CCOO, UGT y CSIF han rechazado una nueva resolución del Ministerio de Función Pública -dirigido por la titular de Hacienda, María Jesús Montero- que rebaja las posibilidades de teletrabajar de funcionarios y empleados públicos de dos días a uno. Eso sí, se trata de una resolución que durará mientras la pandemia de covid-19 siga activa: una vez terminada -si es que se atisba un horizonte aún impreciso-, el Ejecutivo de coalición se ha comprometido a negociar una futura regulación de trabajo a distancia. La resolución salió finalmente la noche de ayer miércoles.
Ésta establece una jornada laboral con "presencia física en el centro de trabajo, de lunes a viernes en el horario habitual". Pero "podrá realizarse por medios telemáticos, previa autorización y siempre que las funciones sean susceptibles de prestarse a distancia, hasta un 20% de la jornada de trabajo semanal que podrá realizarse por las tardes o acumularse en un día completo". Un 20% equivale a un día. Se necesitará, pues, el visto bueno de un superior para trabajar a distancia. Por lo que se generaliza el trabajo presencial de lunes a viernes.
Función Pública defiende que en dicha resolución "se establece un modelo mixto en las actividades que así lo permitan", indican a este medio portavoces del ministerio.
Aunque el Gobierno no lo ha dicho así, los sindicatos entienden que la nueva resolución modifica el anterior acuerdo de abril, que contemplaba dos días. Éste decía así: "La modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo. La jornada de teletrabajo será la que corresponda de acuerdo con el calendario laboral, instrucciones de jornada y horarios, y se podrá disponer de mecanismos de control de jornada, fichaje y seguimiento de gestión".
En el nuevo texto, Función Pública afirma que" el retorno progresivo que se ha venido produciendo a la presencia física en la actividad de la Administración General del Estado, de acuerdo con los datos remitidos por los diferentes departamentos ministeriales, alcanza ya el 81,10% en agosto de 2021". Así que "es posible establecer con garantías la recuperación de la prestación ordinaria presencial del trabajo con las garantías sanitarias necesarias y las excepciones de adaptación que preserven la salud".
CCOO asegura que no ha firmado el acuerdo y UGT y CSIF han lanzado sendos comunicados proclamando su rechazo. "La Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado", subraya la nota de CSIF.
En el ministerio aseguran que la resolución nueva "va en la dirección de avanzar en la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos con un mayor volumen de presencialidad de los trabajadores públicos". Las organizaciones sindicales dicen que el diálogo ha terminado y no hay muchas más opciones para convencer al Ejecutivo.
UGT de hecho ha manifestado su "desconcierto ante la actitud de la Administración, que cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio".
Los colectivos vulnerables teletrabarán al 100%
En el ministerio insisten en que "el éxito en la campaña de vacunación" permite ("como todos deseábamos") una "vuelta a la normalidad segura". Los colectivos más vulnerables frente al virus, como las personas con cáncer o con inmunodeficiencia, así como otros que se prevea, continuarán contando con medidas de protección especiales: podrán realizar su actividad hasta en un 100% de manera telemática".
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"La vuelta a la presencialidad no implica la desaparición del servicio de cita previa. Y continuarán controlándose los aforos", aseveran fuentes oficiales de Función Pública, toda vez que destaca que no "renuncia al teletrabajo y a la experiencia adquirida en el último año y medio". "Cada departamento tendrá margen para organizarse de acuerdo con sus particularidades, el tipo de servicios prestados y la propia evolución de la epidemia".
"La resolución a la que aluden los sindicatos hace referencia a la vuelta a la normalidad tras la pandemia, pero no invalida el compromiso de regular el teletrabajo en el ámbito público", agregan estos portavoces. Eso se plasmará en un Real Decreto que tendrá que ser negociado nuevamente con los sindicatos. De momento, un día de trabajo a distancia hasta que el covid-19 deje de ser un problema.
Además, se mantiene la cita previa en la atención al público. "En los servicios de atención al público se mantiene la necesidad de cita previa al menos hasta el 31 de diciembre de 2021", dice la resolución. "El horario de atención al público de manera presencial no podrá ser inferior al horario fijo mínimo de modalidad presencial de prestación de los servicios previsto en la presente resolución".
CCOO, UGT y CSIF han rechazado una nueva resolución del Ministerio de Función Pública -dirigido por la titular de Hacienda, María Jesús Montero- que rebaja las posibilidades de teletrabajar de funcionarios y empleados públicos de dos días a uno. Eso sí, se trata de una resolución que durará mientras la pandemia de covid-19 siga activa: una vez terminada -si es que se atisba un horizonte aún impreciso-, el Ejecutivo de coalición se ha comprometido a negociar una futura regulación de trabajo a distancia. La resolución salió finalmente la noche de ayer miércoles.