Cuando las empresas no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y piden un aplazamiento, la Tesorería (TGSS) debe consignar en sus cuentas el riesgo que corre de no cobrar. Según el Tribunal de Cuentas, la TGSS infravalora el riesgo o deterioro del valor de esas deudas en una cantidad nada despreciable: 148,9 millones de euros. El mismo error de cálculo lo cometen el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las mutuas. En total, el riesgo está subestimado en 186 millones de euros.
El informe donde el Tribunal de Cuentas fiscaliza la Cuenta General del Estado correspondiente a 2014 destaca que el índice de fallidos que aplica la Tesorería de la Seguridad Social se queda corto e “incumple el principio contable de prudencia”. El motivo es que para hacer el cálculo sólo se incluyen las deudas que carecen de las “garantías suficientes” exigidas por la ley. Pero el documento apunta que las deudas que sí tienen las garantías requeridas presentan también riesgo de falta de cobro, “como lo demuestra el hecho de que pasen a la vía ejecutiva y sigan sin cobrarse debido a la falta de consistencia o depreciación” de esos avales. Además, revela el órgano fiscalizador, la Tesorería de la Seguridad Social “carece de información sobre el índice histórico de recuperación de esta deuda en los casos de ejecución de tales garantías”.
Así, la TGSS debería haber corregido el riesgo de impago, hasta que alcanzara el 32,43% del saldo de las deudas aplazadas –1.353 millones de euros– en lugar del 20,55% que aplicó. El deterioro de valor de esa deuda asciende, por tanto, a 439 millones de euros, y no a los 290 millones que anotó en sus cuentas.
Como el SEPE, el Fogasa y las mutuas aplican el mismo índice que la Seguridad Social –de hecho, la liquidación y recaudación de sus deudas la realiza la propia TGSS–, deberían haber aumentado el deterioro del valor de los 49,7 millones consignados en sus cuentas a 86,8 millones. En sus alegaciones al informe, tanto el SEPE como el Fogasa se limitan a justificar el valor aplicado explicando que usan el que le facilita la Tesorería de la Seguridad Social.
El Fogasa sólo recupera el 1,5% de su deuda
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas saca los colores a la gestión de las deudas que desarrolla el Fogasa. En un informe de 2014, revelaba que de los siete millones de euros que le debían entonces 174.804 empresas, sólo recuperó el 1,5%. En realidad, el índice de cobro es mucho menor cuando de personas físicas se trata: sólo el 0,2%.
Si el foco se pone sobre los morosos que han firmado e incumplido convenios de recuperación de deuda, es la Agencia Tributaria la encargada de cobrarla por la vía ejecutiva, pero tampoco es muy efectiva, según el Tribunal de Cuentas. El fisco ha devuelto sin cobrar un total de 27,26 millones de euros, correspondientes a 52 deudores. De ellos, nada menos que 11,11 millones corresponden sólo al ejercicio de 2013. El Fogasa se encarga de pagar salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuando sus empresas se declaran insolventes o en concurso de acreedores.
Moratoria de 22 años para la deuda de la sanidad privada
Pero no es el único problema que el órgano fiscalizador ha descubierto en las cuentas de la Tesorería de la Seguridad Social y del Fogasa. El mismo el infracálculo del riesgo de impago lo sufren con las cotizaciones sociales adeudas por las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que disfrutan de una moratoria desde 1995. El informe cifra en 192,44 millones de euros la cantidad en que se ha subestimado el riesgo de impago.
El Gobierno infló en 50.000 millones el presupuesto de cotizaciones a la Seguridad Social desde 2012
A estas instituciones, la mayoría hospitales y centros concertados de Cataluña, se les concedió en los Presupuestos Generales del Estado de 1995 una moratoria de 10 años y tres años de carencia, sin intereses ni recargos, para la deuda que habían acumulado hasta esa fecha. A cambio, debían estar al corriente de los pagos a partir del 1 de enero de ese año. La moratoria se ha ido prorrogando hasta hoy a través de disposiciones adicionales en las correspondientes leyes de Presupuestos. También en los de 2016: 22 años de carencia y 10 de moratoria. En este último caso se hizo a través de una enmienda presentada por el PP. En los de 2014 se incluyó igualmente después de que CiU lo pidiera en el Congreso.
Es más, tanto los convergentes como las patronales catalanas de la sanidad concertada han solicitado de forma reiterada la condonación de esa “deuda histórica”. El Tribunal de Cuentas destaca ahora que las sucesivas prórrogas concedidas “hacen dudar sobre la efectiva cobrabilidad de la deuda”. El informe la cifra en 554,71 millones de euros, de la que 218 millones corresponden a instituciones sanitarias privadas. El riesgo lo calcula en 190,46 millones, el 34,33% del saldo. El dato se refiere a la deuda de estos centros sanitarios con la Seguridad Social. Al Fogasa le deben 5,77 millones de euros en cotizaciones aplazadas desde 1995, por lo que el organismo debería haber anotado un deterioro de su valor de 1,98 millones de euros. Como queda dicho, se trata de una deuda que no ha generado intereses ni recargos desde hace 21 años.
La Ley de Modernización de la Seguridad Social de 2011 obligaba al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año, un informe con “propuestas concretas” para resolver el problema de la deuda sanitaria. Según las cifras manejadas por la propia Tesorería en su memoria de 2014, la última publicada, al final de ese ejercicio estaban en vigor 99 expedientes de moratoria, por un importe total de 687,1 millones de euros. Es decir, por encima de la cifra incluida por el Tribunal de Cuentas en su informe.
Cuando las empresas no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y piden un aplazamiento, la Tesorería (TGSS) debe consignar en sus cuentas el riesgo que corre de no cobrar. Según el Tribunal de Cuentas, la TGSS infravalora el riesgo o deterioro del valor de esas deudas en una cantidad nada despreciable: 148,9 millones de euros. El mismo error de cálculo lo cometen el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las mutuas. En total, el riesgo está subestimado en 186 millones de euros.