El debate tributario en la Comunidad de Madrid de cara al 4M era ineludible. Y el primero en sacarlo ha sido el candidato socialista, Ángel Gabilondo. Lo que nadie se esperaba era el contenido de su mensaje. El lunes el socialista se refirió a Pablo Iglesias en laSexta como un "extremista" y dijo que no tocaría los impuestos a los madrileños la próxima legislatura que terminará en 2023 si es presidente. Al día siguiente, martes, avanzó más detalles en El País: "Propongo un Gobierno excepcional para Madrid de dos años, hasta 2023. Un Gobierno excepcional no toca la fiscalidad. Ni para subir los impuestos como proponen unos ni para bajarlos como proponen otros. No los vamos a tocar". Portavoces del candidato y catedrático de Filosofía defienden esta postura.
A nivel impositivo, el discurso del PSOE madrileño abraza al de PP, Ciudadanos y Vox en la región. Y ha causado estupor entre partidos rivales a la izquierda. "El sistema fiscal madrileño es totalmente regresivo y está diseñado para favorecer a las grandes rentas y patrimonios, perjudicando la financiación de los servicios públicos", resumen en Más Madrid. El oasis fiscal madrileño se traduce en que toda clase de tributo que se pueda bonificar o suprimir ha sido erradicado o revisado a la baja por los ejecutivos desde la llegada al poder de Esperanza Aguirre en 2003, tras el tamayazo: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
A nivel práctico, la Comunidad deja de recaudar unos 5.000 millones al año, según los últimos ejercicios analizados. Y mientras se produce esta merma recaudatoria, Isabel Díaz Ayuso, como hicieran sus predecesores, no pierde ocasión en denunciar la "injusticia" del sistema de financiación autonómico. Pero también es la autonomía con peores resultados per cápita en Sanidad y Educación, con Servicios Sociales desbordados, sin ayudas directas a sus hosteleros por el impacto de la pandemia o con episodios como la imposibilidad de retirar completamente la nieve que dejó el temporal Filomena hasta pasadas dos semanas por falta de medios.
Impuesto sobre el Patrimonio
España es uno de los pocos países que mantiene este impuesto sobre las grandes fortunas, aunque comparte el honor con economías tan avanzadas como Noruega o Suiza. Suprimido en 2008 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y rescatado en 2011 en lo peor de la anterior crisis financiera, se trata de un impuesto completamente cedido a las autonomías que Madrid bonifica al 100%. Es la única que lo hace tras retirar el Gobierno de La Rioja la bonificación al 75%.
Según la Memoria de la Administración Tributaria, "en la Comunidad de Madrid, la bonificación general del 100% en la cuota supuso un total de 995,6 millones de euros", que es la cantidad que las arcas dejaron de ingresar. Supone el 99% de las bonificaciones que hay en España en el momento del estudio, 2018. Sigue siendo así: el poder recaudatorio de este impuesto es tal, que no hay ninguna región, incluidas las que gobierna el PP, que se atrevan a tocarlo a la baja.
Deben presentarlo aquellos contribuyentes cuya base imponible supere los 700.000 euros, para lo cual se suma el valor de sus bienes pero se excluye la vivienda habitual a partir de 300.000 euros. La bonificación del 100% ha provocado una fuga de ricos a Madrid, pero sobre todo de superricos (patrimonios con más de 30 millones de euros). Siempre con los datos de la Agencia Tributaria relativos a 2018, la Comunidad de Madrid tiene 17.298 personas que abonan Patrimonio, unas 6.000 más que en 2011. Pero los superricos han pasado en ese mismo periodo (2011-2018) de 179 a 404.
En Más Madrid censuran que este estrato social pueda librarse de tributar más si cambia el Gobierno. "No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de a quién", insiste el partido turquesa. "A la clase media y trabajadora evidentemente no hay que tocarle los impuestos. Pero lo mínimo es que las 17.000 personas más ricas, menos de un 1% de la población, arrimen un poco el hombro para la reconstrucción de nuestra región a partir de 2022".
IRPF
El IRPF es un impuesto progresivo (el que más tiene más paga) con carácter estatal parcialmente cedido. Y la Comunidad de Madrid, cómo no, mantiene los tramos más bajos. En octubre el actual Gobierno de coalición pactó subir el tramo en dos puntos (del 45% al 47%) a rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, además de otro alza de tres puntos sobre las rentas de capital a partir de 200.000 euros (del 23% al 26%). Ayuso entonces anunció lo contrario: una rebaja de medio punto a los cinco tramos existentes.
Esos cinco tramos excluyen a las rentas altas: por ejemplo, en Cataluña se aprobó recientemente un nuevo tramo del IRPF, el que va de 90.000 a 120.000 euros. La base liquidable de Madrid en el último tramo se abona a partir de 53.407 euros, según expone el Consejo General de Economistas de España en su Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020. No por nada, en 2019 Madrid recaudó 10.603 millones por el Impuesto sobre la Renta y Cataluña 17.357 millones. Una diferencia que solo se explica a través de las exenciones.
El PSOE tomó conciencia de esta situación en su último programa electoral autonómico, el de mayo de 2019 con Gabilondo de candidato por segunda vez. "Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF", decía, "revisaremos las deducciones y bonificaciones autonómicas planteadas actualmente. Valoraremos la incorporación de un nuevo tramo de IRPF para rentas superiores a 150.000 euros".
SUCESIONES Y DONACIONES
Es otro de los impuestos cedidos que, si bien no está bonificado al 100%, lo está al 99%. Así, la Comunidad de Madrid ingresó 508 millones en 2018 y 2019, frente a 10.141 millones de Cataluña. La bonificación alcanzó los 5.600 millones en ese bienio. El Ministerio de Hacienda no tiene ninguna capacidad sobre este tributo.
Estos días ha saltado la noticia de que Castilla y León, tras la fallida moción de censura socialista, eliminará Sucesiones y Donaciones. La realidad es que el mismo Ejecutivo regional realizó idéntica promesa en septiembre de 2019, sin que el impuesto se haya movido. Y menos durante la pandemia.
La bonificación madrileña para la transmisión de herencias la aplicó Esperanza Aguirre en 2004. A pesar de contar con las principales fortunas del país (que, de pagar Sucesiones y Donaciones, lógicamente tributarían más si éste no estuviera bonificado), en el último año (2019) se recaudó a nivel estatal 2.360.932 millones, de acuerdo con la Fundación Civismo. Madrid recaudó 455 millones con el 60% de los grandes patrimonios. Este tributo está muy relacionado con el valor de las propiedades inmobiliarias y con la presencia de grandes fortunas.
La calidad de los servicios públicos
La Estadística sobre Gasto Sanitario de 2018, la última publicada por el Ministerio de Sanidad, lo deja claro. "Las Comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.110 euros por habitante), la Comunidad de Madrid (1.224 euros por habitante) e Illes Balears (1.291 euros por habitante)". Madrid es la segunda región que menos gasta por persona en salud.
Pero también es la que menos gasto público consigna por alumno de España, según un estudio de la Fundación BBVA que analiza el periodo 2000-2016. País Vasco ha destinado en ese periodo un 63% más que Madrid. Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Díaz Ayuso de que es la comunidad con menos ordenadores por alumno.
En 2019, una evaluación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (el colectivo de referencia en el sector) daba a la región madrileña la peor nota de todas al evaluar sus servicios sociales. El ratio de trabajadores sociales por persona en Madrid es aterrador, comparado con la media nacional: mientras en España hay un técnico empleado en el sector por cada 2.348 habitantes, en Madrid hay un trabajador por cada 8.354 residentes.
"La evolución muestra un estancamiento desde 2015 que, en algunos aspectos, es incluso un retroceso", señala la Asociación de Directoras y Gerentes aquí. "Madrid es ya una de las pocas Comunidades que no dispone de un marco legislativo que reconozca derechos subjetivos en materia de servicios sociales, lo que priva de fundamento jurídico la oferta de servicios y prestaciones del Sistema".
Madrid se ha beneficiado de muchas cosas: un sistema fiscal que permite atraer tanto a ricos como a grandes empresas (algunas de manera ficticia) de otras partes, la mayor densidad de población en España y aproximadamente 400.000 funcionarios estatales que viven y consumen en la región, según los datos del Ministerio de Función Pública. Es el "efecto capitalidad", al que hay que sumar las administraciones autonómicas y locales y las sedes sociales de la mayoría de las grandes empresas.
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El reverso es el funcionamiento de lo público, como atestiguó el paso de Filomena en el arranque de 2021: superado el efecto inicial, la nieve permaneció en muchas calles hasta más de dos semanas, acudiendo equipos de Emergencias de otras comunidades como Castilla y León a dar apoyo. La aparición del hoy ex vicepresidente regional Ignacio Aguado en redes pidiendo a los madrileños que quitaran la nieve con palas simbolizó esa carencia de servicios, a pesar de la intensidad del temporal, inédito en 50 años.
La convocatoria de elecciones dio la puntilla a otra medida que iba a sacar a Madrid de su singularidad: es la única autonomía que no ha repartido ayudas a sus hosteleros, como reveló este medio. A día de hoy, la comunidad sigue ostentando tan dudoso galardón. Díaz Ayuso, es cierto, es la que menos restricciones ha aplicado en este sector.
"Sobre las declaraciones de Gabilondo de no tocar impuestos hasta 2023, diré dos cosas", indica el portavoz de Gestha, Carlos Cruzado."Si bien por un lado la pandemia aconseja demorar algunas reformas impositivas que se vienen planteando desde hace años, hay otras que ya habían sido incorporadas en la Ley de Presupuestos a propuesta del Gobierno". Cruzado se refiere a la "armonización fiscal" acordada a finales del año pasado que afectarían a Patrimonio o al IRPF. "Se trata de un porcentaje muy pequeño de declarantes, sobre todo en Patrimonio. La eliminación de esa bonificación estaría en consonancia con el resto de regiones. Y esa recaudación que se deja de obtener, 1.000 millones, puede servir para atender necesidades anti-covid".
El debate tributario en la Comunidad de Madrid de cara al 4M era ineludible. Y el primero en sacarlo ha sido el candidato socialista, Ángel Gabilondo. Lo que nadie se esperaba era el contenido de su mensaje. El lunes el socialista se refirió a Pablo Iglesias en laSexta como un "extremista" y dijo que no tocaría los impuestos a los madrileños la próxima legislatura que terminará en 2023 si es presidente. Al día siguiente, martes, avanzó más detalles en El País: "Propongo un Gobierno excepcional para Madrid de dos años, hasta 2023. Un Gobierno excepcional no toca la fiscalidad. Ni para subir los impuestos como proponen unos ni para bajarlos como proponen otros. No los vamos a tocar". Portavoces del candidato y catedrático de Filosofía defienden esta postura.