Los taxistas vuelven a la huelga para intentar frenar a Uber y Cabify

La lucha entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), operados por empresas como Uber y Cabify, sigue en pie. Y lo hace después de que el pasado 15 de noviembre el Tribunal Supremo diera un nuevo varapalo a las 67.000 autónomos y pequeños empresarios operadores de taxis que existen en toda España. Ese día, el Alto Tribunal dictó dos sentencias por las que comenzaban a concederse todas las licencias VTC denegadas debido al vacío legal que hubo entre los años 2009 y 2013. Se han concedido 80. Los ayuntamientos calculan que puedan llegar a las 10.000 en toda España.

De esta manera, se superará la ratio de autorizaciones de este tipo de licencias fijadas por el real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, que establece una proporción de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. 

Ese, según explica a infoLibre Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y vocal de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), es el motivo principal que ha motivado la convocatoria de huelga de este miércoles, 29 de noviembre. Según afirma, este aluvión de concesiones no es más que el resultado de la "insuficiencia en la capacidad normativa" que se ha vivido desde el año 2009. "Exigimos una garantía para las 67.000 empresas de taxis de toda España" porque, prosigue, "Fomento está tratando de sustituirlas por multinacionales". Se refiere, principalmente, a Uber y Cabify, las dos empresas que acumulan más licencias VTC y que más operan en nuestro país de forma similar a un taxi. Sólo Cabify, a través de 27 sociedades limitadas con nombres turcos que creó para adquirir estas autorizaciones, suma 64 vehículos, según el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (CREAT), dependiente de Fomento.

"La demanda principal de la huelga es que este tipo de vehículos dejen de actuar como si fueran taxis", explica Luis Berbel, presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya. Ahora, según afirma en conversación con este diario, se cumple con la ratio fijada por ley pero el problema es que si se conceden las licencias reclamadas por estas empresas en vía judicial, la proporción dejará de existir. Y la cuestión está en que "el vacío que ha habido" permite que los tribunales les den la razón y se concedan miles de licencias VTC. "Solo en Cataluña, se espera que se den 3.000", critica. 

 

Por ello, este miércoles hay convocada una huelga a nivel nacional en la que, según Fernández, se respetarán los servicios mínimos gratuitos para personas de especial vulnerabilidad. Los paros estarán acompañados de una gran manifestación que tendrá lugar en Madrid a las 11 horas y recorrerá sus calles desde la Puerta de Atocha hasta el Congreso de los diputados. "La huelga del pasado 30 de mayo se va a quedar pequeña", afirma Fernández.

Por su parte, Unauto, patronal de empresas como Uber y Cabify, ha defendido el respeto a la legalidad vigente en que ejercen su actividad y han denunciado la "violencia y el acoso" al que aseguran estar sometidas por parte de "ciertos sectores radicales que sólo quieren expulsarlas del mercado y mantener su monopolio". Según se refleja en un comunicado recogido por Europa Press, la patronal afirma además que la ratio establecida entre licencias VTC y licencias de taxi está recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque "es únicamente un criterio reglamentario para la concesión de autorizaciones".

Vacío legal en la normativa desde 2009 a 2013

La huelga, motivada principalmente por las últimas licencias concedidas por el Tribunal Supremo, radica en una situación producida como consecuencia del "vacío legal" que se produjo entre los años 2009 y 2013. Según explica Fernández, en esos cuatro años las licencias de vehículos de alquiler con conductor, equiparadas a las de coches de alquiler al uso, se otorgaron en España sin ningún tipo de restricción. "Solo en Cataluña se dieron 400 licencias", recuerda Berbel. 

En 2013 se modificó la ley, pero no fue hasta 2015 cuando por fin se reguló de manera más concreta. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó entonces un Real Decreto que establecía una proporción de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. Los jueces, según explica Berbel, entienden ahora que, como entre 2013 y 2015 no había ningún reglamento que limitara la concesión de licencias, las empresas que presentaron recursos en esos dos años después de que se les denegaran las autorizaciones tienen ahora derecho a ellas. Por ello, opina, las empresas como Jojucar y Gran Vía Rent a Car –a las que se les han concedido ahora 60 y 20 licencias, respectivamente–, tienen muchas opciones de ganar la batalla judicial. Y así, de hecho, lo han venido haciendo desde 2014, cuando el Supremo empezó a dictar una auténtica catarata de sentencias a su favor.

De esta forma se triplicarían las alrededor de las 6.000 licencias VTC que el sector tiene actualmente y que ya de por sí triplican a las 2.200 que tendría que tener en virtud de la ratio que fija la ley de 2015.

Esta ratio, no obstante, estaba ya vigente antes de que en 2009 el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara una ley que introdujo la liberación del sector. Es lo que se conoce como Ley Ómnibus y que, según explica el Ministerio de Fomento a preguntas de infoLibre, provocó el vacío legal que ha conducido a esta situación. 

Fomento está "liberalizando" el sector

"Estamos asistiendo a una liberalización del sector", denuncia Fernández, que critica cómo los taxistas están viendo de qué manera cada vez se piden menos requisitos técnicos para conseguir una licencia VTC.

Además, según denuncia, no existe una equiparación de los servicios prestados por un vehículo de alquiler con conductor y de un taxi, otra de las demandas que ha motivado las numerosas protestas de los últimos meses y que, una vez más, paralizará el servicio en toda España. "Los taxis de Madrid tenemos una licencia otorgada por el Ayuntamiento y una autorización para realizar recorridos interurbanos", explica. Por su parte, los vehículos con licencia VTC cuentan con una autorización estatal. ¿Qué provoca esta diferencia? Como afirma Fernández, los taxistas tienen que acatar las limitaciones al tráfico urbano pero, en cambio, éstas no afectan a los vehículos de compañías como Uber y Cabify. "Queremos una equiparación en los recorridos urbanos", reclama. 

"Esperamos que el Gobierno ponga más limitaciones a la concesión de licencias VTC", pide Berbel, que explica que, además, muchas de estas licencias no son para ejercer, sino para venderlas. "Se venden porque son transmisibles", prosigue, "el papeleo cuesta alrededor de 40 euros y luego las pueden vender por hasta 40.000 euros", critica. 

Según ha podido comprobar este periódico, páginas web dedicadas a la venta de segunda mano ofrecen en sus páginas anuncios de particulares que ofrecen licencias VTC, algunas con vehículo incluido. Por ejemplo, se pueden encontrar ofertas de tres VTC en Cataluña por 300.000 euros o siete autorizaciones para este tipo de vehículos en Castilla y León por 15.000. 

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A preguntas de este diario, el Ministerio de Fomento afirmó estar trabajando en un nuevo real decreto que, entre otras metas, pretende acabar con estas "prácticas especulativas de aquellos que han solicitado licencias de VTC con objeto de lucrarse con su inmediata reventa". 

Tras una reunión mantenida entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, con Fedetaxi, una de las asociaciones mayoritarias del sector, se acordó incluir, además, en esa nueva normativa –que se llevará próximamente al Consejo de Ministros, según afirma Fomento– "la creación de un registro único a nivel estatal al que deberán comunicarse los servicios de VTC con carácter previo a su realización". De esta manera, explicó el Ministerio en una nota de prensa, se facilitaría "el control del cumplimiento del requisito de la contratación previa del servicio y la prohibición de captar viajeros circulando por las vías públicas". 

No obstante, desde el sector del taxi han afirmado sentirse engañados por el Gobierno, que no ha garantizado la proporción de las licencias marcadas por ley. Por este motivo, han insistido en la necesidad de que las administraciones locales y autonómicas reclamen al Ministerio las competencias en el Transporte Urbano para que los ayuntamientos "tengan competencias de regulación y control de este tipo de autorizaciones, que desarrollan su actividad mayoritariamente en suelo urbano", según explicó FPTM en un comunicado.