La presión china sacude el histórico dominio gallego en la industria de la pesca

A las seis de la mañana ya se están cerrando las últimas subastas en la lonja de O Berbés, el puerto pesquero de Vigo. Con un pequeño megáfono, los subastadores cantan los precios de los últimos gallos –rapantes en gallego– que han desembarcado del Gran Sol. Este martes de mayo se han vendido 250 kilos de gallo, a entre 1,25 y 6,35 euros el kilo. El trajín continuo de las pequeñas carretillas elevadoras propulsadas con gas se mezcla con las prisas ruidosas de los carrexóns, muchos de ellos mujeres, que tiran de unos carros igualmente cargados con cajas y cajas de peixe. En ellas, rapes descomunales, rubios más grandes que un brazo humano, algo de sardina, chocos negros bañados en su propia tinta… Aquí todo es pescado fresco, recién bajado a tierra, que en sólo unas horas estará en el mercado o el restaurante a un precio ostensiblemente superior al pagado en el muelle.

Pero olvídese de esta imagen romántica de un sector que representa el 0,6% del PIB nacional y es el primero de la UE en producción, con un 20% de las capturas comunitarias. La mayor parte del pescado ya no va de los palangres y las redes de arrastre a las bodegas de los pesqueros y de allí a los muelles, sino que llega a puerto metido en contenedores o en buques mercantes. También viene en avión. Congelado, por supuesto, en bloques de 10 kilos de peso.

Vigo es el mayor puerto pesquero de Europa. En O Berbés se descargan 79.775 toneladas anuales de pescado fresco –son las cifras de 2019, las de 2020, el año de la pandemia, el volumen bajó– y un poco menos, 70.070 toneladas, de pesca congelada en los muelles de Bouzas. Pero el grueso de la proteína marina que consta en los registros, 352.370 toneladas, cinco veces más, se desembarca ultrarrefrigerada en la otra punta del puerto, en la terminal de Guixar. El 83,6% de la pesca congelada viene en contenedores, según recoge el informe anual de la Autoridad Portuaria viguesa.

Alrededor de esos muelles hiperactivos y sustentada en la larga y poderosa tradición pesquera gallega, se ha desarrollado toda una industria transformadora, que sólo en lo que al congelado se refiere suma más de 140 empresas –casi el 40% de las españolas– y factura 4.230 millones de euros al año. Los gallegos fueron en su día los reyes del Atlántico Suroeste, donde aún faenan más de 40 grandes barcos congeladores –en aguas de Malvinas y Argentina– y donde creció hasta convertirse en la segunda flota pesquera del mundo, con 145 barcos en los años 90, la hoy renacida Pescanova. Merluzas, calamares y langostinos nutrían a la industria gallega y ésta alimentaba el mercado nacional, cuyo consumo de pescado creció al mismo ritmo que el poder adquisitivo de los españoles.

España siempre ha sido uno de los países del mundo que más proteína marina ingiere, sólo superado por Japón. En 2019, 22,5 kilos per cápita, aunque el consumo no ha dejado de caer en los últimos años: una década antes ascendía a 30,15 kilos. Los japoneses rozan los 54 kilos, también en ritmo descendente. Por el contrario, en el resto del planeta el consumo de pescado crece de forma sostenida al mismo tiempo que el nivel de vida en los países desarrollados. En 1960 la media mundial per cápita era de sólo nueve kilos y en 2018 ya superaba los 20, de acuerdo con los datos de la FAO. El consumo mundial de pescado ha aumentado un 3,1% desde 1961, el doble de lo que se ha expandido la población mundial en ese periodo, y mucho más de lo que lo ha hecho el consumo de carne y leche.

Pero de ese creciente gusto por el pescado hay un ilustre culpable: China. La FAO cifra en 39,3 kilos el consumo per cápita de los 1.400 millones de habitantes del gigante asiático y calcula que éstos se comerán el 36% del pescado que se capture en 2028. Teniendo en cuenta que en 1990 cada chino sólo consumía 11,5 kilos de proteína marina al año, su ingesta se ha más que triplicado en 30 años. Un mercado enorme que hay que satisfacer. También una demanda que ha trastocado la producción y el comercio mundiales de pescado.

Una flota de un millón de barcos

China es el primer productor mundial de pescado, tanto del procedente de la acuicultura como del capturado en el mar. En 2018, pescó 12,7 millones de toneladas en aguas distintas de las suyas, tras triplicar las capturas en cuatro décadas. Desde 2002 también es el primer exportador mundial y desde 2011, el tercer importador. El primer consumidor es la Unión Europea. España figura como vigésimo pescador del planeta, con unas capturas de 920.000 toneladas en 2018, según la FAO. Desde 1980, su producción ha caído un 24%. Muy lejos, por tanto, de los colosales números chinos.

La necesidad de cubrir esa demanda interna en alza constante ha empujado al Gobierno de Pekín –la mayoría de las empresas pesqueras chinas son estatales– no sólo a buscar materia prima en todos los mares, sino también a multiplicar las inversiones en el sector. Su flota no dejó de crecer hasta 2013, cuando llegó a superar el millón de embarcaciones. Pero desde entonces se ha reducido un 20%, en parte como resultado de su 13º Plan Quinquenal, que pretende mejorar la gestión de las pesquerías. Fue entonces cuando el capital chino irrumpió en los puertos y en la industria de los países ribereños, e incluso de España.

En comparación, la flota pesquera española, aun siendo la mayor de la UE, sólo posee 8.007 barcos, de acuerdo con los últimos registros del Ministerio de Agricultura. Pero de ellos, el 71,6% tiene menos de 12 metros de eslora y se considera flota artesanal. Grandes buques son sólo los 102 que faenan en caladeros de la UE y otros 180 en caladeros del Atlántico norte y sur, el Índico y el Pacífico.

Para hacerse una idea de la disparidad de tamaños: la flota pesquera china despliega hasta 16.966 grandes barcos en alta mar, según los cálculos publicados en un informe del Overseas Institute Development el pasado mes de junio. Además, faenan sin atenerse a los controles operativos ni las directrices científicas a los que están obligados los barcos con banderas comunitarias, como los españoles. “Pescamos con observadores científicos independientes a bordo que reportan a las autoridades de los países costeros y de la UE, nos ajustamos a los tamaños mínimos y llevamos siempre los sistemas de localización activados”, esgrime Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, donde están asociadas 160 empresas propietarias de grandes pesqueros congeladores. Pero, sólo en aguas del Atlántico suroccidental, más allá de las 200 millas bajo jurisdicción argentina y de las islas Malvinas –jurisdicción británica–, pescan más de 400 barcos de bandera o capital asiáticos –como prefiere denominarlos Touza– sin ningún tipo de control, acusa el armador, quien también dirige Chymar, propietaria de tres pesqueros, dos de ellos explotados en una sociedad mixta y con base en las islas que se disputan el Reino Unido y Argentina. En aguas de Malvinas faenan 18 barcos y 24 en las de Argentina, todos ellos con bandera británica, argentina o uruguaya, pero con la mitad del capital español. Touza asegura que esos barcos pertenecen a empresas familiares “interesadas en proteger los recursos marinos”. “Para que nuestros nietos puedan seguir pescando”, subraya. “Por eso pensamos en invertir en barcos y en derechos de pesca a 25 años, no en la depredación de los recursos en el corto plazo”.

Guerra abierta contra la competencia desleal

Frente a esas acusaciones, secundadas también por las organizaciones de defensa de la vida marina, el Gobierno chino replica que es miembro de ocho organizaciones regionales de gestión de la pesca y que cumple “plenamente con las obligaciones correspondientes en materia de conservación y gestión de los recursos, así como con las obligaciones de diligencia debida para algunas pesquerías de alta mar que no son gestionadas por organizaciones regionales”, según la información facilitada por la Embajada china en Berna (Suiza). En 2020, el país aplicó por primera vez una moratoria voluntaria de la pesca en algunas zonas marítimas de América del Sur, “para reforzar la conservación de los bancos de calamares y proteger los ejemplares juveniles, los grupos de desove y sus zonas de crecimiento y reproducción”. Todos los barcos chinos de altura desalojaron entonces la zona. Además, Pekín se compromete a seguir aplicando moratorias de pesca, reforzando la investigación, el seguimiento, la evaluación y el análisis de los recursos, y ajustando las medidas de manera oportuna según el estado de los recursos, explica su embajada en Suiza.

El programa de la televisión pública suiza RTS Un bon entendeur ha identificado al menos 650 buques con pabellón chino con autorización para pescar calamar gracias a Global Fishing Watch, una organización que rastrea la actividad pesquera en todo el planeta. Duncan Copeland, director de Trygg Matt Tracking, una ONG noruega que ayuda a países en desarrollo a controlar sus pesquerías, lo confirma: “La flota china se desplaza para pescar. Empieza en el Pacífico Norte. Cruza el Pacífico y faena frente a Sudamérica. Atraviesa el Cabo de Hornos y pesca en Argentina, rodea Suráfrica y llega al Índico para regresar al Pacífico. A lo largo del año dan la vuelta al mundo persiguiendo al calamar”.

Además, muchos de esos pesqueros son los principales sospechosos de dedicarse a lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Piratas pesqueros. Touza dice que los armadores españoles libran una “guerra abierta” contra la competencia desleal: con tripulaciones sin protección laboral, ni normas de seguridad e higiene en el trabajo, sin pagar impuestos ni aranceles, sin cumplir las reglas medioambientales y subsidiados por el Gobierno chino hasta en la compra del combustible. El informe de Overseas Institute Development cifra en 183 el número de barcos chinos dedicados en todo el mundo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Muchos de ellos amparados en pabellones de conveniencia,pabellones de conveniencia de países africanos como Ghana, por ejemplo. Aunque no son los únicos piratas, aclara Duncan Copeland. Todas las mayores naciones pesqueras, incluida España, al igual que Francia, Corea del Sur y Taiwán, cita el director de Trygg Matt Tracking, perpetran el mismo delito que los chinos, aunque a menor escala.

El pasado 10 de abril, China anunció el envío de sus primeros cinco observadores a vigilar los trasbordos de capturas de pesqueros a mercantes, donde la mezcla de cargamentos impide conocer el origen real del producto. Javier Touza niega que los barcos españoles en el Atlántico Sur realicen trasbordos en alta mar. “Está prohibido”, zanja. Sólo descargan en puerto o en bahía, añade. A Vigo los grandes congeladores regresan sólo “dos o tres veces al año”. El resto de la marea descargan sus capturas en plantas que las empresas gallegas han establecido en Argentina o Chile, entre otros países. De ahí llegan a Vigo en contenedores o en mercantes frigoríficos. Empresas como Pescanova, Pescapuerta, Pereira, Iberconsa o Fandicosta tienen flota al tiempo que plantas transformadoras. infoLibre e RTS han intentado hablar con todas ellas, pero ninguna ha querido participar en este reportaje. Tampoco la patronal de la industria congeladora, Conxemar.

Su mercado ya no es sólo España, sino toda Europa. En Suiza, por ejemplo, el consumo per cápita de pescado es sólo de 9,1 kilos, pero ha crecido un 60% en 25 años. Ahora, los calamares a la romana son un producto habitual en los supermercados. Una de esas empresas es Alfrio, importante proveedor de las dos grandes cadenas de supermercados helvéticos, Coop y Migros, que vende calamar congelado en Suiza por valor de más de seis millones de euros al año. Tampoco ha querido hablar con este periódico y con la televisión suiza.

El capital chino compra en Argentina y en España

Pero mientras se expandía un mercado que demandaba cada día más y más langostino y merluza y calamar, pese a los cientos de kilómetros que le separan del mar, en el Atlántico Sur y en la Ría de Vigo surgió un actor inesperado. A la competencia en el caladero se le sumó en tierra la fuerza del capital chino. En 2016 dio la campanada cuando la empresa estatal Shanghai Fisheries General Corporation (SFGC) compró la histórica conservera Albo, con plantas en Vigo, Celeiro (Lugo) y Tapia de Casariego (Asturias). Dos años después el fondo chino Legends Holding, propietario de los ordenadores Lenovo, puso el ojo en Iberconsa, la segunda mayor empresa pesquera de España. Finalmente, fue el fondo británico Platinum Equity el que compró la compañía: 350 millones de euros de volumen de negocio y 3.600 trabajadores repartidos por el Atlántico sur, tanto en su costa americana como africana. También el capital chino le tiró los tejos, dos veces, en 2015 y 2017, a Interatlantic, una firma viguesa que se dedica al trading de pescado congelado en un mercado que es global.

Pero la ofensiva en los países productores había sido anterior y no tuvo reparos en desnudar a los competidores españoles. Ya en 2014 la misma Shanghai Fisheries General Corporation adquirió Altamare, filial en Argentina del grupo Pereira –otro de los grandes vigueses–. Un año después firmó una carta de intenciones para hacerse con Solimeno, una de las principales empresas del sector en el país austral. En 2012 había sido China National Fisheries Corporation (CNFC), el mayor grupo pesquero del mundo, también estatal, el que había comprado Krustamoz, filial en Mozambique de la pesquera de Huelva Amasua. Seis años después, Dalian Huafeng se quedó también con Arbumasa, subsidiaria argentina de la onubense, además de ser la dueña de Ardapez, en Mar de Plata. En 2017 había adquirido Conarpesa, la tercera mayor pesquera argentina. Ese mismo año, Xu Hai Jun se hizo con Ian Fish Patagonian Seafood, que se dedica al langostino. Shanghai Fisheries General Corporation también es la dueña de Chiarpesca y de Cheng I, que pescan pota argentina, un tipo de calamar. A capital chino pertenece igualmente el Grupo Fénix. “Desde hace unos años abundan los nombres chinos en los cascos de los barcos de bandera argentina, también en las empresas que los operan”, comenta casi divertido Guillermo Cañete, especialista en pesca sostenible de la fundación argentina Vida Silvestre.

Calamares recién desembarcados en el puerto de Vigo y puestos a la venta en la lonja de O Berbés.

Para mantener y abastecer a esa flota en crecimiento, hacen falta instalaciones en tierra. Desde 2016 otra gran empresa china, Shandong Baoma, negocia con el Gobierno de Uruguay la construcción de una gran base logística que debería servir para aprovisionar y reparar los cientos de barcos asiáticos que faenan en el Atlántico sur a partir de la milla 201. De hecho, la compañía llegó a comprar 30 hectáreas de terreno en Punta Yeguas e hizo público que invertiría hasta 200 millones de dólares en el proyecto. Aún no se ha firmado. No sólo protestaron organizaciones sociales, ecologistas y los pescadores artesanales de la zona, sino que hasta la Administración Trump expresó sus objeciones al aumento de la presencia china en la zona.

En Galicia aún no son tan visibles. “Si un pesquero chino descargase sus capturas en el puerto de Vigo, sería noticia”, advierte Manuel Varela Lafuente, profesor de Economía de la Universidad de Vigo experto en gestión pesquera. Pero los asiáticos sí que se han acercado a Galicia “como punto de referencia en mercados pesqueros”, puntualiza. Y no sólo como inversores. Por ejemplo, los chinos son “muy activos” y muestran “mucho interés” en relacionarse con investigadores gallegos especializados en pesca. También ha empezado a notarse en la universidad viguesa, indica el profesor, la llegada de estudiantes del gigante asiático para aprender sobre pesquerías.

El chipirón, a España; la pota, a Europa

El año pasado Argentina exportó a China 75.685,8 toneladas de calamar, seis veces más de las que vendió a España. El país exporta más cefalópodos que langostinos o merluza, los otros dos productos estrella de esa zona del Atlántico. Y no para de aumentar las ventas a China: desde 2018 han crecido un 73%. Por el contrario, las exportaciones australes a España se han reducido un 16%, según las cuentas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En aguas argentinas se pesca el illex argentinus, o pota argentina. Los poteros, o jiggers en inglés, faenan de noche, atrayendo con unos potentes focos a los calamares, que son capturados con anzuelos. Inicialmente era un arte de pesca japonés que ahora utilizan en estas aguas el resto de las flotas asiáticas y también algunos barcos españoles o de capital español.

En las islas Malvinas, en cambio, los barcos con licencia británica y explotados por sociedades mixtas, pescan con redes de arrastre otro tipo de cefalópodo, loligo gahi o calamar patagónico. O chipirón, si se prefiere. Más pequeño que su primo argentino. Y más caro. En 2019 España importó de Malvinas 80.296 toneladas de loligo, de acuerdo con las estadísticas de Comtrade, la base de datos de comercio internacional de la ONU.

Además, en aguas de Perú, se pesca el llamado potón del Pacífico, dosidicus gigas, que puede llegar a alcanzar los cuatro metros de longitud. España compró unas 62.224 toneladas en 2019 a Perú, su segundo exportador tras Malvinas. Ya en Galicia, la industria transformadora troquela el enorme manto de los calamares gigantes y los convierte en anillas o rabas. El illex argentino suele terminar como calamares a la romana congelados. Es también el que se envía mayoritariamente a los supermercados europeos. El loligo, sin embargo, se queda al completo en el mercado español.

El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza.

“Nuestra flota cubre entre un 60% y un 70% del consumo nacional de pescado congelado, el resto viene de China y de otros países”, detalla Edelmiro Ulloa, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Así, China ocupa el sexto lugar en el ranking de importadores de calamar congelado en el puerto gallego, sólo 2.760 toneladas de un total de 97.703 en 2019. Pero es el primer destino del calamar que se exporta desde Vigo. Y no sólo para que se lo coman sus ciudadanos, sino también para ser procesado allí y devuelto a territorio de la Unión Europea. Los bajos costes industriales chinos hacen rentable ese largo viaje. “Lo mismo ocurría hasta hace cuatro años con el camarón que se pesca en Groenlandia: se enviaba congelado a China en contenedores, allí lo pelaban, porque salía más barato, y luego lo mandaban de vuelta a la Unión Europea en cajas”, describe Ulloa.

El calamar industrial

Interatlantic se fundó hace 27 años en Vigo como una empresa más del pujante sector procesador de pescado. A día de hoy se dedica a algo en principio tan alejado de la lonja de O Berbés y sus carrexóns como el trading. Ocupa el antiguo edificio de las Aduanas del puerto, pero reformado en su interior con grandes cristaleras que separan despachos de diseño. Los traders ocupan una sala llena de pantallas de ordenador en el más puro estilo Wall Street. Pero lo que compran y venden –factura casi 71 millones de euros al año– no son derivados ni futuros, sino bloques de 10 kilos de pescado congelado. Compran en Argentina, en Boston (Estados Unidos), China, India… Y su principal producto es el potón del Pacífico, el calamar industrial. Hasta el punto de que Interatlantic ha tenido que abrir en Perú una planta transformadora. La única que posee. De las 30.000 toneladas de pescado que comercializa cada año, entre 20.000 y 25.000 son de calamar, precisa Bruno Cabaleiro, su director comercial. También ha abierto una oficina en la ciudad china de Dalian. “El 70% del calamar congelado mundial se procesa en China”, admite. Cabaleiro destaca que el del pescado congelado es un mercado “dinámico, plural y abierto a alternativas”. Además de con unos precios que han experimentado “una tendencia alcista” en los últimos 10 años, pero fruto del aumento de la demanda, dice, más que de la escasez del producto. “No hay tal”, rebate Cabaleiro, “si un año disminuyen las capturas, al año siguiente el stock se recupera, no está sobreexplotado”.

No está de acuerdo Guillermo Cañete, el ecologista argentino. “El calamar es un recurso que se encuentra al límite siempre, por sus características biológicas y porque es sensible a las variaciones ambientales”, explica. “Está explotado al máximo”. Según sus cálculos, los 400 o 500 poteros que pescan illex en aguas argentinas capturan unas 50 toneladas diarias, un volumen muy elevado. Y ello pese a que el Gobierno de Buenos Aires vigila la mortandad de los individuos de la especie y, cuando el número de reproductores baja hasta el 40%, cierra la pesquería. Cañete se lamenta de lo difícil que resulta eludir el dominio chino en el mar. “La flota asiática se mueve de forma coordinada: desciende por el Pacífico de Galápagos a Perú, luego a Chile y después cruza hacia Argentina”, repite la ruta ya descrita por Duncan Copeland. Luego los poteros apagan el sistema de posicionamiento y sólo la huella lumínica, la luz de los focos con los que faenan, les delata ante el ojo de los satélites. Pero hay otros motivos que permiten a los barcos chinos salir impunes de la depredación pesquera. El país asiático es el segundo socio comercial de Argentina, tras Brasil. Y su principal comprador de soja: 2.173 millones de dólares le exportó en 2019, seis veces el valor de los productos pesqueros que le vendió ese año.

El barco gallego 'Playa Pesmar' fue apresado en febrero de 2018 por faenar ilegalmente en aguas argentinas.

Además, la actividad de la flota china en aguas del Atlántico sur “no es pesca ilegal, tan sólo no regulada”, aclara por su parte Vanya Vulperhorst, directora de la campaña de pesca ilegal y transparencia de la organización ecologista Oceana. Más allá de las 200 millas no hay ley que les impida faenar sin control. Una situación agravada, añade Vulperhorst, por el hecho de que, a diferencia de otros caladeros, el Atlántico sur carece de una organización regional de ordenación pesquera (OROP) que establezca medidas de gestión y de conservación de la pesquería. Hay unas 50 OROP en todo el planeta, en todos los océanos, en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, y cinco son transoceánicas. Pero la disputa por la soberanía de las islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido hace imposible un acuerdo para gestionar la riqueza de las aguas que comparten.

“Los recursos son limitados y se están agotando”

“Si no se pone fin a las actividades pesqueras ilegales o no reguladas, nos dirigimos al desastre. Si no hay una gestión internacional fuerte, China podrá controlar sus flotas”, advierte Vanya Vulperhorst, “pero los bancos de pesca no lo notarán, porque otros países podrán incurrir en sobrepesca”. La pesquería del calamar, de hecho, está menos regulada que la del atún, resalta la directora de Oceana. “No hay organizaciones regionales de pesca para todas las especies”, continúa, “y si una especie no está gestionada por una de estas organizaciones, cada país puede capturar todo lo que quiera en aguas internacionales, no hay límite. Si todo está permitido, se llegará al colapso de los bancos de pesca”.

Las Islas Malvinas obtienen de la pesca el 40% de su PIB. Sólo gracias a las licencias que venden a países como España ingresan cada año 20 millones de libras –23,3 millones de euros–. Así que cuidan especialmente de su particular oro negro. Por ejemplo, el Departamento de Pesca publica en su página web el volumen de capturas semanal de cada especie. Entre el 28 de abril y el 4 de mayo, se pescaron en las islas 1.470 toneladas de loligo, 5.974 de illex y 2.273 de merluza, las tres principales capturas.

El armador Javier Touza confía en el trabajo conjunto con los científicos y con la FAO para proteger los recursos pesqueros, que sin embargo no duda en calificar de “infinitos”. Luego dice que también son “renovables” y tacha de “catastrofistas” las tesis que apuntan a la esquilmación de los mares por la sobrepesca. Raúl Cerviño, ingeniero medioambiental y portavoz de Ecoloxistas en Acción, lo rebate. “Los recursos son limitados y se están agotando”, contrapone, “los caladeros más próximos ya están exhaustos, por eso las flotas han tenido que irse cada vez más lejos para conseguir capturas, lo que, además, aumenta la huella de carbono al exigir un cada vez mayor consumo de combustible. Irse cada vez más lejos sólo traslada el problema”. Cerviño cree que las acusaciones sobre la actitud poco ejemplar de la flota china son ciertas, aunque, a fin de cuentas, advierte, “la bandera del barco no es lo importante”. La pesca más sostenible es la artesanal y el consumo, el de pescado fresco y de cercanía. Porque, de continuar al actual ritmo, no sólo va a resultar dañado el ecosistema marino, sino también las regiones que viven de la pesca, “como Vigo”, cuando los pescadores se queden sin su principal fuente de ingresos. Tampoco la acuicultura, que supone ya el 52% del consumo mundial de pescado, es la solución a la sobrepesca: “Las piscifactorías contaminan, generan desechos y administran antibióticos a los peces que luego terminan aumentando la resistencia de los humanos a estos fármacos”. Según la FAO, en 1974 el 90% de las áreas pesqueras eran sostenibles; en 2017, sólo el 65,8% tenía esa consideración. Es decir, en 43 años se han triplicado los caladeros en peligro.

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Los incumplimientos chinos en las importaciones de pescado

Al otro lado de la cadena se encuentra el consumidor, que con la globalización del comercio pesquero ha perdido la pista del origen de lo que come. Y cuando en esa cadena aparece China como paso intermedio, la trazabilidad se resiente, resalta Vanya Wulperhost. Los trasbordos en alta mar de los pesqueros chinos mezclan en un mismo carguero capturas de diferentes barcos. En territorio de la UE, la mercancía debe quedar convenientemente certificada. De qué especie se trata, dónde se ha pescado y con qué arte. Los armadores gallegos aseguran que la trazabilidad es absolutamente confiable en los productos que ellos pescan, ultracongelan y traen a puerto. Manuel Varela, el profesor de la Universidad de Vigo, precisa sin embargo que en ese campo “aún queda por hacer” pese a lo mucho que se ha avanzado. No siempre ha sido segura, reconoce, sobre todo en el pescado congelado. Habitual era, apunta, que se diera el mismo nombre a entre 13 y 15 especies diferentes de merluza o a varias de atún.

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En mayo de 2019 la Subdirección General de Sanidad Exterior emitió una instrucción que exige a todas las importaciones de pescado congelado de China y al 20% de las procedentes de terceros países copia de los certificados de captura que avalen que el producto ha sido “congelado, procesado o transportado” a bordo de barcos autorizados por la UE, o bien “manipulado, procesado o almacenado” en una planta o almacén en tierra que figuren en la lista de establecimientos autorizados a exportar a países comunitarios. La medida se justificaba en el “historial de incumplimientos” de las importaciones chinas, que acumulaban entonces el mayor número de “errores de certificación”. Una apreciación grave si se tiene en cuenta que España es el primer país de la UE en comercio de calamar congelado con China. Además, le compra cuatro veces más cefalópodo del que le vende.

El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, protestó por el aumento de “trabas administrativas”, que estaban haciendo perder al puerto, calculaba, hasta 30 contenedores semanales. El pescado congelado evitaba Vigo y entraba en la UE por el puerto portugués de Leixões, a 152 kilómetros de la ciudad gallega, y por el holandés de Rotterdam. También armadores y consignatarios pusieron el grito en el cielo. Sanidad Exterior se ha limitado a indicar a infoLibre que la instrucción se emitió tras detectar que “se estaban intentando introducir en territorio de la Unión productos no autorizados”, sin dar más detalles, y que la orden sigue en vigor. También asegura que cada vez son menos las partidas que incumplen la normativa y que no tiene constancia de que se hayan producido desvíos de mercancías a otros puertos europeos por este motivo. “La normativa que regula las condiciones de introducción en el territorio de la UE de los productos de origen animal es común para todos los Estamos miembros”, concluye.

“Aquí los servicios de inspección sanitaria son muy estrictos”, corrobora Lola Ruiz, jefa de Explotación y de política comercial de la Autoridad Portuaria, “y yo, como consumidora final, lo agradezco; y sí, España tiene fama de ser bastante estricta y de ir bastante por el libro en las inspecciones”.