.051 por arraigo familiar. De las autorizaciones para autónomos, las llamadas visas de oro, se concedieron el año pasado 285.

Contratación en origen y oficinas de Extranjería

CCOO y UGT coinciden en que el modelo laboral para la migración español no es peor que otros europeos, pero también resulta mejorable. “Es una norma hecha de pedazos”, asegura Cristina Faciaben. José Luis Escrivá cree que es “muy antigua y se ha quedado obsoleta”, por lo que produce “anomalías”, como que no se pueda contratar a un extranjero que se ha formado como médico en España, “con la carencia que hay de médicos y con lo que cuesta su formación”, protestó.

Corral y Faciaben ponen el foco también en la necesidad de adecuar la contratación en origen a la reforma laboral en vigor desde el 1 de abril. “Las contrataciones en origen están basadas en contratos temporales, que tras la reforma laboral no pueden firmarse más que en circunstancias muy excepcionales”, explica la responsable de CCOO, “por lo que ahora deberían hacerse contratos fijos discontinuos, y la patronal se resiste”. Su temor es que se pretenda crear una figura contractual especial para estos migrantes, lo que sería discriminatorio. Este mecanismo se ha limitado en la práctica a los temporeros agrícolas, aunque sobre el papel debería servir para cubrir las vacantes del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que cada tres meses elabora cada servicio de empleo provincial con las peticiones de las empresas. Tras cotejarse con los demandantes de empleo del SEPE, si no hay nacionales para esos puestos, se piden trabajadores de otros países. “Lo normal es que esas vacantes sean muy pocas y con perfiles muy infrecuentes, por lo que suele ocurrir que se queden sin cubrir”, detalla Cristina Facieben. “Así que, por lo general, son los empresarios agrícolas los únicos que pueden justificar que necesitan trabajadores extranjeros para hacer contrataciones masivas, porque son empleos que los nacionales no quieren”.

“La contratación en origen nunca ha estado cerrada al sector agrario”, abunda Ana María Corral, quien apunta otro problema: “El empresario debe pagar uno de los dos billetes del trabajador contratado en su país, también el traslado desde el punto de llegada hasta la empresa, además de ofrecer la posibilidad –no pagar– de alojamiento. No sé si muchos hosteleros estarían dispuestos a hacer ese desembolso”, advierte.

Facieben también expresa sus dudas sobre los sesgos “económicos y de clase” que pueda tener el mecanismo para facilitar permisos de trabajo a estudiantes extranjeros: “A España sólo pueden venir a estudiar jóvenes con dinero de países en desarrollo”. El borrador del ministerio cifra en 50.000 los estudiantes no comunitarios matriculados en España, la mayoría de ellos, subraya, con perfiles de alta cualificación.

Corral dirige su atención a las oficinas de Extranjería, a las que les faltan medios materiales y humanos, critica. “Los que tienen no son adecuados para el volumen de población extranjera a la que atienden; es cierto que se tarda muchísimo en resolver las solicitudes y que homologar una titulación, por ejemplo, puede llevar tres años o más”. Según el propio borrador, la tramitación media de una autorización para residir y trabajar en España puede prolongarse durante nueve meses. Por lo que el ministerio propone “un nuevo modelo de oficina”, con más funcionarios y una “adecuada dotación económica” de esos puestos de trabajo, así como la creación de una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, centralizada, que preste apoyo a las oficinas.

43 regularizaciones en la UE

España e Italia son los dos países que mayor numero de regularizaciones de migrantes ha llevado a cabo en la UE, tal y como destaca un informe del pasado marzo de la Fundación Por Causa. Hasta ahora han sido nueve, cuatro de gobiernos socialistas y cinco del PP. En total, fueron regularizados 1,35 millones de migrantes desde 1986 hasta la última, de 2005. Esa fue la más cuantiosa, cuando se benefició a 550.000 personas. Habría que añadir la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó en octubre de 2021, y que flexibilizó la incorporación de jóvenes extutelados al mercado laboral. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, desde entonces se han concedido 9.300 permisos, el 60% de los 15.000 que es el objetivo del departamento. Otros 1.200 expedientes se encuentran en tramitación. Los jóvenes están trabajando en la hostelería, el comercio, las manufacturas y la construcción, asegura Seguridad Social.

En toda la UE, entre 1996 y 2008, se han llevado a cabo 43 regularizaciones en 17 países. La más generosa fue la italiana ejecutada por el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2006, que favoreció a 635.000 migrantes. Pero también han regularizado a trabajadores extranjeros Alemania –dos millones desde 1996–, Países Bajos y Francia –10 regularizaciones cada uno– o Grecia –un millón de personas entre 1997 y 2001–.

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Según las cifras de la fundación, más de medio millón de migrantes residían en España sin papeles a finales de 2020. El 14% de los migrantes extranjeros. Y la mayoría de ellos trabajan: el 27% en actividades del hogar y un 24% en la hostelería, pero también los hay en la industria y en los servicios sanitarios y sociales. Seis de cada 10 migrantes sin papeles son mujeres.

Los beneficios

El borrador no menciona el sistema de pensiones, otro de los caballos de batalla del departamento que dirige José Luis Escrivá, pero sí relaciona migración y envejecimiento demográfico. En 2030, resalta, los mayores de 65 años representarán un 35% de la población en edad de trabajar, seis puntos porcentuales más que ahora. El ministro siempre cita la inmigración como uno de los elementos que ayudarán a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), calcula que la entrada de 10 millones de migrantes hasta 2050 haría crecer el PIB siete décimas y los ingresos del sistema de pensiones, además de propiciar un menor aumento de la tasa de dependencia –el número de personas de más de 65 años respecto de los que tienen edad para trabajar–.

Otro estudio de la Universidad Pompeu Fabra, la Barcelona School of Economics, la Universitat de Barcelona y la Autónoma de Barcelona calcula que la regularización de 2005 generó unos 2.300 millones de euros anuales de ingresos extra sólo en cotizaciones a la Seguridad Social. De acuerdo con las cifras de la Fundación Por Causa, una regularización ahora aumentaría la aportación fiscal neta media de cada migrante unos 3.500 euros al año. Entre 790 y 950 millones de euros anuales. Sólo para el sector de la construcción, España necesita unos 70.000 trabajadores si quiere ejecutar los proyectos que se financiarán con cargo a los millonarios fondos de la UE para la recuperación.