Al menos tres millones de autónomos y afectados por ERTE esperarán a mayo para percibir las ayudas del Gobierno

Rafael tiene 26 años y vive de alquiler con su pareja en Madrid. Como miles de españoles, desde hace varias semanas trata de sobrellevar el confinamiento con un ojo puesto en la cuenta corriente. La empresa para la que trabajaba, dedicada al transporte de pasajeros, presentó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con el estallido de la crisis sanitaria. En la misma situación se encuentra su novia, que ejercía como administrativa en una pequeña compañía. Por el momento, ninguno de los dos ha percibido la ayuda acordada por el Gobierno. Tendrán que hacer frente a lo que resta de abril estirando al máximo posible la economía familiar a la espera de que a comienzos de mayo les entre el respaldo prometido. No son los únicos. Al menos tres millones de autónomos y afectados por ajustes temporales de empleo ponen también la vista en el arranque del próximo mes para poder ir sobrellevando uno de los momentos más complicados de la historia reciente de España. 

Durante las últimas semanas, el Ejecutivo de coalición ha ido levantando un escudo social para tratar de mitigar al máximo posible el impacto económico de la crisis del coronavirus sobre la sociedad. En este sentido, el primer paso que dio para evitar una posible destrucción masiva de puestos de trabajo fue la flexibilización de los expedientes de regulación temporal para todas aquellas empresas golpeadas por la emergencia sanitaria. Pero no solo eso, el Consejo de Ministros también dio luz verde tres días después de la activación del estado de alarma a una prestación para todos aquellos trabajadores afectados por estos ERTE. Una ayuda equivalente al 70% de la base reguladora del trabajador durante los seis primeros meses que, no obstante, comprende unas cuantías mínimas y máximas. Así, en el nivel inferior se contempla una prestación de 501,98 euros mensuales si no tiene hijos a su cargo o de 671,40 si tiene uno o más. En cuanto a la máxima, se mueve entre los 1.098,09 euros al mes –sin hijos– y los 1.411,83 –con dos o más hijos a cargo del beneficiario–.

Tanto la patronal CEOE como los sindicatos calculan que hasta la fecha 3,5 millones de trabajadores se han visto afectados por estos ajustes temporales. Sin embargo, no todos ellos han percibido la prestación. Con un Servicio de Empleo Público Estatal trabajando a destajo desde hace semanas, fuentes del Ministerio de Trabajo explican que en los últimos días de marzo se acordaron alrededor de 620.000 prestaciones, de las cuales “la mayoría corresponden a ERTEs”. Ayudas que, continúan, han sido abonadas en los primeros días de abril. Al igual que el ministerio, la CEOE calcula también que unos 600.000 afectados han recibido ya el respaldo de la administración. Sin embargo, la UGT rebaja esta cifra a unos 36.000 y CCOO la sitúa en la horquilla de “entre 10.000 y 20.000”. Por tanto, tomando como referencia el cálculo de 3,5 millones de afectados y los datos de Trabajo, alrededor de 2,9 millones de trabajadores sometidos a ajustes temporales tendrán que aguantar, al menos, hasta el próximo mes de mayo para recibir el subsidio.

“Hay que ser prudentes, porque hay muchas estimaciones en función de los ERTE que se presentan, pero hay que esperar a la resolución y los expedientes que llegan al SEPE para reconocer la prestación”, explican a infoLibre fuentes de la cartera que dirige Yolanda Díaz. Por eso, en base a esa prudencia, desde el ministerio prefieren no dar cifras globales del número de afectados, sino que se limitan a poner sobre la mesa únicamente los que se van reconociendo. Dicho esto, estas mismas fuentes tratan de dejar claro que el procedimiento para la resolución de un expediente lleva unos plazos concretos. Y que si estos se presentan en abril el abono no podrá llegar hasta el mes de mayo. No obstante, tratan de tranquilizar a los beneficiarios de la ayuda asegurando que el SEPE está trabajando a una velocidad cinco veces mayor de la que lo estaba haciendo hace justo un año. “Más allá de algún cuello de botella que pueda estar produciéndose, se van a ir desatascando los problemas”, ha asegurado este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha afirmado que “los pagos llegarán”.

Otro de los colectivos que se está viendo con el agua al cuello en plena crisis del coronavirus es el de los autónomos. Para ellos, el Consejo de Ministros puso sobre la mesa el pasado 17 de marzo una ayuda extraordinaria equivalente al 70% de la base de cotización de los últimos doce meses o al 70% de la base mínima de cotización del colectivo al que pertenezcan en caso de que el periodo de cotización haya sido inferior. Una prestación a la que pueden acogerse todos aquellos autónomos que hayan tenido que frenar en seco su actividad como consecuencia de la activación del estado de alarma, como es el caso de los restaurantes o las academias, o aquellos que puedan acreditar que sus ingresos se han reducido al menos un 75% a causa de la crisis sanitaria. Tanto desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) como desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han pedido al Ejecutivo que reduzca la barrera de entrada hasta un descenso de las ventas del 40% y el 50%, respectivamente.

Hasta el 12 de abril, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, se habían solicitado 941.182 prestaciones de este tipo. De ellas, se han procesado ya 800.937, aceptándose 777.484. Estas se cobrarán, según ha explicado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el próximo viernes. Sin embargo, todavía quedan por gestionarse 140.245. En este caso, las que reciban el visto bueno durante los próximos días, explican fuentes de la cartera que dirige Escrivá, se ingresarán en las cuentas de los beneficiarios “a finales de abril o a primeros de mayo”.

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Pendientes del escudo social diseñado por el Ejecutivo se encuentran también las empleadas de hogar, para las que el Gobierno ha diseñado un subsidio de paro extraordinario equivalente al 70% de la base reguladora del mes anterior al que se haya producido la pérdida de ingresos. La ayuda está reservada para todas aquellas trabajadoras domésticas que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social antes de que se decretara el estado de alarma –unas 400.000– y que o hayan dejado de prestar servicio o hayan sido despedidas durante la crisis sanitaria. Sin embargo, Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo, explica que todavía no se ha puesto en marcha el procedimiento para acogerse al subsidio. En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo explican a este diario que el SEPE está tratando de habilitar “rápidamente” el sistema informático necesario para la gestión de estas ayudas. Según datos de Seguridad Social, sólo durante el mes de marzo se destruyeron algo más de 5.300 puestos de trabajos del Sistema Especial para Empleados de Hogar.

El esquema de protección levantado por el Ejecutivo también reserva un hueco a los trabajadores temporales cuyos contratos se extinguiesen durante el estado de alarma y no hayan cotizado lo suficiente como para recibir la prestación por desempleo. En este caso, el único requisito para percibir la ayuda, equivalente al 80% del Indicador Múltiple Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –unos 440 euros–, es que la duración contractual extinguida fuera de al menos dos meses. Sólo desde que se activó el estado de alarma, se destruyeron unos 613.000 empleos temporales en España.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, se muestra preocupado por la tramitación de todas estas ayudas. “El grueso se cobrarán en mayo. Pero me temo que una parte relevante pueda terminar yéndose a junio o julio”, explica al otro lado del teléfono. Y eso, dice, es un problema para muchas personas que no tienen una red familiar o unos ahorros a los que acudir: “¿Cómo van a ir al supermercado?”. Por eso, considera que es necesario adoptar medidas urgentes. Por un lado, propone que “se refuerce el SEPE” o que parte de todas esas prestaciones “se gestionen desde otros sitios”: “La de las empleadas del hogar, por ejemplo, que se haga desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Pero también, plantea la necesidad de ampliar el acuerdo de la Administración con el sector financiero para que las entidades vayan anticipando el abono de estas ayudas a medida que sean aprobadas.