"La Historia debe conocer el nombre de Diego Yllanes": el derecho al olvido no es para los agresores machistas

Si las pretensiones de Diego Yllanes hubieran sido respaldadas por los tribunales, el documental que hace algunos años se hizo sobre el asesinato de Nagore Laffage hoy probablemente no se habría hecho. Yllanes terminó con la vida de Nagore en los Sanfermines de 2008 y dieciséis años después, el condenado por homicidio invocó su derecho al olvido. El propósito, tratar de esfumar de un plumazo la información relativa a los hechos, borrar su nombre, desaparecer. La Audiencia Nacional acaba de zanjar el debate: no hay derecho al olvido para Diego Yllanes. Prevalece la libertad de información y expresión. Pero a la decisión de los tribunales, las feministas agregan una reflexión más: recordar los nombres de los agresores machistas es clave para construir memoria colectiva.

El derecho al olvido, en términos jurídicos, está vinculado a la protección de datos, al derecho al honor, intimidad e imagen. La intención que subyace tras su invocación es la de suprimir o bloquear información cierta pero obsoleta, teóricamente no relevante tras el transcurso del tiempo. Pero olvidar, en un contexto de violencia machista, tiene otro trasfondo.

Ni olvidar lo sucedido, ni olvidar quién lo ha hecho

"No olvidar lo sucedido implica también no olvidar quién lo ha hecho". Habla la feminista Teresa Sáez. Pocos meses antes del crimen contra Nagore Laffage, la activista dio vida a la organización contra la violencia machista Lunes Lilas. La plataforma pronto haría suyo el grito contra el feminicidio sucedido en los Sanfermines de 2008. Y desde entonces, se convertiría en una de las plataformas más activas en la lucha por la memoria en torno a la joven asesinada hace ahora dieciséis años.

Históricamente, señala, la reparación es un elemento que "no ha sido considerado" como central por los poderes públicos. Lo cierto es que el concepto de reparación no ha estado presente en la Ley contra la Violencia de Género de 2004, hasta el año 2022. Entonces, en virtud de la ley del sólo sí es sí, la norma contempla un título específico sobre el derecho a la reparación, más allá de la mera indemnización económica y que incluye aspectos como "acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición".

También las legislaciones autonómicas han dado pasos adelante en el mismo sentido. Es el caso de la navarra, donde hay todo un título dedicado a la reparación. En él, se incluye la reparación individual, entendida como toda acción destinada a la restitución de todos los derechos que han quedado lesionados como consecuencia de la violencia. Pero también la norma traza una "dimensión colectiva del derecho a la reparación", que quedará blindado a través de "homenajes y acciones de difusión pública" que garanticen el "compromiso contra la violencia" machista y el "respeto por las víctimas y supervivientes, evitando la revictimización".

En febrero de 2022, el Ministerio de Igualdad publicó el informe Prácticas de reparación de violencias machistas, coordinado y redactado por la investigadora Tania Sordo. Sobre el papel, la premisa es evidente: las víctimas tienen derecho a una reparación después de la quiebra de sus expectativas vitales. Pero ¿qué significa exactamente? El estudio, que revisa legislación, tratados y recomendaciones fuera y dentro de nuestras fronteras, señala cinco fórmulas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. 

La reparación está bien presente en otro ámbito: la memoria histórica. La misma Ley de Memoria Democrática plantea la necesidad del "reconocimiento, reparación y dignificación" de las víctimas del franquismo. Son, por tanto, memoria y reparación conceptos que van necesariamente de la mano.

Patricia Ponce, directora de Haurralde Fundazioa y presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), lo tiene claro: "Negarnos desde el feminismo al blanqueamiento de los historiales delictivos es una estrategia colectiva contra la injusticia". Por lo tanto, argumenta en conversación con este diario, "permitir el derecho al olvido contribuye a ocultar los feminicidios" y si por algo está luchando el movimiento feminista, agrega, "es precisamente por visibilizarlos".

La activista feminista se pregunta dónde se instalan la memoria y la reparación, si media el derecho al olvido. "En el caso de Nagore ni siquiera hubo reparación: no cumplió la condena y no fue juzgado por asesinato, sino por homicidio", recuerda, por lo que "el derecho al olvido sería un nuevo insulto a la memoria de la víctima y todo lo que ha tenido que pasar su familia".

Memoria social viva

Casos como el de Nagore Laffage recuerdan la importancia de no olvidar lo sucedido, pero también de encajarlo dentro de su contexto en términos de repercusión social. El feminicidio de los Sanfermines supuso un "punto de inflexión", un cambio de paradigma capaz de cambiar el "discurso sobre violencia sexual hacia las mujeres" e introducir la libertad sexual como eje central dentro de la conversación pública, comenta Sáez. Un asunto presente dentro del movimiento feminista, pero cuyo germen no había llegado al resto de la sociedad.

Al mismo punto llega Lidia Ruiz, activista en el seno de la organización Mugarik Gabe. Hace dieciséis años, el crimen contra la joven "tuvo una proyección mediática" importante y puso sobre la mesa cuestiones clave en la lucha contra la violencia sexual. Una de ellas tenía que ver con que su asesinato "quedaba fuera de la Ley Orgánica de 2004", por lo que a efectos legales el suyo no era un crimen machista. Otro elemento fundamental fue el componente sexual. Diego Yllanes fue condenado por homicidio, ni rastro de violencia sexual en la sentencia que le imputó doce años de cárcel. Pero tanto la madre de la víctima como el movimiento feminista lo advirtieron entonces: Nagore fue asesinada por oponerse a manter relaciones sexuales con el que acabaría convirtiéndose en su asesino. Por resistirse y por decir que no.

"Hay una verdad y una memoria oficial, plasmadas en la sentencia, pero el caso alrededor de Nagore nos hace ver que también existe una memoria social viva", observa Ruiz. "Fue un caso simbólico para el feminismo", quien enseguida supo apreciar "el componente de violencia sexual" y construir "otras narrativas". Diego Yllanes buscaba, dieciséis años después, limpiar su nombre y dejar de ser percibido socialmente como un delincuente sexual.

Ponce comparte diagnóstico. "Necesitamos mantener viva la memoria de este asesinato porque impulsó un cambio social: Nagore fue asesinada por resistirse", por lo que conceder a su agresor el derecho al olvido "va en contra de la conciencia social", zanja la activista.

Nombrar para reparar, no para castigar

En torno a Nagore han ido brotando actos de homenaje y palabras de recuerdo. Quienes batallan porque no caiga en el olvido han sido también quienes han tendido la mano a otras muchas que llegaron después. Quienes han servido de espejo en casos como el de La Manada. Es el activismo organizado alrededor de aquel feminicidio el que exige que tampoco se olvide el nombre de Diego Yllanes. 

"Es importante nombrar a los asesinos. Esa persona fue quien lo hizo y entonces fue importante ver cómo era para desmontar los estereotipos: no era un loco, ni un borracho, era un hijo sano del patriarcado", clama Sáez. "La Historia tiene que conocer los nombres".

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¿Qué ocurre una vez los asesinos cumplen sus penas? ¿Cómo casa la reinserción con la memoria? "Es difícil", reconoce la activista navarra, quien se toma unos segundos para responder. Diego Yllanes, como todos los demás, "tiene que convivir con lo que ha hecho, con el peso de lo que ha supuesto tanto para él como para la víctima y el resto de la sociedad. No puede pretender partir de cero", reflexiona. "Será doloroso para él, pero más doloroso fue lo que hizo".

También Ruiz parte de una óptica de reparación, alejada del enfoque punitivista. "Él no tiene que pagar durante el resto de su vida", pero las víctimas "tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación". Precisamente ahí radica la importancia de "entender lo que pasó y seguir reivindicándolo para que no pase más". 

Si el nombre de Nagore Laffage está tallado en placas y se mantiene con vida gracias al arrojo del movimiento feminista, el de su asesino no debe caer en el olvido. Por cada Nagore Laffage hay un Diego Yllanes. Igual que unido al de Ana Orantes está necesariamente el de su asesino, José Parejo. Al de Diana Quer el de José Enrique Abuín y al de Nevenka Fernández el de su acosador, Ismael Álvarez. Igual de presentes que lo están el de Dani Alves y José Luis Rubiales. O los cinco agresores que se esconden tras el pseudónimo de La Manada: José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza.