Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.
Por entonces, el PP tachaba el texto de “contrarreforma” laboral, y la discusión política se centraba en si ésta derogaba o no “los aspectos más lesivos” de la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2012, tal y como habían prometido tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos. Para explicar su rechazo, el presidente del PP, Pablo Casado, repetía que la reforma hoy en vigor era “humo” porque no derogaba “nada”. Mientras, la CEOE empleaba el mismo argumento, que la norma mantenía e incluso consolidaba “lo esencial de la reforma de 2012”, para brindarle su apoyo.
Con ellos coincidían también ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, que igualmente le negaron su respaldo en el Congreso porque consideraban insuficiente la reforma. “Una estafa a los trabajadores”, “un mero retoque” a la reforma de Rajoy, denunciaron. El Ministerio de Trabajo, por el contrario, defendía que la nueva ley iba a suponer un “cambio de paradigma” y a acabar con la “cultura de la precariedad” que había instalado la reforma de 2012 y presidido la recuperación de la anterior crisis.
Los temores de los expertos del mercado laborales hilaban más fino: que las limitaciones a la contratación temporal y las nuevas condiciones en las subcontratas frenarían el crecimiento del empleo en plena fase de recuperación tras la pandemia; también que el recorte en el empleo temporal podía no ser duradero o aumentaría la fragilidad de los nuevos contratos indefinidos.
Un año después, España tiene 20,29 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 471.360 más que un año antes y 887.733 más que en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Es decir, la recuperación del PIB tras el fin del confinamiento se ha trasladado al empleo sin mayores contratiempos. Al menos de momento, y a la espera de ver en qué grado y a qué velocidad la ralentización económica va a contagiarse al mercado de trabajo, a tenor de lo que ya indican las últimas estadísticas de empleo y paro.
Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí ha operado un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad ha caído casi ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019. Entonces se situaba en el 26,11%, la más elevada de la Unión Europea tras Polonia. Hoy es del 17,93%, aún por encima de la media comunitaria, el 14,1%, pero también la más baja de la historia reciente. El año pasado se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se ha mantenido testarudamente en las estadísticas desde que en los años 80 se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota ha descendido algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.
En estos meses también ha aumentado la conversión de contratos temporales en indefinidos. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían transformado en fijos un total de 877.865 temporales, una cifra no muy alejada de las registradas en 2019 y 2018. En 2022, se convirtieron en indefinidos 1,33 millones de contratos temporales, lo que equivale a un alza del 51,8% respecto del ejercicio anterior.
Gracias a ese cambio de comportamiento, en España hay ahora casi 1,6 millones más de asalariados con contrato indefinido que en diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, y casi 1,2 millones menos de trabajadores con contrato temporal.
Resultados “impresionantes”
CCOO y UGT no escatiman adjetivos para loar los “indiscutibles” y “muy buenos” resultados de la reforma laboral. “Impresionante” ha sido la reducción de la temporalidad. “Por encima de nuestras expectativas”, reconoce el secretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Mari Cruz Vicente, su homóloga en CCOO, destaca que la reforma esté permitiendo crear empleo, “y empleo indefinido”, sin ninguna repercusión negativa en el crecimiento de la ocupación. También la CEOE alaba los beneficios en la contratación que ha traído la reforma: “Mayor estabilidad en el empleo, en especial para las mujeres y los jóvenes”, resumen a infoLibre fuentes de la patronal.
Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la reforma es superlativa: “El cambio laboral más importante, más eficaz y más rápido de la historia de España”. No sólo ha sido una reforma “dialogada”, sino que además es la primera que “recupera derechos en la negociación colectiva, propone alternativas a los despidos y garantiza la estabilidad en el empleo”, detalla. También ha conseguido, según explica, que ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania el mercado de trabajo español no haya “hiperreacionado” como en ocasiones anteriores, sino que ha resistido “con unas cifras de paro que están entre las mejores de los últimos 14 años” y con una tasa de temporalidad que ya es “equiparable a la media europea”.
Además, la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación, que decayó con la reforma de 2012– ha mejorado la negociación colectiva “en un año complicado con un gran aumento de la conflictividad”, explica Mari Cruz Vicente. Pero aún se están peleando los sindicatos, añade Fernando Luján, por conseguir que la también recuperada prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa se haga efectiva en algunos casos. Algunas compañías, asegura, se resisten a subir los salarios de acuerdo con el convenio de sector cuando éstos superan a los establecidos en el de empresa. “Lo vamos a denunciar donde veamos que se retrasa [la subida salarial], para que intervenga la Inspección de Trabajo”, advierte el dirigente de UGT. Mari Cruz Vicente cree que muchos de estos casos terminarán en los juzgados de lo Social.
La reforma laboral también obliga ahora a las subcontratas a aplicar el convenio del sector y a pagar a sus trabajadores los salarios en él establecidos. La responsable de CCOO cifra en 32 los convenios de hostelería que ya recogen este cambio, y en otros 20 los que aún no la aplican. “Pero, en general, las empresas sí están cumpliendo con los compromisos que asumieron [al firmar la CEOE la reforma laboral]”, concluye, “después de todo, reducir el abuso del empleo temporal era uno de los requisitos para recibir las ayudas de la UE, que van a las empresas”.
A vueltas con los fijos discontinuos
La patronal subraya la importancia del “cambio de cultura” que está propiciando la reforma laboral, y los beneficios que implica el aumento de los contratos indefinidos: continuidad en la relación laboral y acumulación de derechos para el trabajador. “Con toda la prudencia posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la coyuntura económica”, precisan las fuentes, “los indicadores son positivos”. Por ese motivo se desentiende de la polémica sobre el aumento “exponencial” de los fijos discontinuos. CCOO y UGT tachan el debate de “artificial” y “tramposo”.
En 2022 se firmaron 2,32 millones de contratos de este tipo, lo que multiplica casi por nueve los 262.911 de 2021, prácticamente la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia. Un salto enorme, pero su número está aún por debajo de los 3,5 millones de contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, suscritos el año pasado. En 2022 también se registraron 5,98 millones de contratos temporales menos que en 2021, por lo que sólo una parte de esa reducción la han absorbido los fijos discontinuos.
Luján rebate las críticas por el modo en que la estadística recoge los periodos de inactividad de los trabajadores con estos contratos de tan reciente protagonismo –en esos periodos figuran como demandantes de empleo y no como parados, igual que los acogidos a los ERTE– recordando que ésta es la misma desde 1985 y que en España se cuentan de la misma forma que en el resto de Europa. Mari Cruz Vicente argumenta que si ha habido un traslado tan cuantioso de contratos temporales a fijos discontinuos es precisamente por el “inmenso” volumen de empleo temporal en fraude de ley que había en actividades estacionales. El dirigente de UGT explica que la reforma desglosó el fijo discontinuo en cinco tipos: de temporada, intermitente, de contrata, para ETT y para las administraciones públicas. Acercándose a cada una de estas modalidades es posible verificar cómo se está comportando la contratación de fijos discontinuos, asegura. “Pero sólo se piensa en los dos primeros tipos”, protesta, “cuando los de contrata, por ejemplo, son claramente plurianuales”.
Donde ni patronal ni sindicatos quieren entrar aún es en si los indefinidos que se están firmando van a ser menos duraderos que los anteriores a la reforma. “Aún es pronto para saberlo”, responden al unísono. Si a partir de ahora aumentaran los despidos, aduce Fernando Luján, sería una prueba más de que en España despedir es “fácil y barato”, y de que es necesario “proteger más los contratos indefinidos”.
Pese a los elogios a la reforma, CCOO y UGT quieren ir más allá. La siguiente batalla ya se está librando a propósito del coste y las causas del despido. Ambos sindicatos han presentado una demanda en el Comité Europeo de Derechos Sociales porque cree que en España falla la protección frente al despido es insuficiente desde que la reforma de 2012 redujo las indemnizaciones y permitió a las empresas rescindir contratos sólo con que prevean que van a incurrir en pérdidas en el futuro, argumenta Fernando Luján. También cita el dirigente de UGT la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos. Mari Cruz Vigente apunta hacia la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha tocado en la última reforma y que, de no acatarse, sólo permite al trabajador irse con 20 días de indemnización.
El acuerdo marco salarial, en peligro de muerte
La reforma laboral de 2021 da un vuelco a los contratos, equilibra la negociación colectiva y consolida los ERTE
La reforma laboral fue aprobada por los órganos directivos de la CEOE con la abstención de cuatro de sus patronales: la del campo (Asaja), la automoción (Anfac), la madrileña (CEIM) y la catalana (Foment del Treball Nacional). Fue sólo el primer movimiento de contestación interna que propició un viraje en la actitud de los empresarios en el Diálogo Social. Después de firmar 14 pactos con el Gobierno y los sindicatos a lo largo de dos años, la CEOE se desmarcó –en pleno año electoral para su presidente, Antonio Garamendi– de los acuerdos para subir el salario mínimo y se descabalgó de las negociaciones para fijar el marco salarial en mayo. “En los últimos seis meses la patronal ha perdido la mesura”, critica Fernando Luján, quien invita a los empresarios a “recuperarla” incorporándose cuanto antes a la mesa del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).
Pero no hay perspectivas de que esa negociación se reactive a corto plazo. Se mantienen los contactos “informales” entre ambas partes, pero “es imposible pasar a los formales porque la CEOE no ha presentado ni una sola propuesta”, lamenta el secretario de Política Institucional de UGT. El ANC lleva tres años sin renovarse, desde 2020, por lo que “si este año tampoco se activa, el ANC se acaba”, zanja por su parte Mari Cruz Vicente. “No puede ser que la patronal sólo firme el acuerdo cuando hay que hacer ajustes de salarios, pero lo rechace cuando la situación económica es buena”, replica.
La alternativa, avanza Luján, no es otra que recrudecer la campaña sindical Salario o conflicto para conseguir subidas retributivas con las que afrontar la inflación. La CEOE responde que su voluntad es siempre “dialogar” para establecer aumentos salariales “razonables” en medio de una crisis de precios como lo actual, explican fuentes de la patronal a este periódico. “Nadie ha dicho que no se quieran subir salarios”, concluyen.
Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.