El Santander esgrime una caída del 38% en las operaciones de sus oficinas para despedir a 2.047 directivos de sus sucursales

Banco Santander y los sindicatos negocian el quinto despido colectivo en siete años de la primera entidad financiera española. Van por la tercera reunión de un proceso que a buen seguro acabará antes que el año. El banco que preside Ana Patricia Botín quiere recortar 5.072 puestos de trabajo, un volumen considerable si se tiene en cuenta que en los cuatro ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anteriores se fueron a la calle 5.869 trabajadores y se prejubilaron otros 2.103. La plantilla del banco en España suma 19.527 empleados, por lo que el recorte afectará a una cuarta planta del personal. Esta vez, además, es la primera en que el Santander aduce razones económicas para despedir a sus empleados: unas pérdidas de 9.048 millones de euros hasta septiembre de este año.

Si finalmente se recortara la plantilla en la cifra propuesta por el banco –los sindicatos intentarán reducirla durante las negociaciones de las próximas semanas–, el Santander se quedaría con sólo 14.445 empleados. En 2013, cuando se ejecutó el primer ERE, la entidad contaba con 25.864 trabajadores en España. Es decir, desde entonces ha perdido el 44% de su personal. Aunque tras la absorción del Banco Popular en 2018 llegó a los 30.106 empleados, con lo cual su plantilla ahora representaría menos de la mitad de la que tenía sólo hace dos años. De la misma magnitud ha sido el cierre de oficinas. En 2013 su red la componían 4.049 sucursales. Si se cumplen las expectativas de la empresa en este nuevo despido colectivo, el Santander se quedaría con sólo 1.949 oficinas. Una pérdida de casi el 52% de las sucursales en siete años.

En el informe técnico que el banco ha debido elaborar para ejecutar el despido colectivo y al que ha tenido acceso infoLibre, el banco atribuye su mal resultado a la “persistente” caída de sus ingresos financieros, los que obtiene de la actividad bancaria ordinaria –intereses de los créditos que concede–, y de sus ingresos por comisiones. Pese a que la concesión de créditos y préstamos ha crecido –un 2% desde 2017 hasta septiembre de este año–, los ingresos por intereses han disminuido un 14,4% en los nueve primeros meses de 2020 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras los ingresos por comisiones sólo han aumentado un 0,7% este año, por lo que el banco los considera una fuente de ingresos “agotada”. El Santander se lamenta de una anémica rentabilidad del negocio que cifra en sólo un 1,06% hasta septiembre de 2020, cuando en 2017 alcanzaba el 1,68%. Y de un deterioro de su ratio de eficiencia –relación entre gastos de explotación y margen bruto: cuanto mayor sea ese cociente, más ineficiente es el banco– que ha crecido del 46,2% en 2019 al 62,2% en lo que va de ejercicio, dos puntos por encima, además, de la media del sector.

De poco han servido, asegura el Santander, las medidas para recortar gastos que han aplicado desde 2019: el penúltimo ERE –3.223 despidos y 1.000 oficinas cerradas– y una reducción de 320 millones de euros en gastos de administración.

Porque, recalca el informe, el banco está “sobredimensionado”, tanto “desde la óptica del negocio” que atiende, como por las estructuras intermedias y los servicios centrales y corporativos.

Sólo una sucursal en municipios de menos de 20.000 habitantes

Así, el Santander pretende cerrar 1.033 oficinas y despedir a un total de 3.957 empleados de su red de oficinas. El 78% de los puestos de trabajo que quiere amortizar se localizan en las sucursales. De ellos, 2.047 corresponderán a directores y subdirectores de las oficinas. Otros 1.536 serán empleados con funciones operativas, los que no trabajan como comerciales.

Para argumentar la necesidad de este hachazo, el banco asegura que la carga operativa en las oficinas se redujo en un 27,4% entre 2017 y 2019, de 56.660 a 41.134 horas/día. En los nueve primeros meses de este año ha caído aún más, hasta 30.331 horas/días, debido a los meses de confinamiento y a la desescalada. Por ejemplo, las transacciones efectuadas en las oficinas han caído un 37,8% entre 2017 y 2019: un 41,4% los ingresos y pagos por caja, y un 48,7% las transferencias.

Al mismo tiempo, los canales digitales no dejan de crecer. Y en ellos se centra la apuesta del Santander. Los clientes han cambiado sus hábitos de consumo, explica el banco en su informe. La atención en la oficina ha pasado a la historia, el futuro está en la gestión comercial y operativa con los clientes “en remoto”. El Santander tiene ahora 5,1 millones de clientes digitales y quiere llegar a los seis millones de 2022, de forma que el 80% de los usuarios de sus servicios sean de este tipo. Es más, las ratios de eficiencia y productividad de Santander Personal, la unidad encargada de la gestión remota de clientes, son muy superiores a los de las oficinas. De hecho, Santander Personal multiplica hasta por 10 la ratio de eficiencia de las carteras particulares y la de productividad de las sucursales y hasta por siete su ratio de productividad en negocios y pymes, asegura el informe. Hasta ahora cuenta con 1,1 millón de clientes, pero espera alcanzar los 2,8 millones en 2023.

En definitiva, gestión remota y centralizada de los clientes. Y cierre de oficinas más pequeñas y con menor potencial comercial y financiero. En municipios de menos de 10.000 habitantes quedará sólo una sucursal o un agente, al que se traspasará el negocio si éste no supera los 60.000 millones de euros. Si el volumen de negocio no llega para un agente, entonces el banco sólo dejará una “ventanilla desplazada”, un empleado que acudirá un número determinado de días y horas a esa localidad desde otra oficina situada en otro municipio. El Santander cuenta en la actualidad con un total de 194 agentes en plantilla, encargados de supervisar a los 725 agentes autónomos que trabajan con los clientes. Lo mismo ocurrirá con las sucursales situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. De las 2.982 que el Santander tiene en España, 827 se encuentran situadas en localidades de menos de 20.000 habitantes. El objetivo, apunta el informe, es reducir en un 80% el número de oficinas con menos de tres empleados, que ahora suman 663.

En los municipios con más de 20.000 habitantes, no podrá haber dos sucursales a menos de 750 metros entre sí. Si su volumen de negocio no supera los 60 millones de euros y no pueden fusionarse con otra a menos de 1,5 kilómetros de distancia, entonces dejarán los clientes en manos de un agente. El resultado será que cerrarán 128 oficinas del Santander en Madrid y 86 en Barcelona. Van a desaparecer el 50% de las sucursales de Badajoz, Cuenca, Lugo y Soria. Pero hasta el 60% –43– de las de Tenerife. En cambio, no van a perder ninguna Albacete y Melilla. En estos momentos ya permanecen cerradas 690 oficinas del Santander en toda España por culpa de la pandemia. “La mayor parte [de ellas] están identificadas en la propuesta de cierres”, adelanta el informe.

Recortar en un 37% el número de direcciones de zona

Inevitablemente, la reducción del tamaño de la red de oficinas y el avance de la gestión centralizada van a repercutir en lo que el informe llama “estructuras intermedias” del banco. Por ejemplo, la intención del Santander es recortar en un 37% el número de direcciones de zona, así como suprimir los departamentos de Particulares, Colectivos y Universidades, los de Leasing y Renting, Cartera Comercial y Seguros de la Dirección Comercial de Empresas. En la unidad de Negocio Hipotecario no van a quedar más que cuatro de sus 37 trabajadores, uno en cada una de las cuatro mayores direcciones territoriales –hay 13–. En total, se recortarán 309 empleos.

En los servicios centrales y el centro corporativo, la reducción será superior, 899. Los departamentos más afectados serán banca comercial, con 74 despidos y Secretaría General y Cumplimiento, con 68. De Desarrollo de Negocio se irán 54 personas y de Control de Gestión, 36. Según los autores del informe técnico, existen áreas con funciones duplicadas y deben eliminarse “informes innecesarios”, y “reuniones no relevantes”, que además deben realizarse preferentemente por teléfono o por internet.

Finalmente, no se van reincorporar a sus puestos de trabajo los 107 trabajadores procedentes del Banco Popular y del Banco Pastor que solicitaron una excedencia compensada acogiéndose a las condiciones del ERE de 2016.

3.500 empleados superan los 55 años

Estas son las cifras que los sindicatos deben intentar rebajar en las semanas que quedan de negociación con los responsables del banco. De momento, éstos han ofrecido reducir el número total de despidos externalizando un millar de puestos de trabajo. Estos empleados pasarán a formar parte de las plantillas de Santander Operaciones y de Santander Consumer Voice –atención telefónica–, según explican a infoLibre fuentes conocedoras de la negociación.

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Tampoco es posible conocer aún cuántos de los afectados se acogerán a una prejubilación. En estos momentos, y tras los sucesivos ERE, en el Santander quedan unos 3.500 trabajadores con más de 55 años. Aunque no es una opción que satisfaga al banco. El convenio especial con la Seguridad Social que debe firmar con cada trabajador hasta que alcance la edad legal de jubilación le supone al Santander un desembolso de 1.080 euros al mes.

Sin contar con que deba pagar la llamada Enmienda Telefónica, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que las empresas con más de 100 trabajadores y beneficios sufraguen las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales de los empleados de más de 50 años a los que despidan. Unos importes que hasta entonces pagaba el Estado. Este mismo año, y con cuatro de retraso, el Santander ha abonado los 6,31 millones de euros que el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) le reclamaba por el ERE de 2016: 680 despidos y 831 prejubilaciones.

Por el momento, la primera oferta que ha hecho el banco a los sindicatos es muy baja: indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal, para quienes tengan más de 62 años, y de 30 días por año a quienes no lleguen a los 55. Para los prejubilables, el Santander propone pagarles el 70% del salario si tienen entre 58 y 61 años, o el 65% si tienen entre 55 y 57 años. En el ERE anterior, el de 2109, las cuantías eran superiores: la indemnización era también de 20 días por año trabajado para los mayores de 62 años, pero a los de menos de 50 años se les ofrecían 40 días, mientras que a si tenían entre 55 y 57 años se les pagaba el 75% del sueldo, a los de más de 58, el 78% del salario, y a los de entre 59 y 61 años, el 80%.