“Me pidieron 200 euros en metálico”: la ley de vivienda no se cumple en la jungla de las inmobiliarias

La historia de Sara, que prefiere utilizar un nombre ficticio porque no quiere “líos” con su casero, empieza con una buena noticia: por fin había conseguido casa en Madrid después de dos meses “de locura”. La joven, de 28 años, llegó a su nuevo piso para conocer a los caseros y firmar los documentos que formalizaban el alquiler. “Cuando se fueron la agencia me pidió 200 euros de honorarios. Fue raro porque el de la inmobiliaria esperó a que ellos se marcharan, me pidió el dinero por las gestiones y ya hicimos los papeles”, explica. “Se lo tuve que pagar en metálico. Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, concluye. Sobre estas prácticas, prohibidas expresamente en la Ley de Vivienda, ha empezado a poner el foco el ministerio de Consumo, que este jueves ha abierto un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro. Las quejas habían sido elevadas desde asociaciones de consumidores y desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que acusan a la agencia de “cobro de honorarios, imposición de cláusulas abusivas en sus contratos e incumplimiento del derecho de desistimiento, entre otras”, explican en una nota de prensa.

“Hace tiempo que sabemos que hay muchas inmobiliarias haciendo trampas para cobrarnos los honorarios, aunque esté prohibido”, cuenta a infoLibre Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. “Es una práctica sistemática e impune si les dejamos hacer lo que quieren”, concluye. Aunque las prácticas que escapan a la ley van más allá de los honorarios. El Sindicato de Inquilinas de Madrid tiene una lista en la que enumera algunos de ellos: citaciones para ver pisos que solo pueden durar entre cinco y diez minutos y que convierten la visita casi en una puja donde hay que aceptar sin tiempo para pensar; fianzas por reservar que luego no se devuelven aunque el piso se lo lleve otra persona u obligación de contratar seguros que la ley no requiere, entre otras.

Víctor Palomo es abogado y está acostumbrado a escuchar historias como la de Sara. “Con la desesperación que hay entre los inquilinos por encontrar una casa, existe miedo a reclamar estos abusos para evitar represalias”, explica. Por un lado, quienes se ven en esta situación pueden acudir a los juzgados, una vía que el propio abogado señala que es “difícil”, más cuándo no ha quedado constancia del abono de la tasa. “En el caso de pagos en metálico es difícil de probar, excepto que se haya grabado la conversación o se tenga un mensaje o correo donde se afirme que el pago se hará en metálico y no nos den ningún recibí”, concluye.

Llegar a los tribunales es poco habitual, pero hay vías indirectas, como contactar a asociaciones de consumidores o a los propios sindicatos de inquilinas. Además, explica Palomo, también es posible registrar una queja en Consumo. “Supone presentar una propuesta de arbitraje dirigida a la Dirección General de Consumo de la comunidad en la que esté la vivienda. Suele durar de 3 a 5 meses y para que admita la solicitud es necesario haber reclamado a la inmobiliaria la devolución de cantidades mediante correo electrónico o burofax. Si se niegan hay un plazo de 30 días para iniciar el procedimiento”, concluye.

“No me quería quedar sin el piso”. Es la frase de Sara y es lo que piensan muchas de las personas que se enfrentan a estas situaciones. Los altos precios de la vivienda en alquiler en España (en febrero eran un 11% más caros de media que en el mismo mes del año pasado) y la alta demanda, hacen que la búsqueda de piso sea un trámite del que es preferible salir cuanto antes y no todo el mundo está dispuesto a pasar el mal trago de tener recordarle la ley a las agencias que no cumplen. Pese a todo, desde el Sindicato de Llogateres apuntan que es importante intentarlo: “Nosotros lo que vemos es que la mera amenaza de recurrir a vías judiciales suele conseguir que reculen”, explica Aragonès.

Otro afectado que prefiere mantener el anonimato cuenta a infoLibre prácticas de dudosa legalidad en su entrevista para optar a una vivienda. Después de esperar por una cita para ver un piso y tras acordar que le llamarían si quedaba un hueco en los horarios de ese inmueble, a Pedro (nombre ficticio), le llegaron los requisitos: cuatro meses de fianza por anticipado, ver sus últimas nóminas y tener acceso a sus movimientos bancarios. Al final no se quedó con el piso. Demasiados requisitos, quizás, para un piso en Vallecas (Madrid). Otros testimonios cuentan situaciones tan surrealistas como caseros que hacen la entrevista a sus potenciales arrendatarios en inglés, para testear el nivel educativo del inquilino, o que piden ver sus perfiles de LinkedIn.

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La vivienda es uno de los principales problemas de los españoles, según apuntan las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. El precio de los alquileres y los altos precios de compra dejan atrás los presupuestos de las familias y las prácticas abusivas son más fáciles de imponer en este ambiente frenético. “Este primer expediente sancionador contra Alquiler Seguro es un buen primer paso por parte del Ministerio de Consumo porque hay que atacarlo de manera estructural”, explica el letrado. De hecho, fuentes de Consumo señalan que las investigaciones van más allá del caso de Alquiler Seguro: “el ministerio está investigando, además, a otras agencias inmobiliarias por prácticas abusivas como pueden ser el cobro de comisiones ilegales a inquilinos u obligarles a contratar servicios no solicitados”, concluyen.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en de abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores, son punibles. De hecho, Consumo contempla multas que van desde 100.000 euros en sanciones graves, hasta más de un millón en los casos de incumplimiento más severos. “Sus sanciones podrían alcanzar entre cuatro y ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la agencia inmobiliaria”, puntualizan desde Consumo.

Además de estas actuaciones en relación con las prácticas abusivas de las inmobiliarias, el gabinete que preside Pablo Bustinduy también abrió una investigación a grandes gestoras de pisos como Airbnb por publicidad engañosa en sus anuncios y recientemente entregó al ayuntamiento de Madrid una lista donde identificaba alrededor de 15.200 pisos vacacionales que estaban operando sin licencia. “Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del ministerio de Derechos Sociales y Consumo de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda”, concluye la nota de prensa oficial publicada por el ministerio.