Que España tiene un problema con su sistema tributario es un mantra habitual en los últimos años. “La recaudación impositiva es inferior a la del promedio de la Unión Económica y Monetaria en unos dos puntos porcentuales”, recordaba este martes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. El máximo representante del supervisor ponía el foco sobre varios tributos. Entre ellos, el Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación no ha dejado de retroceder ejercicio tras ejercicio. De hecho, es el único de los grandes que no ha conseguido levantar el vuelo desde el estallido de la crisis. En 2019, las arcas públicas ingresaron por esta vía casi la mitad que durante el año 2007, a pesar de la mejora de económica de las empresas. Un dato que contrasta con el repunte recaudatorio del IRPF, el IVA o los impuestos especiales durante el mismo periodo y que los expertos consultados atribuyen a la agresiva planificación fiscal llevada a cabo por las grandes firmas. Es el gran agujero por el que se escapan miles de millones.
Durante el año previo al estallido de Lehman Brothers, las arcas públicas ingresaron a través del Impuesto sobre Sociedades 44.823 millones de euros. Sin embargo, con la llegada de la Gran Recesión, la recaudación de este tributo, fuertemente condicionado por el impacto del ciclo económico en los beneficios empresariales, empezó a mermar progresivamente. En 2008, cayó hasta los 27.301 millones de euros. Y en 2011 ya alcanzaba el mínimo de 16.611 millones de euros. Luego empezaron las oscilaciones. Escaló de nuevo hasta los 21.435 millones en 2012. Volvió a descender hasta los 18.713 millones de euros de 2014. Y, tras esto, experimentó de nuevo una senda ascendente progresiva hasta situarse a finales de 2018 en los 24.838 millones de euros. Era el mejor dato registrado después de casi una década. Sin embargo, no lograba alcanzar las cifras de antes de la crisis. Ni durante ese año, ni tampoco en 2019, cuando este tributo permitió a las arcas públicas ingresar 23.733 millones de euros, un dato que seguía un 47% por debajo del registrado en 2007.
Es el único de los principales impuestos que no ha conseguido recuperar fuerza recaudatoria durante todos estos años. Todos los demás ya superan los niveles existentes antes de la Gran Recesión. Es el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que se ingresaron en el pasado ejercicio 86.892 millones de euros, un 19,6% más que en 2007 –72.614 millones–. Lo mismo sucede con el IVA, cuya recaudación fue en 2019 un 28% mayor que la de antes del inicio de la crisis. O con los impuestos especiales, aquellos que gravan desde las bebidas alcohólicas a los hidrocarburos, gracias a los cuales se ingresaron en las arcas 21.380 millones de euros, un 8% más que doce años antes –19.786 millones–. Y eso que el consumo de algunos de estos productos se había desplomado durante este periodo. El ejemplo perfecto son las cajetillas de tabaco. Mientras que antes de la crisis se vendían alrededor de 4.400 millones de unidades al año, ahora esa cifra se sitúa algo por encima de las 2.200 millones. La mitad.
El agujero
Según el último informe Taxation Trends in the European Union, elaborado por el Ejecutivo comunitario, en 2017 el impuesto sobre sociedades en el Viejo Continente representaba el 2,7% del PIB de la Unión Europea. En el caso de España, esta cifra se situaba entonces en el 2,3%, cuatro décimas por debajo. No obstante, la heterogeneidad de la presión ejercida por este tributo entre las diferentes economías era muy grande. Así, había tres países con cifras superiores al 5%: Malta (6,5%), Chipre (5,7%) y Luxemburgo (5,2%). Otros como Bélgica, República Checa, Países Bajos, Portugal o Eslovaquia, se movían por encima del 3%. En el caso de Alemania, Francia o Italia, el impuesto sobre sociedades representaba entre el 2,1% de Roma y el 2,9% de París. En el extremo opuesto, a la cola, tres Estados: Estonia, Letonia y Lituania, cuya recaudación a través de este tributo apenas representaba entonces alrededor del 1,5%.
Pero, ¿por qué España no es capaz de recuperar los niveles anteriores a la crisis? ¿Dónde está el agujero? Para José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la clave se encuentra en las grandes empresas. “Son las principales causantes”, apunta. “Han proliferado todo tipo de vericuetos para que con un asesoramiento tributario hábil pueda esquivarse el pago del impuesto. Las grandes sociedades encuentran esas vías y la mayor carga la terminan soportando las pymes. El resultado de esto es que al impuesto sobre sociedades le cuesta mucho aportar la recaudación que debería”, coincide Juan Antonio Gimeno, catedrático de Hacienda Pública en la UNED, que recuerda que a lo largo de este ejercicio los ingresos tributarios en general, y por este gravamen en particular, van a experimentar una bajada. De hecho, según las estimaciones enviadas a Bruselas por el Gobierno, este tributo aportará en el año de la pandemia unos 23.592 millones, 141 millones menos. No obstante, hay que tener en cuenta que estas previsiones luego no suelen ajustarse a la realidad.
Gestha calcula que los grandes grupos empresariales han podido eludir el pago de algo más de 24.300 millones en las declaraciones comprendidas entre 2015 y 2018. El problema lo sitúan, principalmente, en las exenciones. No son los únicos. La OCDE ya avisó en uno de sus últimos informes sobre nuestro país de que esto erosionaba “las bases imponibles del impuesto sobre sociedades”. Y en una línea similar se pronunció el Banco de España en 2018 en su estudio Estructura impositiva de España en el contexto de la Unión Europea: “Este menor tipo efectivo medio sobre los beneficios declarados antes de impuestos en relación con la base del impuesto se explica por la existencia de rentas exentas de tributación destinadas a impedir la doble imposición de beneficios a escala tanto internacional como estatal, por la aplicación de ajustes fiscales a la imputación de ingresos y gastos establecida en la normativa contable o por la existencia de compensaciones de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que erosionan la base fiscal del impuesto. Esta erosión de la base fiscal tiene una mayor relevancia para los grandes grupos consolidados”.
Mollinedo pone el foco en el artículo 4 de la denominada Directiva Matriz-Filial. En él se establece que “cuando una sociedad matriz” reciba por su participación en una sociedad filial “beneficios distribuidos por motivos distintos de la liquidación de la misma”, el Estado miembro de la matriz o se abstendrá de gravar dichos beneficios o los gravará con una deducción. Para que sea más entendible, el experto pone un ejemplo: “Imaginemos una empresa española que tiene negocio en Latinoamérica. Constituye un subholding en Panamá y para poder acogerse a la directiva organiza otro holding en Países Bajos. Si por el negocio en América Latina esa compañía recibe 100 millones en dividendos, estos estarán exentos en España y probablemente por el camino tampoco se haya tributado nada”. Según los datos de la Agencia Tributaria, en suelo español hay 134 multinacionales con una cifra de negocios consolidada a nivel mundial que supera los 750 millones. Entre todas, acumulan más de 16.000 filiales, casi 11.000 de ellas en el extranjero.
El sindicato de técnicos de Hacienda calcula que en 2018 el importe exento de dividendos y plusvalías ha superado los 152.000 millones de euros. Por eso, exigen al Gobierno que se derogue este régimen y se sustituya por una “deducción”, descontando la parte que se haya pagado realmente por las filiales en el exterior. “Con ese cambio, podríamos equilibrar la recaudación del impuesto sobre sociedades”, señala Mollinedo. Sin embargo, el experto es consciente de que si sólo se hiciera en España esto podría perjudicar la competitividad y la internacionalización de las compañías nacionales. Por eso, propone un acuerdo entre las fuerzas políticas a nivel europeo para que la posibilidad de exención sea eliminada del artículo 4 de la Directiva Matriz-Filial. Lo hace una semana después de que la Eurocámara constituyese una Subcomisión de Fiscalidad que se centrará en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, así como en la transparencia financiera con fines tributarios. Un órgano cuya creación contó con el respaldo de más de 600 eurodiputados.
Gimeno no ve mal la “eliminación de buena parte de las bonificaciones o privilegios fiscales” que en algunos ejercicios han permitido a entidades financieras como Santander, Bankia o BMN no pagar un solo euro por el impuesto de sociedades, tal y como desveló infoLibre en el verano de 2018. Buena le parece también la creación de una suerte de tasa Google para evitar que las tecnológicas puedan zafarse de tributar en los países donde tienen negocio. Pero no se queda ahí. En relación con el gravamen, apuesta por “marcar un mínimo de tributación sobre los beneficios reales de las empresas”. No es de extrañar. Con el actual sistema, las grandes firmas están soportando tipos efectivos mucho menores que las pequeñas y medianas empresas. Según los cálculos de Gestha, en 2018 los grupos consolidados aguantaron un 5,2%, frente a casi el 13% de aquellas sociedades que no estaban integradas en estos conglomerados. Casi la mitad.
Esta posibilidad ya la llevaban PSOE y Unidas Podemos en sus programas electorales para la cita con las urnas del pasado mes de noviembre. Y la dejaron plasmada en su acuerdo de Gobierno. Concretamente, en el punto 10.2: “Se reformará [el impuesto sobre sociedades] garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”. El documento, además, contemplaba la posibilidad de limitar las exenciones de dividendos o plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades y recogía que las pymes que facturen menos de un millón de euros pasen de un tipo de gravamen del 25% a uno del 23%. A finales de mayo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a insistir en el Senado de sobre la necesidad de una “profunda reforma fiscal” en la que se analice con detalle este tributo. “No puede ser que con cifras de beneficio similares a las de 2008 el impuesto de sociedades esté rindiendo a la mitad”. Sin embargo, todavía no se ha dado ningún paso firme en esta línea.
Que España tiene un problema con su sistema tributario es un mantra habitual en los últimos años. “La recaudación impositiva es inferior a la del promedio de la Unión Económica y Monetaria en unos dos puntos porcentuales”, recordaba este martes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. El máximo representante del supervisor ponía el foco sobre varios tributos. Entre ellos, el Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación no ha dejado de retroceder ejercicio tras ejercicio. De hecho, es el único de los grandes que no ha conseguido levantar el vuelo desde el estallido de la crisis. En 2019, las arcas públicas ingresaron por esta vía casi la mitad que durante el año 2007, a pesar de la mejora de económica de las empresas. Un dato que contrasta con el repunte recaudatorio del IRPF, el IVA o los impuestos especiales durante el mismo periodo y que los expertos consultados atribuyen a la agresiva planificación fiscal llevada a cabo por las grandes firmas. Es el gran agujero por el que se escapan miles de millones.