John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone.
“Este lunes me llamaron para ofrecerme 1.000 euros para que me fuera”, explica John, de 43 años, a infoLibre. De origen nigeriano, lleva 17 años en España, todos en Alcorcón, ciudad natal de sus tres hijas de 1, 4 y 6 años. “El dinero no es problema, no me hace falta. El problema está en dónde voy a conseguir otro alquiler. Piden unas nóminas muy altas”, lamenta.
El dinero, obviamente, tampoco es un problema para Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, valorados en cerca de un billón de dólares. Sin ir más lejos, este lunes The Wall Street Journal ha anunciado que ha vendido un resort en Estados Unidos por más de 800 millones de dólares, la segunda mayor venta de un solo activo de la historia reciente de EEUU.
En España, donde opera a través de sus ramas Testa y Fidere, se considera el “mayor casero” por su compra masiva de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de los precios. Y también es calificado de "fondo buitre", por aprovechar esa coyuntura para convertir la vida de sus inquilinos en un suplicio, multiplicando los precios de las cuotas o incorporando cláusulas abusivas a los contratos.
Esta es la propietaria de unos edificios en la calles de Estocolmo y Bratislava, en Alcorcón, donde viven 40 familias a las que el fondo buitre va a llevar a juicio. La primera ha sido María, una vecina que se ha sentado en el banquillo este martes, mientras fuera le esperaban sus vecinos, también acusados, y varias decenas de activistas de los movimientos madrileños de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH. Ha salido airosa: “Blackstone acepta nuestras condiciones”, ha exclamado emocionada, con el megáfono. En su caso, supone aplazar, de momento, la marcha del edificio. El resto de vecinos hacen cuentas para ver quién será el siguiente. Para John no hay juicios: este jueves se enfrenta a su tercer desahucio.
“Mi hija está triste, sabe lo que está pasando”
Los problemas de John no se limitan a resistir los embates de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Tiene un problema cardiológico por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 33%. Por suerte, reconoce, no le impide trabajar. Lo que sí le han recomendado fervientemente es que evite el estrés y la ansiedad, algo difícil cuando un fondo de inversión te trata de desahuciar cada cierto tiempo. “Me siento muchas veces muy nervioso, a veces un poco mareado…”, lamenta.
La pareja de John, de 33 años, acaba de conseguir trabajo en una conocida cadena de restaurantes. Sus hijas van a un colegio que está a escasas decenas de metros de su edificio. Están enraizados en el municipio y, concretamente, en su barrio, en el que llevan cinco años. Él, que ha trabajado la mayor parte de estos años como mozo de almacén, ahora está desempleado. Acaba de empezar a buscar trabajo, pero es una tarea que reconoce que no le supone demasiado esfuerzo. “Para mí es fácil encontrar trabajo. Con la tarjeta de discapacidad, más todavía. Puedo hacer casi cualquier cosa, menos correr o hacer mucha fuerza”, explica.
John tiene todo lo que necesita: familia, trabajo, un techo... Solo le falta una cosa, que es justo lo que le exige su médico: tranquilidad. En casa viven una calma tensa. “Mi mujer está triste desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor también, porque sabe lo que está pasando. Sabe que tengo una enfermedad en el corazón”, lamenta.
John ha solicitado una vivienda de protección oficial. “De momento, no sale nada”. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos, que le han ayudado desde el principio, le están dando esperanzas. Creen que es posible que el desahucio de este jueves se vuelva a posponer. Pero reconoce que está perdiendo la paciencia: “Este jueves me desahucian y no sé qué hacer. Tengo muchos muebles dentro, no tengo ni adónde llevarlos. A lo mejor se pospone, pero dentro de unos meses será otra vez lo mismo. Y no soy solo yo, ¡es casi todo el edificio!”, lamenta.
40 familias plantadas ante Blackstone
El edificio de la calle de Estocolmo fue levantado a iniciativa de la Comunidad de Madrid, que otorgó en 1999 la calificación de viviendas de protección oficial a las parcelas donde se erige. A los pocos meses de construirlo, el edificio pasó a manos de Banco Santander, posteriormente a la constructora Sacyr, y por último a Testa, actual casera. En este edificio vive Antonio, un vecino de 84 años, que lleva 22 años en el edificio y cuyo alquiler pasó de 200 euros a 625 euros. También Jesús, de 57 años, 12 en el edificio y que le exigen un aumento de 875 euros.
John lleva menos tiempo, unos cinco años. Mientras que Testa ofrece al resto de vecinos algunas posibilidades como subirles el alquiler, aunque sea a niveles abusivos, a él ni siquiera eso. Lo quieren fuera de la vivienda. John no sabe explicar por qué a algunos les ofrece opciones y a él no. Se señala el brazo: “Soy el único que no es blanco…”, señala, encogiéndose los hombros.
Testa acusa a John de impago, pero él, sorprendido, defiende que no ha dejado de pagar nunca: “Ellos se cobraban el dinero de mi cuenta cada mes. Cuando terminó el contrato, en julio de 2021, fui a mirar la cuenta y no lo habían cobrado. Llamé a Testa y pregunté por qué. Me dijeron que el contrato se había terminado y que tenía que marcharme”, explica
“No le han validado la prórroga de un año, ni tampoco las que aprobó el Gobierno. Blackstone se ha cebado con su familia”, explica a infoLibre Mercedes Revuelta, activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Revuelta cree que el motivo por el que el fondo buitre acepta hablar con unas familias, pero no con la de John, es por su nivel de ingresos. “Estamos negociando estos días para que se pare el desahucio”, defiende.
Cuando Testa dejó de cobrarle a John el alquiler, los movimientos de la vivienda le aconsejaron consignarlo en sede judicial, para evitar que le acusaran de impago. Y así hizo, hasta que un día el juez le dijo que dejara de hacerlo.
Cuando un fondo buitre te ofrece dinero en metálico
“El lunes me llamaron de parte de Testa. Me recordaron que tengo el desahucio este jueves y me preguntaron ‘¿Qué plan tienes?’. Yo les dije que ninguno”, cuenta John. “Me ofrecieron 1.000 euros, para pagar un mes de alquiler en otra parte. Yo les dije que no puedo aceptar el dinero, primero porque el dinero no es mi problema. Mi problema es que no tengo adónde ir. Para los contratos de alquiler piden dos contratos de trabajo que suman casi 3.000 euros [como aval]. No me puedo ir. Pero es que además, con 1.000 euros, ¿adónde voy?”, se pregunta.
No es la primera vez que le ofrecen dinero: “El año pasado me ofrecieron 5.000 euros. Llegué a pensarlo, pero es que no tengo alternativa. Les dije que solo quería hablar con ellos para negociar alguna alternativa”, insiste. A diferencia de otros vecinos, como el octogenario Antonio, que no quiere dejar su casa, John sí aceptaría una alternativa habitacional. Pero Testa no cede a negociar, pese a sus intentos, los de los movimientos sociales e incluso los del propio Ayuntamiento.
Tanto los movimientos sociales como fuentes municipales confirman que no es la primera vez que oyen que Testa ofrece dinero en metálico a personas que quiere desahuciar: “Es la mafia y los trapicheos de un gran fondo para evitar más trajín jurídico. Le sale a cuenta pagar 1.000 euros para que hagas la mudanza y te vayas corriendo”, critica Mercedes Revuelta.
El Sindicato de Inquilinos de Madrid critica que el trabajo del Consistorio se limitó a enviar una carta a la Comunidad de Madrid y a Blackstone y que, dado que ninguna aceptó sentarse en una mesa, su plan de mediación se quedó en vía muerta. “Podrían haber aprobado bandos, sacar carteles, presionar, hacer declaraciones a medios de comunicación… Hemos encontrado en el Ayuntamiento una pared de hormigón armado”, lamenta la activista Mercedes Revuelta.
El Consistorio, gestionado por el PSOE, aún se está recuperando estos días del susto electoral. Ha revalidado la alcaldía en estas elecciones municipales por un pelo: el Partido Popular se ha quedado a 42 votos de arrebatarle el último escaño a la izquierda, necesario para obtener una mayoría absoluta con Vox. El recuento ha dado la razón a los socialistas.
“Los vecinos piden una negociación colectiva, pero Testa se niega a eso”, explica a infoLibre Rosana Zarapuz, concejala de Vivienda del municipio. El Ayuntamiento, a petición de las familias afectadas, aprobó una moción en noviembre en el que se comprometió a mediar. La Comunidad de Madrid ni siquiera respondió. El Ayuntamiento dice que Blackstone sí, pero evitó comprometerse a negociar. Ahora, empieza a ver un cambio de actitud.
“La novedad es bastante reciente. Desde hace unas semanas se está comenzando a hablar. Vemos que ahora Testa sí reconoce al Ayuntamiento como interlocutor”, añade la concejala. “Lo que hemos conseguido es que Testa haga un estudio individualizado, pero de todos los afectados, sin excluir a nadie. Lo que no sabemos es la solución que se le va a ofrecer a cada uno”, explica. Añade que el Ayuntamiento iba a acordar una segunda moción, pero pactaron con los vecinos retrasarla, por si perjudicaba a las negociaciones, añade.
Tener 84 años y a un fondo buitre en tu casa: “Me han subido de 200 a 625 euros y ahora quieren que me marche”
Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos siempre han rechazado el estudio individualizado de los casos y exigen una negociación colectiva para todo el bloque. Lo otro, arguyen, implica que los vecinos más vulnerables tengan que pasar por el aro con peores condiciones. La Ley de Vivienda tampoco les socorre: “Las herramientas que podríamos usar dependen de que la Comunidad de Madrid declare esto como zona tensionada. No se va a aplicar la ley”, lamenta Mercedes Revuelta.
Mientras tanto, siguen los procesos judiciales en curso, los movimientos sociales emboscados, el fondo buitre llamando a John para presionarle y él, buscando en medio de todo esto, lo único que le ha pedido su médico: algo de tranquilidad. “No debo nada. Pagué cada mes. Tenía derecho a prórroga, no me dejaron pagar. Quiero un nuevo contrato y seguir pagando el alquiler. Tengo tres niñas y no sé dónde ir”, lamenta John.
*ACTUALIZACIÓN (07/06/2023 12.29): El Sindicato de Inquilinos ha informado a infoLibre que Blackstone ha pedido que se paralice el tercer intento de desahucio, previsto para mañana. "Si en unos meses se ve que no se puede llegar a un acuerdo, la propiedad es libre de pedir al juzgado que vuelva a señalar una fecha para otro intento de desahucio", han informado fuentes de la negociación.
John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone.