La plantilla de Blanco se querella contra los dueños saudíes de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible

Los trabajadores de las tiendas Blanco han presentado una querella por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva, la empresa propietaria de la cadena de moda. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón, donde tiene su domicilio social Global Leiva, ha admitido a trámite la querella. El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva. El fondo AC Modus abandona la cadena de ropa española sólo cinco meses después de haberla comprado al grupo saudí. En estos momentos, la empresa negocia con los trabajadores la extinción de sus contratos, mientras cierra el centenar de tiendas con que contaba.

Según argumentan los trabajadores, agrupados en la Plataforma de Afectados de Blanco, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

La marca es propiedad de Far East Fashion, una de las empresas del grupo junto a Far East Shared Services y Global Leiva, que ha sido “disuelta por orden de Alhokair”, asegura el texto de la querella al que ha tenido acceso infoLibre. De hecho, recuerdan los trabajadores, el grupo saudí exigió en 2013 a Maemoda, la entonces empresa propietaria de Blanco, que antes de venderle la cadena de tiendas vendiese a Far East Fashion las marcas de Blanco. La operación se firmó en noviembre de 2013 y salvó a la cadena textil de su primer concurso de acreedores.

La querella tacha de “torticera” la actitud de Alhokair desde el principio. Su “falta de diligencia en la llevanza del negocio es difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”, acusan los trabajadores, que denuncian la “actitud depredadora” del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”.

Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.

Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros. Un mes más tarde, en septiembre de 2016, Alhokair aportó a Global Leiva la suma de 1,1 millones de euros, casi el mismo importe de la supuesta venta. Y, una vez cerrada ésta –AC Modus adquirió el 100% de las acciones–, los administradores siguieron siendo los mismos.

Compra a crédito

Aunque tampoco la compra de Global Leiva por Alhokair en 2013 fue transparente, según los trabajadores. La empresa es una sociedad limitada unipersonal, creada en septiembre de 2013, sólo dos meses antes de la operación, con un capital social mínimo, 3.600 euros. “Teniendo en cuenta el pasivo que arrastraba entonces la empresa adquirida [70 millones de euros], Global Leiva era ya una sociedad quebrada”, denuncia la querella. Pero es que, además, la compra, que se anunció por unos 40 millones de euros, no se llevó a cabo aumentando el capital social, sino que Alhokair pidió dos créditos participativos por importe de 12,08 y 33 millones de euros. Esos créditos nunca se transformaron en capital social, pero duplicaron los costes financieros de Global Leiva hasta los 787.521 euros en 2015.

De la anomalía dejó constancia la auditora Ernst & Young en su informe de 2014, donde deja claro que la empresa se encuentra en “causa de disolución” como consecuencia de las pérdidas de ese ejercicio, 7,43 millones de euros. En 2015 los números rojos de Global Leiva se triplicaron, hasta alcanzar 21,71 millones. Sólo en los siete primeros meses de 2016, las pérdidas ya superaron esa marca: 21,74 millones. Según la querella, Blanco ha perdido más de tres millones de euros al mes desde el pasado enero.

La plantilla se remite de nuevo al informe de auditoría de Ernst & Young, que en 2015 emitió una opinión con salvedades: Global Leiva declaraba contar con 9,8 millones de euros de créditos fiscales por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. “El único plan de negocios que tenía Global Leiva era presentar el concurso de acreedores”, concluyen los querellantes.

Recurren también el concurso

Los trabajadores de Blanco también han recurrido la declaración de concurso en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Global Leiva presentó allí su solicitud pese a que su sede social se encuentra en Alcorcón (Madrid). Para hacerlo adujo que tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajan cuatro personas.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”.

Además, los sindicatos de Blanco han recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

El día 31 el grueso de la plantilla será despedida

El próximo día 31 serán despedidos 779 trabajadores de Blanco, de un total de 818 que aún quedan en plantilla –llegaron a ser 1.200–. El resto serán despedidos entre febrero y el 30 de abril. Pero sus indemnizaciones tendrá que pagarlas el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o al menos ésa es la intención declarada por la empresa a los representantes sindicales. Sin embargo, la plantilla exige que sea AC Modus o Alhokair los que se hagan cargo de las indemnizaciones.

El periodo de negociación para cerrar los despidos termina el próximo lunes. En una nota a la plantilla, el comité se queja de que Global Leiva no les ha facilitado la información económica sobre AC Modus que le ha pedido. Dice que “no les es posible conseguirla”. Los representantes de la plantilla critican la “mala gestión y la mala fe de la empresa”.

Así, Global Leiva no ha comunicado al comité qué tiendas y qué trabajadores se van a quedar en la empresa “hasta el final”, en abril, ni si van a cobrar sus salarios. Tampoco, se queja el comité, ha confirmado si la plantilla va a cobrar la nómina de diciembre. Se remiten a la Ley Concursal, que establece el abono de los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso pero sólo en una cuantía que no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El comité también ha explicado a la plantilla que el dueño de Hipaldisa, la empresa de ingeniería que manifestó su interés por comprar Blanco, se ha puesto en contacto con el administrador concursal, pero le explicó que no va a invertir en la firma textil por la mochila de deudamochila con la Seguridad Social y con los trabajadores que acumula Global Leiva. Fuentes el comité mostraron a infoLibre su sospecha de que se trata de un “oportunista” de los que suelen hacer ofertas en los concursos de acreedores.

Se trata de una empresa constituida el pasado mes de febrero y dedicada, según figura en su inscripción en el Registro Mercantil, a la construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones. Su administrador, Jordi Hidalgo Palomares, aseguró a este periódico que quiere quedarse con la marca y con el personal, mantener las tiendas y la plantilla, y que tiene capacidad para hacerse cargo del negocio. Global Leiva, la empresa que gestiona la cadena de moda, declara un pasivo de 133,42 millones de euros.

Historia de un fiasco empresarial

El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva. Pese a la entrada de capital saudí y dubaití en Global Leiva durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.