España es un país seguro, según los datos, pero las empresas relacionadas con la seguridad se han empeñado en convencernos de todo lo contrario. Ocupa el puesto 23 en el Índice de Paz Global, indicador con el que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) mide y compara la seguridad de 163 países. Tiene tasas de delito menores que otros países del entorno europeo como Francia, Alemania, o Suecia. Y, según el barómetro del pasado julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que existen en la actualidad únicamente para el 4% de los encuestados.
Los robos con fuerza en domicilios han sido en el primer trimestre del año 20.872, lo que supone un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Balance Trimestral de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pero hay que tener en cuenta que el parque de vivienda de este país es de 26.902.443 pisos, a la luz de la última estimación llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entrecruzadas las cifras, la de robos no es desde luego una cifra desorbitada sino todo lo contrario. Y están en caída: tanto en el primer trimestre de 2022 como en el de 2023 se superaron las 21.000, mientras este ejercicio no se ha llegado a ese número.
Además, los casos de allanamiento o usurpación de inmuebles bajaron casi un 9% en 2023. Se anotaron 15.289 denuncias por parte de todos los cuerpos policiales, frente a las 16.765 de 2022. Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid se colocaron en la parte alta de la tabla comparativa por comunidades con 6.258, 2.331, 1.640 y 1.516, respectivamente, de acuerdo a la información reflejada en el portal Estadístico de Criminalidad de Interior. Este departamento no discrimina entre esos dos tipos penales que se vinculan a la okupación, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. Con todo, en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022, se refleja que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, así como que a lo largo de aquel ejercicio se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación y 96 por allanamiento.
De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 255 condenas por allanamiento en 2022, lo que son 25 menos que en 2021, y 72 menos que en 2017; frente a 4.067 por usurpación, 235 menos que en 2021 y 2.690 menos que cinco años atrás.
El magistrado Joaquim Bosch explica que no todo es lo mismo: “El allanamiento afecta a la morada, es decir, a la primera vivienda y a la segunda residencia, siempre que se desarrollen actos de la vida personal; mientras la okupación se refiere a inmuebles vacíos”. Y ahonda: “Si en el primer caso se ataca a bienes jurídicos como el uso pacífico de tu vivienda, en el segundo se ataca sólo el derecho a la propiedad en el sentido del posible uso de un inmueble del que uno es titular. Son dos cosas diferentes y tienen penas y tratamientos jurídicos distintos. Mientras el allanamiento de morada es un delito que tiene pena de prisión hasta de dos años, la okupación de inmuebles vacíos es un delito leve y tiene pena de multa”, condensa.
Frente a la realidad numérica descrita hay otra: el 34% de los entrevistados para una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera la okupación un problema importante. Y el economista y profesor de Mondragon Unibertsitatea Julen Bollain ha hecho pública en sus redes otra comparativa significativa: según datos de la European Union Agency for Fundamental Rights, España está en el puesto 21 de la Unión Europea (UE) en robos en domicilio, sin embargo, es el segundo en el ranking por la preocupación en torno a ese asunto.
¿Qué hay detrás del desajuste? Fuentes de sindicatos vinculados a la vivienda apuntan a “la lluvia fina de mensajes del tipo ‘tienes que proteger tu hogar de los okupas’ o es tal la inseguridad que puedes ‘salir a por el pan y quedarte sin casa’, que cala a través de los medios de comunicación por los anuncios sobre alarmas o seguros o informaciones de dudosa veracidad. La política de ventas y publicidad de las empresas, que a menudo son anunciantes de los medios que ofrecen continuamente reportajes de okupas, está enfocada en muchas ocasiones a generar miedo”, lamentan.
El propio Bollain traslada a infoLibre que “ha habido un descenso en los últimos años de las okupaciones, mientras las alarmas se incrementaban y las empresas batían récord de beneficios. Detrás hay un negocio que se alimenta de la política del miedo y de fijar un relato, que se ha instaurado en el imaginario colectivo, para que la gente se quede tranquila gracias a una alarma, cuando España es un país seguro”, defiende.
Un mercado al alza, aunque concentrado en la cúspide
El parque de alarmas en España superó por primera vez los tres millones en 2023, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, que estima que el número de conexiones activas a centrales receptoras finalizó el ejercicio con alrededor de 3,1 millones, lo que supuso una elevación del 5,1% respecto al año anterior. En tres años se han acrecentado en 236.200 y el global de alarmas se distribuyó en torno a un 62% para clientes residenciales y un 38% para profesionales. La mayor parte se instalaron en Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, País Vasco y Comunitat Valenciana.
A finales de 2022, las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las administraciones autonómicas para operar en ese mercado de centrales receptoras de alarmas fueron 133, aunque, en diciembre de 2023, a tener de lo recogido por Informa, los cinco primeros operadores se hicieron con cerca del 85% del total. Entre las empresas grandes de este área de actividad se encuentran compañías como la filial española de la sueca Securitas Direct, que finalizó 2022 con ingresos de 725 millones, que se elevaron hasta los 800 en 2023, según fuentes del sector. O Movistar Prosegur Alarmas, que en el primer trimestre de 2024, ha engrosado su cartera de clientes, pasando de 454.000 a 505.000, lo que representa un alza del 11%.
En más de 20 años como juez instructor no he tenido ni un sólo caso de que alguien salga de casa y a la vuelta esté okupada. En los foros judiciales, cuando estos temas generan polémica mediática o en las redes, todos los jueces se muestran perplejos
Y hay otras empresas que se han sumado a este negocio en expansión, más allá de las que se dedican a los desalojos como Desokupa, del ultra Daniel Esteve: las aseguradoras. Marcas como Línea Directa, Mutua Madrileña, AXA o Caser ofrecen ahora seguros antiokupas. La primera cobra un cantidad fija de 10 euros al año, si se paga como cobertura extra a un seguro de hogar ya en vigor, o por 24, cuando se contrata de forma individual, por ejemplo. Fuentes del ámbito jurídico avisan de que “hay que tener cuidado con lo que ofertan. Si es barato, puede que no cubra todo lo que dicen y conviene leer la letra pequeña”.
La asociación de consumidores Asufin ha alertado de que la mayoría de las coberturas que ofrecen los seguros específicos para la okupación las proporcionan en general los de hogar, como las ligadas a vandalismo, robo, defensa de derechos de la vivienda… con lo que pueden ser redundantes; y de que, lo que ofrecen, es asesoramiento jurídico, "que no la reclamación judicial", que supone gastos de abogados, procurador y costas.
La asociación ha detectado, asimismo, otras "irregularidades" como la confusión sobre los conceptos allanamiento de morada, que “es un delito con muy poca incidencia”, y usurpación, que han visto en las condiciones generales de la contratación y la publicidad exhibida por productos de Línea Directa y Mutua Madrileña –la Dirección General de Consumo del ministerio del ramo no ha recibido hasta la fecha denuncias sobre este asunto–. “Puedes estar pagando 24 euros al año para que no te hagan algo que no te pueden hacer: nadie puede permanecer en tu vivienda habitual y privarte de ella”, señalan las fuentes judiciales sondeadas.
"Se mezcla todo para generar alarmismo"
En ese sentido, el juez Joaquim Bosch es rotundo: “Es una leyenda urbana absolutamente falsa lo de que vas a comprar el pan y entran en tu casa. En más de 20 años como juez instructor no he tenido ni un sólo caso de ese tipo y en los foros judiciales, cuando estos temas generan polémica mediática o en las redes, todos los jueces se muestran perplejos”, reconoce. “Eso no ocurre en España –insiste–. Puede haber casos puntuales, pero que se resuelven inmediatamente, o sea que no te quedas sin casa, porque en el allanamiento de morada inmediatamente el juez de guardia ordena el desalojo y la detención de quienes han entrado. Eso lo puede hacer la Policía, si en el momento que entran los ve, pero si quieren curarse en salud, las fuerzas de seguridad saben que tienen que pedir el desalojo al juez de guardia y eso se debe resolver en unas horas”, indica.
Este discurso del miedo beneficia a las empresas de alarmas o de seguridad, y a la extrema derecha, con ese fascismo del siglo XXI del penúltimo contra el último que se está estableciendo
El magistrado incide en la idea de que “no es lo mismo eso que un delito leve de usurpación, lo que popularmente se llama okupación de un inmueble vacío, que son propiedad en cerca de un 90% de los bancos, entidades privadas como fondos y en algunos casos de organismos públicos”. Relata que en su juzgado sí ha tenido que afrontar “bastantes casos de usurpaciones porque es un problema que existe, pero tampoco debe magnificarse. Los hay muchísimo más graves y que requieren de respuestas mucho más urgentes”. ¿Qué se hace en esos supuestos? “Se señala un juicio y, en función de la carga de trabajo del juzgado que sea, puede ser una cuestión de meses o incluso de años”, admite. Y apostilla: “Eso es lo que genera un malestar comprensible en los dueños de inmuebles vacíos, pero la mujer que no cobra la pensión del marido o quien ha sufrido una violación, también quieren que se resuelva todo en el acto. La Justicia tiene los medios que tiene y lo hace cuando puede”.
Con todo, insiste en que “los niveles de este delito son bajos y se han mantenido estables” en el tiempo, lo que “es comprensible, habiendo en España millones de inmuebles vacíos, ¿para que vas a entrar en uno habitado?”, se pregunta. A su juicio, “hay un interés en mezclarlo todo, incluso a quienes no pueden pagar el alquiler y se les llama inquiokupas, para generar alarmismo e inseguridad ciudadana, pero no es un problema nacional”, concluye.
Intereses económicos... y políticos
En relación a esa espiral, el economista Julen Bollain plantea que “hay muchos intereses cruzados”. Alude a la órbita empresarial y económica, y también a la política. “Este discurso del miedo beneficia a las empresas de alarmas o de seguridad, y a la extrema derecha, con ese fascismo del siglo XXI del penúltimo contra el último que se está estableciendo”. Recurre a un recurso gráfico para hacer ver lo que quiere decir: “La imagen de una persona negra sin nada, un obrero con una galleta y un rico con diez, en la que este último le dice al obrero que el primero le va a quitar la galleta”. En su opinión, “el ver que puedes pisar o machacar a otro y que hay alguien que está peor que tú impulsa a algunos en la sociedad actual para querer seguir adelante y creciendo”.
Cree, asimismo, que “la extrema derecha usa muchas veces ese discurso para alimentar el relato racista que está marcando en toda Europa”, aunque en puntos como España “las tasas de migración estén por debajo de la media de muchos países de la UE y son necesarios”. “Es un relato interesado por parte de ciertos partidos que lo hacen muy bien, como el de las okupaciones, pero que no tiene reflejo en la realidad ni en los datos que ofrece el Gobierno de España”, finaliza.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a aseverar: “Si me encuentro mi casa okupada a la vuelta de unas vacaciones, echo la puerta abajo”. Una frase espinosa que evoca a la selva, con su propia ley.
España es un país seguro, según los datos, pero las empresas relacionadas con la seguridad se han empeñado en convencernos de todo lo contrario. Ocupa el puesto 23 en el Índice de Paz Global, indicador con el que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) mide y compara la seguridad de 163 países. Tiene tasas de delito menores que otros países del entorno europeo como Francia, Alemania, o Suecia. Y, según el barómetro del pasado julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que existen en la actualidad únicamente para el 4% de los encuestados.