El SMI esquiva la tributación solo en 2025: PSOE y Sumar celebran el acuerdo entre críticas de los sindicatos
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo han alcanzado un acuerdo para que los trabajadores que cobran el salario mínimo (SMI) no tributen en el IRPF de 2025. A primera hora de este viernes y tras una mañana en la que parecía que los ministerios no iban a llegar a un consenso, se anunció el acuerdo. Lo que se hará es introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el sueldo mínimo legal no tengan que pagar. Con este acuerdo, el Gobierno no tendrá necesidad de vetar la propuesta de Sumar en este sentido, que iba a dirimirse en la Mesa de Congreso. Sin embargo, el pacto se enfrenta a quejas por parte de los sindicatos, que reclaman una mayor participación en las negociaciones y una solución que vaya más allá de 2025.
La noticia ha sorprendido por el giro rápido de los acontecimientos. Desde Hacienda hablaban de “posiciones alejadas” y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, empezaba el día acusando a María Jesús Montero de haberse levantado de la mesa tras rechazar “más de cinco propuestas” lanzadas por Sumar. Sin embargo, con el acuerdo, la propuesta ya no llegará a la Mesa de Congreso, donde Sumar y PP podían haber votado conjuntamente, obligando al Gobierno a ejercer un veto para evitar que saliese adelante. En cambio, en este nuevo escenario las opciones que quedan son dos: que Sumar retire la propuesta para redactar una nueva junto con el PSOE o que ambos socios la saquen adelante tal como está. En cuanto a las otras dos propuestas presentadas por PP y Podemos sobre la misma materia, han recibido el veto del Ejecutivo, tal como se esperaba.
“Ha sido una negociación dura hasta última hora”, explicaba la vicepresidenta segunda en declaraciones a laSexta. Y remarcaba que cumplirían con el acuerdo de gobierno que tenía como objetivo garantizar que los trabajadores con menores salarios percibieran el 60% del salario medio. “A partir de ahí que tribute a Hacienda”, concluyó. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, calificaba el acuerdo como “una buena noticia para todo el mundo”.
Los sindicatos, por su parte, se mostraron contentos con el pacto entre Díaz y Montero, pero mostraron su malestar por no haber participado en el proceso y piden, además, una solución que vaya más allá de este año. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha anunciado que elevará una queja al Defensor del Pueblo porque la negociación “debería haber sido un acuerdo con las organizaciones sindicales”, señaló. “El Gobierno tiene que acostumbrarse que esto del diálogo social no solo es cuando le interesa a él, hay que hacerlo siempre y en todo lugar”, concluyó. Además, insistió en la necesidad de abrir una mesa de diálogo para esta medida sea “un acuerdo a largo plazo”. Desde Comisiones Obreras (CC OO) también apuntan cierto malestar y Unai Sordo señaló —en relación con la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones— que “son una mala noticia los términos en los que se ha producido la polémica estos últimos meses”.
El acuerdo tampoco ha caído bien en el Partido Popular, que acusaba a las titulares de Trabajo y Hacienda de “haber demostrado ser dos fantásticas actrices”, apuntaba la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Los populares critican la solución por considerarla un apaño temporal y reprochan al Ejecutivo que los perceptores del SMI tengan que pagar las retenciones y esperar para recuperar el dinero.
Recorrido político
La normativa vigente estableció en 2024 el umbral mínimo de tributación sobre los rendimientos del trabajo en los 15.876 euros, en línea con el SMI anterior. Tras la aprobación a principios de año de una nueva subida, hasta los 16.576 euros anuales, los trabajadores que menos cobran debían empezar a cotizar. En ese momento, el ministerio que preside Yolanda Díaz comunicó a Hacienda su desacuerdo y pidió medidas para evitar esta situación.
A su vez, entre los debates técnicos de la fiscalidad afloró una bronca política a la que también se sumaban UGT y CCOO. Tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo mantenían la necesidad de eliminar la obligación de cotizar, pero la titular de Hacienda, María Jesús Montero, justificaba la medida señalando que el SMI tenía “derechos y también deberes”. Hacienda argumentaba, además, que el 80% de los perceptores seguirían sin contribuir. De hecho, ese 20% obligado a pagar estaba compuesto por personas solteras sin descendientes deducibles para el cálculo de las retenciones que tendrían que abonar alrededor de 300 euros al año (21,4 euros/mes, supuestas 14 pagas). Con el actual acuerdo, el límite exento no se modificará como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores, pero estos trabajadores, a los que les salía a pagar 300 euros, se podrán aplicar una deducción para pagar cero.
Al tomar la decisión de ampliar la deducción por rendimientos del trabajo en vez de modificar el umbral mínimo de cotización, Hacienda limita el impacto económico. Con el acuerdo actual, dejaría de ingresar unos 200 millones, mientras que modificar el mínimo exento podría llegar a tener una repercusión de entre 1.500 y 2.000 millones. Por su parte, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), rebaja la merma en las arcas por la medida adoptada hasta los 162 millones, ya que algunas escalas autonómicas, explican, podrían jugar a favor de los contribuyentes. Incluso la ministra Montero señalaba que no habría una disminución significativa de la recaudación.
Hacienda y Trabajo anuncian ahora un acuerdo para que quienes cobran el salario mínimo no tributen
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Pese a las quejas expresadas este viernes, la posición de los sindicatos siempre ha estado alineada con Trabajo e insistían en la necesidad de que el dinero que los trabajadores se terminaban llevando a casa a final de mes debía representar el 60% del salario medio. Así, con el acuerdo que se cierra este viernes, esta situación queda cubierta para 2025, pero deja en el aire lo que puede pasar en los próximos años. Unai Sordo incidía en esto y reclamaba un tratamiento fiscal que garantizase una progresividad fiscal más suave para los trabajadores con menos renta. “Hay que garantizar que las personas que perciben un salario mínimo en España se lleven al menos a su casa el 60% de la media salarial. Eso se puede hacer con posteriores subidas del SMI o se puede hacer con un tratamiento fiscal que lo garantice”, señaló. Desde Gestha también han manifestado la necesidad de imponer una solución que libre a los salarios mínimos de pagar IRPF de forma permanente. “Conforme el SMI vaya subiendo en los años próximos, esta deducción se quedará corta y sería necesario ir actualizándola”, explica el portavoz de Gestha, José María Mollinedo, que sugiere una reforma legal para garantizar la seguridad fiscal de los trabajadores.
¿Qué deben hacer quienes cobran SMI?
A falta de conocer el texto del acuerdo donde se desgranarán los detalles, la experta en fiscalidad del Consejo General de Economistas, Raquel Jurado, explica que una posible forma de llevarlo a cabo “sería que se aplicase una retención en la nómina todos los meses. Luego se podrá presentar la declaración del IRPF, aplicarte esa deducción y entonces les saldría a devolver”, concluye.
Hacienda ha explicado que las deducciones fiscales se aplicarán sobre la cuota íntegra del IRPF por la cantidad exacta que cada trabajador haya pagado en 2025. Una vez aplicado el descuento, al trabajador se le retornaría la misma cantidad de dinero de lo que ha tributado por el IRPF, con lo que su aporte al fisco habría sido cero. Es por esto por lo que la ministra Montero hablar de que la medida es “personalizada para cada trabajador” y se aplicará en el mismo momento en el que se haga la declaración.
