Carlota (nombre ficticio) escucha y acompaña a menores que han convivido con la violencia machista en sus propios hogares. Son los hijos e hijas de las mujeres que buscan salida, quienes han decidido romper con sus maltratadores, quienes les han denunciado y quienes no son capaces de acudir a una comisaría. Al final de cada primera consulta, la trabajadora tiene una mala noticia para sus usuarios: la próxima visita tendrá que esperar hasta dos meses. Carlota forma parte de la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Denuncia que el espacio entre citas es consecuencia directa de la sobrecarga de trabajo y la escasez de recursos, lo que impacta negativamente no sólo en las condiciones laborales de las profesionales, sino en las propias víctimas: "Claramente disuade, lo hace más difícil e impide que este sea un espacio seguro".
Carlota es una de las trabajadoras que ha decidido organizarse junto a sus compañeras. Ponen el acento en dos cuestiones que en realidad se retroalimentan: la degradación de sus condiciones laborales y el impacto en la atención que reciben las víctimas. El pasado 8 de marzo, las trabajadoras prendieron la mecha llamando a un paro parcial frente a la sede municipal y hoy lo dicen claro: "La red no se sostiene". Sus demandas "llevan invisibilizadas desde hace más de veinte años", sentencia una extrabajadora entrevistada por este diario. Se trata de un sector "feminizado y precario, pero muy comprometido", los ingredientes perfectos para la desmovilización. Hasta ahora.
"La gente viene, aguanta dos meses y se va"
La panorámica general ofrece algunas pistas de la situación que denuncian las propias trabajadoras. Según un estudio desarrollado por la Asociación Columbares junto al Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia de Psicología Social Aplicada, el 59,9% de los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia machista ven afectada su salud psicológica y el 58,2% no se sienten cuidados por sus organizaciones. Son seis de cada diez.
A Carlota no le sorprenden en absoluto los resultados. "Claro que hay un impacto psicológico evidente", dice al otro lado del teléfono. Y la consecuencia directa, afirma, es la normalización de las bajas entre el personal. "Hay un gran volumen de compañeras que están de baja y no se cubren sus puestos", lo que de nuevo vuelve a tener un impacto directo sobre las víctimas. Incluso aunque existiera un reemplazo, razona la psicóloga infanto-juvenil, las consecuencias serían palpables, pues implicaría que las usuarias fueran atendidas por distintos profesionales, mermando la posibilidad de construir vínculos sólidos. Ligado a lo anterior, la rotación es otro de los grandes problemas que denuncian las trabajadoras: "La gente viene, aguanta dos meses y se va".
La organización de las trabajadoras en la capital ha llegado de la mano del sindicato Co.bas y la red que han tejido es fruto de un trabajo constante. Así lo señala Andrea (nombre ficticio), otra de las empleadas que ha participado en las protestas, quien da cuenta de las dificultades de la organización colectiva en sectores como el suyo. "Los recursos los llevan entidades diferentes", puesto que la gestión suele estar en manos privadas, así que algunas de las trabajadoras ni siquiera "se ponen cara" entre ellas. La externalización es además una traba a la hora de poner sobre la mesa reivindicaciones materiales, como la actualización de un convenio, el de acción e intervención social, que caduca este mismo año o la revisión al alza de las tablas salariales. "El Ayuntamiento nos dice que todo lo relacionado con el convenio es cosa de las entidades y estas nos dicen que es el Ayuntamiento quien tiene que revisar los pliegos".
En realidad, ambas partes tienen algo de razón. Por un lado, la negociación del convenio incumbe a patronal y representación sindical. Por otro, son determinantes también los pliegos trazados por la administración local. Cuando las instituciones sacan a concurso la gestión de un recurso, las empresas interesadas entregan una propuesta económica y otra técnica que deben encajar en los presupuestos fijados. "Algunas entidades son muy buenas en lo técnico, pero para ganar el concurso rebajan su propuesta económica porque si no se quedan atrás", explica la extrabajadora consultada. Al final, lamenta, "gana la empresa más precaria" porque las organizaciones están supeditadas a los pliegos previamente confeccionados por los ayuntamientos. Y así es cómo el modelo actual incentiva la senda hacia la precarización.
Una inversión insuficiente
A la carrera de obstáculos a nivel interno, se suma la virulencia de un discurso público que ataca específicamente a las políticas contra la violencia machista. La extrema derecha tiene impacto también en el apoyo social, estima Andrea, quien lamenta que los discursos ultra calen entre una ciudadanía que comienza a relativizar el peso de recursos como el de la atención a las víctimas. Por ahora, eso sí, existe un parapeto claro: "Nos ampara la legislación".
Fuentes del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid reconocen a preguntas de infoLibre la labor de sus profesionales y blindan un compromiso por "seguir estudiando mejoras en la red". No sin antes presumir de los pasos que dicen haber dado en favor de los recursos contra la violencia. En cinco años, argumentan, se ha incrementado el presupuesto de prevención y atención, pasando de siete millones en 2018 a 13,8 el año pasado. El servicio de emergencia también ha aumentado y "han crecido las plazas de alojamiento protegido", además de haber abierto un nuevo punto municipal del Observatorio Regional de Violencia. Existen, en añadido, 26 plazas nuevas en viviendas de semiautonomía, un centro de crisis de atención a la violencia sexual y otro de emergencia para víctimas de trata.
En suma, señalan las mismas fuentes, en los últimos cuatro años se han incrementado "más de un 40% las plazas de los recursos residenciales y se han incorporado 69 profesionales a la red". Las voces municipales destacan que "ninguna mujer se ha quedado sin atención en situaciones de emergencia" y ante "repuntes de demanda puntuales de la red", existe un contrato adicional con hoteles.
La red de trabajadoras responde: los hoteles no son recursos especializados, no reúnen las características idóneas para la atención de víctimas y el aumento de la inversión es del todo insuficiente teniendo en cuenta la demanda. Entre enero y agosto de 2021, cerca de 1.700 mujeres pasaron por el servicio de atención 24 horas. La cifra se eleva a unas 3.000 durante el mismo periodo de 2023, según advirtió la concejala de Más Madrid Carolina Elías el pasado mes de septiembre.
Un nuevo modelo contrario a la igualdad
En Sevilla, las trabajadoras permanecen desde hace una semana en una suerte de calma tensa. El Ayuntamiento del PP decidió la semana pasada llevar a pleno, por la vía de urgencia, una relación de puestos de trabajo (RPT) para recortar el personal de dos unidades: Promoción de la Mujer y la Unidad contra la Violencia de Género. Finalmente, la propuesta no fue sometida a votación, pero las trabajadoras temen que el Consistorio no desista en su empeño. Este diario ha tratado de contactar con la corporación municipal para confirmar cuáles son los planes respecto a ambas unidades, pero no ha obtenido respuesta.
Vanesa Casado, secretaria de la Mujer de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, subraya que el recorte previsto "elimina a más de la mitad de la plantilla de la unidad de Promoción de la Mujer y una parte importante de la Unidad contra la Violencia". La modificación planteada por el gobierno conservador, asiente en conversación con este periódico, "lleva tiempo gestándose y no se ha consensuado con los sindicatos", a quienes ni siquiera "se les ha permitido estar en una mesa técnica". La propuesta planteada por el Ayuntamiento de Sevilla, temporalmente retirada, supone un "desmantelamiento claro del servicio", lamenta la sindicalista, porque las trabajadoras afectadas "no se irían a la calle, pero sí pasarían a prestar sus servicios en otras áreas". El dardo va directamente contra el servicio de igualdad que "prácticamente se liquidaría".
La ofensiva no es nueva. Empezó de hecho contra lo que Vanesa Casado denomina "la joya de la corona": los ocho centros integrales de atención a la mujer financiados públicamente con personal técnico que realiza una labor de "atención integral e interdisciplinar". A finales de enero, se aprobó a propuesta de Vox que "pudieran entrar organizaciones antiabortistas a asesorar a las mujeres en estado de exclusión social", algo que los sindicatos consideran "muy grave" y que "molesta a la plantilla", quien habitualmente asume las tareas de información de forma especializada y desde una perspectiva de género y derechos humanos. A día de hoy, las organizaciones no han comenzado a entrar en los centros, pero la administración "ya ha abierto esa puerta" y los profesionales sospechan que "todo esto obedece a un nuevo modelo con estrategias contrarias a la promoción de la igualdad".
Los problemas llegan a las nóminas
En la Comunitat Valenciana, el alcance del problema es tal que ha llegado a las nóminas de las trabajadoras. Así lo denuncia el sindicato UGT, quien señala directamente a la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat. Los recursos de atención, concretamente los centros y viviendas tuteladas, son herramientas financiadas por la conselleria mediante un concierto social que se convocó en 2022 y se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2023. Superado ese plazo, la administración no ha dado ningún paso para garantizar su continuidad. "El resultado es que [las entidades privadas que los gestionan] se han quedado sin financiación pública y tienen que asumir todos los gastos necesarios para atender a las mujeres que residen en ellos, muchas de las cuales con hijos a su cargo".
También claro, son las organizaciones las que han tenido que asumir el pago de los salarios del personal, haciendo uso de sus propios recursos. "Hay una deuda acumulada y eso provoca la existencia de impagos", señalan fuentes del sindicato a preguntas de este diario. "En algunos casos, al recaer la gestión en entidades pequeñas sin solvencia económica, no se está pudiendo hacer frente a las nóminas".
Los centros afectados ascienden a una veintena, donde se reparten un total de 215 plazas integradas en la red Pública Valenciana de Servicios Sociales. En Alacant, según los datos recabados por el sindicato, existe un centro de emergencias afectado, cuatro de recuperación y una vivienda tutelada. En Castelló, dos viviendas tuteladas y en València, un centro de recuperación y once viviendas tuteladas.
El sindicato entrevé un problema de fondo: confiar la prestación del servicio en la acción concertada es consecuencia directa de la falta de una "red pública capaz de llegar" a todo, lo que conlleva inevitablemente una "precarización del servicio".
Precariedad y 'expulsión' de las trabajadoras
La afirmación tiene sus matices. O al menos así lo entienden en Barcelona. En el año 2016, bajo el mandato de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona asumió la gestión de los Puntos de Información de Atención a las Mujeres (PIAD) y el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), externalizados desde su creación. Pero la municipalización no resolvió todos los problemas existentes. Siete años después, las trabajadoras que integran la segunda red llamaron a la huelga. Fue en febrero del año pasado, pedían un aumento de los recursos y una ampliación de la plantilla. Hablaban, una vez más, de la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad y de situaciones extremas de ansiedad, estrés y sobrecarga de trabajo.
"Lo que se consiguió con la convocatoria de huelga, dos meses antes de las elecciones, fue aumentar la plantilla en cinco profesionales", lo que representaba en torno al 10%, según indican fuentes de CGT en el Ayuntamiento de Barcelona. No eran plazas estructurales, puntualizan, sino que se trataba de puestos sujetos a un tipo de contrato-programa con una duración máxima de tres años, incluyendo prórrogas. "Un parche", valora la trabajadora consultada. "En su momento se dijo que era insuficiente, pero el comité de huelga lo aceptó literalmente al borde del llanto".
"La Historia debe conocer el nombre de Diego Yllanes": el derecho al olvido no es para los agresores machistas
La huelga quedó desconvocada, pero ¿qué ha pasado más de un año después? "Seguimos con bajas sin cubrir, nos falta personal y no damos abasto. El Ayuntamiento de Barcelona no responde o pone excusas. Estamos hartas", señalan desde la asamblea de trabajadoras. En mayo del año pasado, la directora del servicio inició una baja de larga duración que se prolonga hasta el día de hoy y que no fue cubierta hasta el pasado mes de enero. "No la han cubierto hasta ocho meses después y tampoco está muy claro si la nueva directora va a sumir una segunda dirección o sólo está para reemplazar a la anterior", una suerte de opacidad que "no favorece a la tranquilidad" de una plantilla que, además, lleva cuatro meses sin una coordinadora, tras la jubilación de la que hasta ahora asumía ese cargo.
En redes sociales, las trabajadoras hablan de "una carga de trabajo muy elevada" que les estaba llevando "al colapso". Según exponen las fuentes sindicales consultadas, las profesionales tienen que hacer un total de dieciocho visitas de una hora cada semana, una cifra mayor que la de otros trabajadores sociales. Los casos, además, "son muy intensos y delicados, casi por definición". De nuevo, las bajas por motivos de salud mental son la tónica habitual.
"Esta profesión, por mucho que te guste y se te dé bien, tiene una serie de riesgos que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo y que inciden en la salud mental de los profesionales", asiente la trabajadora madrileña, Carlota. Es precisamente la "pasión y el compromiso" de sus trabajadores lo que hace brillar el servicio, añade la extrabajadora consultada, una cualidad que se convierte en losa cuando es "aprovechada por la patronal". La antigua trabajadora lo tiene claro: "Guardo grandes recuerdos, pero no volvería ni aunque me ofrecieran un puesto en la mejor categoría".
Carlota (nombre ficticio) escucha y acompaña a menores que han convivido con la violencia machista en sus propios hogares. Son los hijos e hijas de las mujeres que buscan salida, quienes han decidido romper con sus maltratadores, quienes les han denunciado y quienes no son capaces de acudir a una comisaría. Al final de cada primera consulta, la trabajadora tiene una mala noticia para sus usuarios: la próxima visita tendrá que esperar hasta dos meses. Carlota forma parte de la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Denuncia que el espacio entre citas es consecuencia directa de la sobrecarga de trabajo y la escasez de recursos, lo que impacta negativamente no sólo en las condiciones laborales de las profesionales, sino en las propias víctimas: "Claramente disuade, lo hace más difícil e impide que este sea un espacio seguro".