Bruselas entreabre la mano. La Comisión Europea ha atendido las peticiones del Gobierno español y ha concedido dos años más, hasta 2016, para que España sitúe el défcit público por debajo del 3% como establece el Pacto de Estabilidad, No sólo eso. En un gesto interpretado como una señal de que el miedo a las consecuencias de la austeridad a ultranza está muy presente, Bruselas ha elevado en dos décimas (del 6,3% del PIB al 6,5%) el objetivo de déficit para este año.
Los 2.000 millones que suponen esas dos décimas son una especie de doble reconocimiento. Los tecnócratas de Bruselas admiten que el Ejecutivo se esfuerza en la tarea de reformas que le han impuesto y reconocen también que la situación, con media Europa en recesión (el PIB de la eurozona cayó un 0,2% en el primer trimestre), no permite acciones más ambiciosas.
Pero Bruselas no suelta la pieza. El Gobierno de Mariano Rajoy, agobiado por una tasa de paro del 27,16%, ha conseguido que Bruselas descarte la apertura de un expediente por déficit excesivo y que relaje la presión inmediata. Pero el Ejecutivo, cuando está aún reciente la visita de los hombres de negro de la troika, sabe que tiene que dar algo a cambio.
Bruselas quiere, ante todo, hechos. No palabras. Y quiere fechas, no promesas. Por eso, a cambio de los 2.000 millones de mayor déficit de 2013 reclama actuaciones concretas en pensiones, mercado laboral, impuestos, mercado energético, colegios profesionales y reforma de la administración. Y otro punto importante: a principios del próximo año tiene que estar en vigor la ley que separa precios públicos e inflación (Ley de Desindexación).
La Comisión Europea enuncia así las exigencias: "aplicación creíble" dice "de ambiciosas reformas estructurales que aumenten la capacidad de ajuste e impulsen el crecimiento potencial". Una traducción de tal enunciado podría ser el siguiente: "señor Rajoy, haga usted todo lo que ha prometido, y hágalo cuanto antes".
En pensiones, Bruselas reclama para este año la reforma del sistema y la vinculación de las pensiones a la esperanza de vida (factor de sostenibilidad), desvinculándolas de la evoluciñón de la inflación.
En impuestos: pide examinar el sistema tributario con el horizonte de marzo de 2014 con la recomendación de limitar "la aplicación de tipos de IVA reducidos" e incrementar los impuestos medioambientales.
Presupuestos y gastos: Bruselas exige que este mismo año esté constituido un organismo presupuestario independiente que vigile la estructura de ingresos y gastos "para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público".
Bruselas pide más recortes a España a cambio de relajar el cumplimiento del déficit
Administración: la Comision Europea quiere que en octubre haya un plan concreto y creíble sobre el aumento de la eficiencia en toda la administración pública, incluido el sistema judicial. En este apartado cabe la exigencia de racionalizar el gasto sanitario.
Reforma sector energía: es uno de los quebraderos de cabeza del Gobierno. El sistema eléctrico registra un déficit de 30.000 millones de auros acumulados desde 2000 y en Bruselas ha calado el mensaje de que el agujero puede tener consecuencias catastróficas si no se ponen soluciones.
Reforma laboral: los técnicos de Bruselas quieren que la reforma laboral se someta a evaluación antes del verano y se aplique "rápidamente" una reforma de las políticas activas de empleo. Bruselas pretende rebajar a toda costa los escandalosos porcentajes de paro (27,16% general), sangrantes enre los jóvenes (57%) y tiene en mente, siempre, dos conceptos: flexibilidad y resultados. Otra vuelta de tuerca.
Bruselas entreabre la mano. La Comisión Europea ha atendido las peticiones del Gobierno español y ha concedido dos años más, hasta 2016, para que España sitúe el défcit público por debajo del 3% como establece el Pacto de Estabilidad, No sólo eso. En un gesto interpretado como una señal de que el miedo a las consecuencias de la austeridad a ultranza está muy presente, Bruselas ha elevado en dos décimas (del 6,3% del PIB al 6,5%) el objetivo de déficit para este año.