La telaraña eléctrica: 20 leyes y 93 decretos para que terminen pagando más los consumidores

Los investigadores de la Universidad De Berkeley, en EE UU, han descubierto que el aleteo de los insectos acumula una carga eléctrica positiva. Cuando vuelan cerca de las telas de araña, cuya carga es neutra o negativa, la red de hilos se deforma fácilmente. El insecto queda atrapado.

Sin quitar mérito a los investigadores de Berkeley, la existencia de una relación entre la electricidad y las telas de araña se conoce en España desde hace tiempo. Para comprobarlo, basta con examinar lo que ha sucedido en el país con el sistema eléctrico desde 1997, cuando el denominado Marco Legal Estable dejó paso a la liberalización y a la teórica competencia en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre.

Basta echar un vistazo a la página web de la patronal del sector Unesa para intuir que, efectivamente, esa relación existe. En 16 años se han aprobado 20 leyes que han afectado al sector. Se han acompañado de 93 decretos y decretos-ley, más de 100 órdenes ministeriales, 244 resoluciones y decenas de circulares menores.

El resultado de esa tela de araña legal es cuestionable. España cuenta con las terceras tarifas domésticas más caras de Europa, sigue siendo una isla energética, ha paralizado el sector de las energías renovables en el que fue puntero y mantiene una deuda con las empresas del sector de 30.000 millones de euros. Un caso único en el mundo.

Riesgo de ser atrapado

Y lo que es peor, si se aletea cerca de la tela de araña, hay riesgo de quedar atrapado. Le sucedió al Gobierno en 2012: pactó con el Ejecutivo saliente no subir las tarifas, cuadró el compromiso manejando la parte regulada del recibo de la luz y, tras ser denunciado por las empresas, el Supremo obligó a refacturar (con subidas de más del 6%) el consumo de más de 20 millones de usuarios. Atrapados.

Cuanto más se complican las cosas, más normas se aprueban. Y viceversa. El pasado verano, el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sustituto de Fernando Martí Scharfhausen, sorprendió a empresas y a consumidores con una avalancha de normas para reformar el sector, acabar con el déficit, racionalizar las primas a las energías renovables y, de paso, liberar al Gobierno de la siempre políticamente cruenta decisión de subir la luz.

En 15 años, destaca Jorge Morales (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), "el sector nunca había visto tal cantidad de proyectos normativos enviados a la vez: un real decreto-ley publicado al mismo día y convalidado por el rodillo de la mayoría absoluta en el Congreso en menos de una semana; un anteproyecto de ley del sector eléctrico, reformulación completa de la actual, de 1997; cinco reales decretos y cinco órdenes ministeriales". Eso solo en la primera semana.

El resultado de la reforma planteada en los últimos meses es conocido: una intervención directa del Gobierno en los precios de la luz ante el descontrol del mecanismo de fijación de precios (subastas Cesur), la utilización como escudo de la nueva Comisión de los Mercados y de la Competencia y un clamor en la sociedad para que alguien explique por qué conviven beneficios multimillonarios de las grandes compañías con subidas de los recibos que rozan el 80% en apenas seis años.

Trampa mortal

Para el sector de las energías renovables, el aleteo cerca de la telaraña ha resultado mortal. El 19 de noviembre de 2010 entró en vigor la primera de una serie de normas con las que el Gobierno del PP y el anterior socialista han querido contener las primas de las energías renovables.

El acoso, según el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, comenzó en 2008 y continuó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Apenas llegado al poder, impuso una moratoria al cobro de las primas de las nuevas instalaciones (quedaron excluidas las que ya habían sido inscritas en el prerregistro oficial, unos 2.000 MW termosolares). Al tener todas ellas rango de ley, excepto el real decreto 1565/2010, los particulares y las empresas no han podido recurrirlas directamente, sino solo impugnar de forma indirecta los actos de aplicación de estas leyes. Una tela de araña. 

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En esa tela se agitan también los bancos. La banca tiene comprometidos 22.000 millones en créditos al sector solar fotovoltaico. Dos tercios del total corresponden a bancos españoles y un tercio a bancos extranjeros, principalmente alemanes y japoneses. Los bancos españoles más expuestos en el sector son el BBVA, CaixaBank, Santander y Bankia. Entre los grandes, sólo el Popular se ha mantenido al margen del crédito a los huertos solares.

Todo ese río de dinero está en peligro. La nueva regulación amenaza con llevar a la quiebra 59.000 instalaciones de 60.000 inversores, según destaca la Unión Española Fotovoltaica (Unef, 400 empresas).

Y la tela se sigue agitando. Las reclamaciones patrimoniales de los afectados por los recortes a los huertos solares ante Industria se cuentan por decenas de miles. Son pleitos que van para largo. Como los planteados ante el Tribunal Constitucional por las comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia o Andalucía contra los decretos de recorte de las renovables.